Regulación, verificación y cumplimiento.

Uno de los graves problemas que enfrenta nuestro país es la débil cultura de la legalidad. Sin duda alguna, este problema tiene efectos en múltiples ámbitos, como seguridad pública, formalidad, civilidad, tránsito, y por supuesto en el mercado. En este ámbito, tenemos que propiciar una revisión a fondo de la regulación económica que emite el Estado, así como de los instrumentos de verificación que éste dispone para revisar su cumplimiento. Por un lado, se implementan regulaciones de enorme complejidad y por el otro lado se cuenta con autoridades verificadoras que no cuentan con los instrumentos ni visión clara para revisar ese cumplimiento. Esto desemboca en medidas autoritarias y discrecionales, que reducen y merman la libertad empresarial y que no generan ningún beneficio social. Urge revisar esta situación y hacer cambios de fondo y forma y dirigirnos a un camino de la simplicidad. Les comparto mi columna de Reforma Negocios. Gracias por sus comentarios.

 

BERNARDO ALTAMIRANO RODRÍGUEZ

Regulación, verificación y cumplimiento

México ocupa dentro de la OCDE el nada honroso tercer lugar en mayor número de restricciones regulatorias a la economía. Esto contribuye a ubicarnos como el lugar 91 dentro de la lista del Instituto Fraser en materia de libertad empresarial. Las regulaciones merman esa libertad, ya sea desde trámites, permisos o costosos mecanismos de cumplimiento. Este último aspecto es fundamental, pues las regulaciones deben justificar su existencia a partir de razones sociales o económicas y debe revisarse que sus beneficios sean superiores a sus costos. Sin esta base, las regulaciones sólo empoderan ventanillas burocráticas, evidencian ingobernabilidad por falta de cumplimiento o se corrompen en la etapa de verificación -instrumento del que dispone la autoridad para revisar el cumplimiento y, en su caso, sancionar al infractor-.

Analicemos casos informados recientemente en REFORMA. Por un lado, la venta de gasolina en las estaciones de servicio de la franquicia Pemex, que por décadas ha sido cuestionado de abusar de los consumidores. La receta tradicional ha sido encargar a una autoridad que sea la responsable de visitar a casi todas las gasolineras del País y verificar que éstas cumplan con las normas en la materia. La reciente NOM en la materia le apostó a que la tecnología hiciera más eficiente el monitoreo. Millones de pesos se gastan en esta tarea sin poder resolver el problema, mientras que lo más barato y eficiente consistiría en promover la competencia. Esto, finalmente, ocurrirá gracias a la reforma energética, que abrirá el mercado a otras marcas a partir del 2016. Así, la competencia permitirá reducir los costos de verificación de la autoridad, permitir el cumplimiento de la ley, reducir corrupción y empoderará al consumidor en su capacidad de elegir marcas.

El segundo caso tiene que ver con la complejidad de regulaciones que deben cumplir las empresas. Lo que se ha visto en estos días en el mercado de casas de empeño refleja el galimatías que éstas deben cumplir y la autoridad verificar. Por un lado, existen registros y regulaciones federales de protección al consumidor; por el otro, los estados duplican la carga regulatoria, y lo más reciente es el cúmulo de obligaciones para prevenir el lavado de dinero. Para esto se instrumentan regulaciones que elevan los costos y comisiones, aumentan requisitos a consumidores, deterioran la confianza en el mercado e incentivarán la informalidad.

Una empresa no sólo tiene que cumplir con un gran cúmulo de permisos y trámites, sino que durante su operación enfrenta visitas de verificación de autoridades de todos los órdenes de gobierno, que cada una ejecuta a su propia manera, generando incertidumbre jurídica. El caso de la Ciudad de México es muy interesante. Por ejemplo, en el sector de desarrolladores de vivienda, no sólo se tiene que cumplir con trámites ante el Gobierno central, sino ante la delegación correspondiente. Costos adicionales que aumentan los precios o reducen la calidad del producto en perjuicio del consumidor. En materia de verificación, este sector enfrenta dos autoridades locales: las delegaciones y el INVEA. Las primeras otorgan permisos y también verifican y aprovechan ese poder para clausurar o extorsionar a las empresas. Por el otro lado, es justo reconocer que el INVEA atraviesa un momento interesante de reestructuración de fondo y forma, y lanzó un proyecto para evitar clausurar a establecimientos.

Por estas razones es que urge poner la lupa sobre la regulación, para simplificar su cumplimiento o eliminar las que no se justifican. Se debe coadyuvar a generar certidumbre y a que las empresas puedan diseñar una planeación de cumplimiento de sus obligaciones. En el ámbito corporativo, cada vez se desarrollan unidades enfocadas a este fin, mientras que las Pymes permanecen más expuestas y no desarrollan procesos de autocumplimiento. Por el otro lado, siguiendo la iniciativa del INVEA, resulta fundamental revisar los modelos de operación de instituciones que cumplen con esta función y tratar de homologar la operación de forma y fondo de los verificadores en todo el País, elaborar un registro nacional para reconocer a los más valiosos, y que incluso sean una forma de evaluación continua de las regulaciones, así como para que las empresas denuncien a quienes corrompen desde la ventanilla y aplastan la libertad empresarial. En esta “nueva era” económica del País, urge revisar la naturaleza y alcance de la regulación, así como de las facultades de las que dispone la autoridad para su verificación. Se debe promover una gran alianza que incentive las mejores prácticas para el cumplimiento regulatorio y prevenga la corrupción, en la que converjan autoridades, empresas y organismos.

Miscelánea: Acierto de la Cofece al nombrar al frente de la nueva Unidad de Investigación a Carlos Mena, que es un abogado especializado en materia de competencia y dará certidumbre a todas partes.

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