Informalidad y Consumidores

La informalidad deteriora enormemente la confianza en el mercado. No sólo desde la oferta laboral, sino desde la oferta y comercialización de bienes y servicios. En ambos casos, hay una afectación grave en la satisfacción y derechos de los consumidores.

Hasta la fecha, las políticas y medidas emprendidas para combatir el comercio informal han tenido múltiples enfoques: fiscal, seguridad social, propiedad industrial, penal, entre varios. La participación y el compromiso de los diferentes niveles de gobierno es asimétrico, lo que evidencia esquemas de atención omisos y/o corruptos.

Por eso debemos plantear un nuevo enfoque al combate al comercio informal, partiendo de los derechos de los consumidores, lo que permitirá generar esquemas de mayor corresponsabilidad de los niveles de gobierno e indirectamente involucrar al Poder Judicial. Será más fácil denunciar actos de corrupción y se permitirá medir mejor el combate a este fenómeno.

Pero vamos paso a paso.

En México, la libertad empresarial tiene múltiples restricciones. En primer lugar las de carácter general, como lo son en materia de competencia económica (no incurrir en concentraciones ni en prácticas anticompetitivas), de protección de los consumidores, de sanidad, etc. Pero también una gran variedad de  restricciones específicas, como son permisos, cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas (NOMs), fitosanitarias, arancelarias, etc.

Estas restricciones a la libertad empresarial se justifican en término del interés público y social. En particular para evitar riesgos y abusos en perjuicio de los consumidores. Para verificar el adecuado cumplimiento de estas restricciones existe una gran variedad de autoridades federales y locales, mismas que no pueden realizar esta tarea en el comercio informal.

Por tanto, si todas las regulaciones que se diseñan a favor del consumidor no pueden ser verificadas en el comercio informal, debe ser impedida su venta o servicio.   Lo anterior no solo por implicar un criterio desigual frente a la empresa, sino porque representan un riesgo para los consumidores.

Por tanto, las autoridades, federales y locales, deben ser responsables de evitar la comercialización informal de productos y servicios sujetos a NOMs (lácteos, televisores, cigarros, bebidas de alcohol, casas de empeño, lotes de autos usados y un largo etc.) o de aquellos que requieren licencias o permisos  (comida, construcción, funerarias, etc.)

Ir por esta vía, es ubicar en el centro de las políticas públicas al consumidor, lo que incluso permitiría innovar por la vía judicial frente a autoridades omisas de proteger la integridad y derechos de estos. Sin duda este sería el mejor camino de fortalecer la confianza en el mercado.

Por el otro lado, está justamente el reto de generar incentivos a los servicios informales para que se brinden en la legalidad, con mayor calidad y responsabilidad frente a los consumidores. Aquí sin duda hay que diseñar esquemas y estándares que motiven a los proveedores informales a desarrollar mejores prácticas comerciales y a los consumidores a contar con mejor información para su toma de decisiones y construir una demanda más exigente y educada. Esta visión es justo en la que me encuentro con un equipo muy comprometido buscando desarrollar a través de la pronta apertura de un Capítulo de la Better Business Bureau en México (BBB).

Estas son solo algunas ideas que desarrollo en mi colaboración en Reforma: La Informalidad y los Consumidores. Los invito a leerla y discutirla.

BERNARDO ALTAMIRANO RODRÍGUEZ
Informalidad y consumidores
Según el Inegi, el 60 por ciento del mercado laboral se encuentra en la informalidad, lo cual tiene repercusiones graves en los mercados de bienes y servicios. Es un dato negativo que evidencia a un México dividido en dos. Por un lado, un sector que cumple con la ley, regulaciones y reglas de normalización, que paga impuestos y acata obligaciones laborales, de seguridad social, y respeta la propiedad industrial e intelectual. En cambio, existe otro sector que pasa por encima de todo lo anterior y está fuera de la ley. Mientras el primer sector rinde cuentas y es responsable ante las autoridades, el segundo no lo es y atenta contra aspectos que nuestra Constitución tutela, como son los consumidores, la competencia económica y la libertad empresarial.
Por esto, resulta muy relevante que el Gobierno federal priorice este problema estructural y que lo haga con un doble enfoque. Por un lado, perfila la parte de fomento, vía dos brazos: el Programa para la Formalización del Empleo y el Comité Nacional para la Productividad, que encabezan respectivamente los secretarios del Trabajo, Alfonso Navarrete, y de Hacienda, Luis Videgaray. Por el otro, la coerción, a través de la Comisión para Prevenir y Combatir el Comercio Ilegal, bajo el mando del Secretario de Gobernación, Miguel A. Osorio.
Falta todavía detallar estas políticas, sin embargo, observamos en estos esbozos el énfasis en la oferta y la omisión de la demanda, por lo que surge esta pregunta: ¿cómo reducir los riesgos y abusos que enfrentan los consumidores en los mercados contaminados por la informalidad?
La política debe combinar medidas coercitivas y de fomento. En primer lugar, en la comercialización de bienes y productos, las empresas formales enfrentan múltiples restricciones -constitucionales, legales o regulatorias-, cuyo objeto es prevenir riesgos y abusos en perjuicio de los consumidores, que a su vez se justifican en torno al interés público y social. De ahí que exista una gran gama de actividades comerciales enmarcadas por NOMs y autoridades facultadas para verificar la debida observancia de las mismas. Así, el adecuado diseño regulatorio, el cumplimiento por parte de las empresas y la vigilancia de la autoridad contribuyen a la construcción de confianza en el mercado.
Frente al comercio informal no hay autoridad alguna y no se puede verificar el cumplimiento regulatorio, por lo que debe combatirse con firmeza. No sólo estamos frente a una aplicación desigual de la ley frente a la empresa, sino que el comercio informal es una de las principales fuentes de riesgos y abusos comerciales. Por tanto, si la autoridad no puede vigilar que se cumplan las leyes y NOMs mediante actos de verificación, está siendo ineficaz en prevenir riesgos contra los consumidores.
De ahí que se deban hacer reformas legales para que las autoridades tengan más instrumentos, se impulse la cooperación y se definan responsables. Por ejemplo, que la autoridad federal competente de verificar pueda denunciar a las autoridades locales la comercialización informal de productos sujetos a permisos, NOMs, regulaciones, para que ésta tenga la facultad de confiscarla o clausurarla por poner en riesgo a los consumidores.
En segundo lugar, el sector de servicios amerita un trato diferente, pues requiere de incentivos para que los proveedores se encaminen a la formalidad y a las mejores prácticas comerciales. Empecemos por preguntas sencillas: ¿a qué plomero confío para contratar en mi casa?¿Si me incumplen, cómo exijo la reparación? En fin, es un sector que requiere urgentemente una revolución cultural, para dirigirse a la formalidad y competitividad. Hoy, estos esfuerzos se enfocan a generar competencias, a través del Programa CONOCER de la SEP, así como del impulso al emprendedurismo, mediante el Secretario de Economía, Ildelfonso Guajardo, y el INADEM, con Enrique Jacob. Aquí, la meta debe ser invertir en consumidores más responsables y con mejor información, con medios de exigibilidad y plantear estándares de prácticas comerciales. El impulso de la formalidad es la gran oportunidad para robustecer el sector de servicios que tanto nos urge a los consumidores.
El eficaz impulso de la formalidad requiere una visión descentralizada, diseñar indicadores realistas y armar una gran coalición a favor de la legalidad, que no sólo incluya a los gobiernos federal, estatales y municipales, sino también a la ciudadanía y a la empresa. Pero sobre todo requiere ubicar al consumidor en el centro de las políticas públicas, lo que permitirá reconstruir la unidad y confianza.
Presidente de Central Consumidor y Ciudadano, Miembro del Grupo de Expertos en Competencia y Derechos de los Consumidores de la UNCTAD y Líder Negociador para Better Business Bureau en México.

Trackbacks

  1. […] social a nuestra regulación, sino que además sería un ángulo que vale la pena atender para combatir el comercio informal en las calles, que sin duda es un terrible riesgo para todos los consumidores que ahí adquieren productos o […]

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