Energía, democratización y futuro.

Entiendo tanto el malestar social que genera el gasolinazo, como la eliminación del subsidio a gasolinas. De hecho, coincido en que se trataba de una política regresiva. Lo anterior no significa que el gobierno no debió prevenir programas de transición y comunicación que explicaran mejor esta medida. Para agravar este asunto, hoy el presidente EPN afirmó que se nos acabó la gallina de huevos de oro (en referencia a las fuentes petroleras). Además de no coincidir en el fondo con él, la forma se me hace terrible, pues no sé si sea la mejor forma de atraer inversiones para la reforma energética.

En este sentido, en esta crisis tan grave, sin duda ya se levantan voces que exigen cancelar la reforma energética. Esta es la parte más preocupante, pues la historia de los monopolios públicos mexicanos, junto con instituciones antidemocráticas, fueron los dos rieles por los que se desplazó el tren del régimen autoritario en México por varias décadas. Regresar al modelo de monopolio anterior, significa seguir apostando al fracaso, al compadrazgo, al secuestro del conocimiento, como ha ocurrido hasta el momento. De ahí que es muy relevante no solo defender la reforma energética, sino vincular a ésta con las principales causas democratizadoras del país y articularla con pyme y consumidores. Que se observe que es una reforma de interés social, no solo para que unos cuantos hagan negocio. De esta manera, les comparto mi colaboración hoy en Reforma: Energía, democratización y futuro.

BERNARDO ALTAMIRANO RODRÍGUEZ
Energía, democratización y futuro
La lucha histórica por la democratización de México encontró en la reforma electoral la piedra angular que permitiría conseguir la tan ansiada alternancia política, mientras que desatendió el efecto que las empresas monopólicas del Estado tienen en nuestra modernización, cuya comprensión ha sido insuficiente y llena de mitos. Incluso, la mayoría de la sociedad que aplaudió la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, hoy desconoce la realidad de empresas como Pemex o CFE, cuyos intentos reformadores fueron anteriormente bloqueados, en gran medida porque los argumentos fueron básicamente económicos, no vinculados al desarrollo democrático. En efecto, nos preocupamos por encontrar en los sótanos de Bucareli los cadáveres del antiguo régimen, cuando hoy se evidencia que éstos se encuentran en Marina Nacional.

Gobiernos autoritarios en todo el mundo se han basado en economías dirigidas y empresas monopólicas, particularmente del sector energético, para financiar su control político. A pesar de alternancias, México no acaba de encontrar el sentido democrático de sus empresas públicas como palanca del crecimiento. Por décadas vimos cómo Pemex y CFE fueron objeto de la intervención directa de gobiernos, lo que condicionó su desarrollo a manipulaciones políticas y sindicales que incidieron en precios e inversiones. La ausencia de competencia impidió que se desarrollara de una manera eficiente la industria. De ahí que aún en este siglo, la mayoría de los directivos de estas empresas públicas han sido más políticos o expertos en finanzas públicas que líderes empresariales, pues el interés sigue siendo cómo salvarlas de los boquetes y pérdidas que les generan tantos procesos ineficientes, así como su sometimiento a las finanzas públicas del país. No obstante, las pérdidas de Pemex y CFE son escandalosas.

Por otro lado, monopolios como Pemex cancelaron la posibilidad de innovación industrial y comercial. Si en efecto hubiéramos tenido una perspectiva de desarrollo nacional, esta industria se hubiera vertebrado con emprendedores y pymes que pudieran innovar en tecnología o cadenas de suministro, como ejes de la transformación nacional. En cambio, se prefirió privilegiar la relación política con el sindicato y con un puñado de empresas que han anclado el desarrollo de la industria y secuestrado el conocimiento. Así, el número de patentes en México en este sector es infinitamente menor a lo que han contribuido empresas privadas o mixtas en otras partes del mundo. En lo comercial, para avanzar en la satisfacción de los consumidores, llegamos al absurdo de que una agencia del Estado verificara a franquicias coordinadas por ese mismo Estado -en muchos casos otorgadas por compadrazgo o criterios políticos- para vender un producto exclusivo del Estado. Todo esto para una pelea por el litro de a litro, cuestión que la competencia corregiría con mayor eficiencia y eficacia. Finalmente, en materia de mejores prácticas corporativas, por un lado, sólo hasta años recientes se avanzó en la figura de consejeros independientes; por el otro, se contaba con una gerencia social, de fachada filantrópica, pero en realidad era quien daba los cañonazos de billetes para llegar a “acuerdos” con gobernadores, alcaldes, y líderes sociales. Todos estos aspectos sazonados por una nauseabunda corrupción. Por eso Pemex es la historia de las oportunidades perdidas y del saqueo legalizado. Con esto se rompe el mito de que somos un país petrolero; pues solo hemos extraído y dilapidado nuestros recursos energéticos.

Así, el malestar que genera el “gasolinazo” nos exige ver a profundidad el problema y evitar que por encontrar alternativas sepultemos el camino de la competencia energética que empieza a trazarse y que nos permitirá dejar atrás esa historia de fracasos y corrupción, y adentrarnos en una dinámica de conocimiento, innovación, crecimiento y bienestar del consumidor. Para esto, exijamos al gobierno, cuyo partido bloqueó en otra ocasión la reforma energética, que construya de la mano de ciudadanos y pymes una agenda democratizadora y de crecimiento en la materia, pues de lo contrario su “apertura” de hoy tendría la sombra de la desconfianza de ser un conflicto de interés para hacer negocios. En este ejercicio, se deberá rendir cuentas puntuales sobre Pemex y CFE, sus directivos, contratistas, franquiciatarios, decisiones de inversión, nombramientos, programas incumplidos, y evaluar el impacto de la política energética en las condiciones actuales del precio de la gasolina. Estos monopolios sostienen con pinzas nuestra viabilidad financiera, cuando deberían ser la industria que funja como motor de desarrollo y de una efectiva cultura basada en el mérito y la competencia. Por último, delinear cómo se vincula esta reforma y sus perspectivas con nuestro futuro, sustentabilidad, soberanía y nuestras finanzas públicas. Todo lo anterior implica invertir en lo que al Gobierno le cuesta más construir: confianza.

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