El Momento de la Cofece y de México

De repente parece que todo se desmorona. Instituciones centenarias como el federalismo, simplemente no dan los resultados en beneficio de la gente, con mejores servicios y bienes públicos. Las instituciones de seguridad pública y justicia no encuentran el método para salir del atolladero que enfrentamos. Las instituciones electorales y partidos políticos no generan certidumbre, credibilidad ni esperanza en los ciudadanos. Estos son solo algunos ejemplos sobre el ánimo de nuestras instituciones. En este contexto, existe una luz esperanzadora, que desde hace 20 años muestra una evolución progresiva y que parece ser que encuentra su equilibrio. Se trata de nuestra agencia antimonopolios, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). Sin duda se trata de un caso que debe estudiarse e identificar cuáles son las lecciones de aprendizaje y que podamos trasladar a otros frentes. Les comparto mi reciente artículo de Reforma.

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¿Cuál es la Responsabilidad Social de las empresas con el consumidor?

La agenda de Responsabilidad Social Empresarial avanza de manera constante en el país. Es una visión empresarial que ha llegado para quedarse y perfeccionarse. Sin duda, las empresas tienen múltiples responsabilidades que cumplir en torno a esta agenda, pero de manera específica, ¿cuál es la responsabilidad social de las empresas con el consumidor?

En nuestro país, el espacio para innovar y generar estándares desde el ámbito privado son reducidas, dada la gran cantidad de normas y reglas escritas que existen. De ahí que las empresas se preocupan más por cumplir la ley, que por identificar qué estándares propios o industriales pueden generar mayor lealtad de los consumidores. Lo anterior, dado que las regulaciones prevalecientes son de carácter social, y por tanto son obligaciones que las empresas deben cumplir. Lo anterior no debe ser un impedimento para que las empresas impulsen nuevos paradigmas. Los invito a leer en “Corresponsables“, sitio líder en el país en la materia, mi columna sobre la responsabilidad social de las empresas con los consumidores.

Los reguladores que protegen al consumidor.

En este Día Internacional del Consumidor dedico mi análisis a entender el mapa de agencias de reguladores que inciden en nuestra protección, ya sea mediante tutelar la competencia en general o nuestros derechos en particular, o atender temas muy especializados, como telecomunicaciones, energía y por supuesto los riesgos sanitarios. Esto nos permite tener como consumidores y empresas mayor claridad de a quién dirigirnos o qué aspectos regulatorios cuidar su cumplimiento. Les presento mi colaboración: Los Reguladores que Protegen al Consumidor.

El ABC en la crisis del huevo.

Hoy, como en 2012, el mercado del huevo enfrenta un problema de alzas considerables en los precios. En la ocasión anterior, el origen del problema fue la gripe aviar que generó escasez en el abasto y comercialización del producto e impactó gravemente en los precios en varias zonas del país. Ahora, las autoridades no han atribuido este encarecimiento a un problema sanitario. Al respecto vale la pena leer el análisis de Carlos Martínez, quien revisa el comportamiento estacional del precio del huevo y sobre todo lo vincula con una posible afectación debido a precios internacionales. Incluso el propio Secretario de Economía declaró que se busca identificar el origen del incremento y poder tomar las acciones contra los responsables de esta situación. Asimismo descartó que se tratara de un problema de temporada o de abastecimiento. Esta declaración detonó una serie de acciones gubernamentales. En este contexto es donde conviene identificar el papel que en esta crisis corresponde a consumidores, autoridades, políticos e industria.

El huevo es la principal proteína de origen animal que consumimos los mexicanos. Somos el consumidor número uno en el mundo (promedio de 22 kg por persona al año). Por eso el alza en el precio no es un tema menor. No obstante esta relevancia, los consumidores somos los soberanos de los mercados y tenemos la opción de elegir otros alimentos y con la correspondiente reducción de la demanda, contribuir a que baje y se estabilice el precio del huevo. Además, nos corresponde denunciar actos ilegales.

De manera intrínseca con el tema de los consumidores, está el papel de la Profeco, quien en estas circunstancias despliega una estrategia de vigilancia y verificación en establecimientos, con el objeto de identificar posibles infracciones a la Ley y violaciones a los derechos básicos de los consumidores, así como prácticas abusivas, coercitivas o engañosas, para lo cual cuenta con diferentes instrumentos coercitivos como multas, suspensiones y clausuras. Eventualmente en caso de encontrar casos de acaparamiento, puede hacer la denuncia correspondiente al ministerio público, pues son responsabilidades de carácter penal. Asimismo, en caso de identificar prácticas que pudieran ser monopólicas, puede abrir una denuncia con la COFECE. El punto fino en la interpretación jurídica, es cómo pueden sistematizarse aquellas prácticas industriales o comerciales en detrimento de la sociedad, que el artículo 28 constitucional advierte que serán castigadas con severidad, en relación con las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y su reglamento en cuanto a que un tipo de práctica abusiva es la manipulación de precios. Resulta oportuno que la Profeco emita criterios y lineamientos de cómo interpretar y aplicar estas disposiciones. Asimismo, es muy importante vincular cómo bajo el principio Pro Persona que establece nuestra Constitución, la Profeco también asume responsabilidades en cuanto a la protección y defensa de derechos fundamentales, como el de alimentación. Al respecto, escribí hace tiempo un paper sobre la argumentación jurídica y política pública que siguió la Profeco en 2012 al enfrentar la crisis de gripe aviar: Derechos básicos de los consumidores, mercado global y derechos humanos. El caso de México.

El tema de competencia económica es el más atractivo, dada la reciente reforma legal. Al respecto, la Comisionada Presidenta de la COFECE declaró que se inició una investigación por prácticas monopólicas absolutas, para identificar si se acredita la manipulación de precios, así como la eventual segmentación de mercados. Para cumplir esta tarea, esta agencia tiene ahora mecanismos de verificación e investigación muy robustos, semejantes a los que ocurren en las principales agencias “antitrust” en el mundo, como es el caso de que la COFECE en sus diligencias pueda tener acceso a cualquier oficina, computadora, archivero, etc., o el caso de ofrecer reducir sanciones a quien haya participado en prácticas ilegales y coadyuve con la investigación (los famosos whistleblowers). Esto representa que la agencia tiene la facultad de revisar a detalle todo lo que sea de su interés y en caso de encontrar elementos que permitan probar la práctica monopólica, lo usará en la investigación misma. Otro aspecto clave en este caso será la determinación del mercado relevante y el poder sustancial de cada procesado, así como ampliar las investigaciones a los insumos para la elaboración de este producto.

El tercer aspecto que hay que analizar son los políticos, quienes reaccionan a diferentes incentivos. Recordemos que en la crisis de gripe aviar del 2012, el entonces Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard hizo compras masivas de huevo en la Central de Abastos y la distribuyó, en ciertas comunidades vinculados con sus clientelas políticas, en donde la gente para comprar un kilo de huevo tenía que hacer tres horas de fila. Lo anterior además atrofió canales de distribución en la Ciudad y complicó la crisis. Este fenómeno es muy delicado, porque ante un caso extremo, podría ser el detonante de una “Guerra de Alimentos”, en la que los políticos empiecen a comprar grandes cantidades de producto para dar a sus gobernados y con esto generar zonas de escasez y desabasto, así como a encarecer todavía más más el precio de estos alimentos. Adicionalmente, existen voces de políticos que no reconocen que no hay control de precios y que al presionar no son parte de la solución, sino que incluso inciden en que se violen garantías de las empresas, como la del debido proceso.

Por último la empresa debe ser muy clara respecto de cuáles son sus responsabilidades legales en materia de mostrar precios al consumidor y cumplir programas de calibración de básculas, así como desde el punto de vista práctico tener facturas de compra y venta de sus productos. Obviamente no incurrir en conductas o actos que se encuentren tipificados como abusivos, engañosos o coercitivos, ni mucho menos prácticas monopólicas o anticompetitivas. En la medida que se genere información clara, las empresas podrán planear mejor su cumplimiento regulatorio y así las autoridades enfocarse con mayor precisión en las infractoras. Por último, en relación con el ejercicio de derechos humanos como el de alimentación, se generan nuevas relaciones y responsabilidades jurídicas de la empresa, pues ésta no necesariamente podría ser sancionada por una autoridad por violentar el ejercicio de éstas garantías, pero sí por obstaculizar su adecuado disfrute en el marco de lo que establece la Constitución y las leyes en la materia.

Por último, urge debatir a fondo sobre casos de crisis en la comercialización de productos básicos, pues hoy es el caso del huevo, pero también pasa con el maíz y algún día con el agua. Por eso, tenemos que contar con procesos más claros respecto de cómo actuar en crisis como la que hoy nos ocupa y definir criterios sobre las responsabilidades de cada agente en el mercado.

DE AEROPUERTOS Y ELEFANTES BLANCOS

Desde hace más de una década se discute la necesidad de ampliar la capacidad de operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Se parte de la premisa que las dos pistas con las que hoy cuenta el aeropuerto (que no pueden utilizarse de manera simultánea), inhiben el potencial de crecimiento de la operación misma, así como de la misma industria aeronáutica civil de país. Hoy en día se brindan 36 millones de vuelos al año. Se espera tener un crecimiento en una primera etapa a 3 pistas de uso concurrente y con un total de 50 millones de usuarios. Al límite se espera contar con 6 pistas y 120 millones de usuarios.

Estos son datos que se obtienen del portal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En realidad escasea la información pública disponible sobre cómo se llegó a la conclusión de que la propuesta ganadora es la idónea. La información muestra estimaciones finales, pero desconocemos los diagnósticos, las comparaciones entre proyectos, y sobre todo cómo se llega a las proyecciones de operación. ¿Basta la nueva infraestructura aeroportuaria para ganar más mercado de vuelos y operaciones? ¿A qué aeropuertos les vamos a ganar mercado –nacionales o internacionales? ¿Cómo se vincula esta propuesta con una política integral de transporte y de desarrollo aeroportuario en todo el país? ¿Es válido tener un modelo aeroportuario con clara tendencia centralizadora? ¿En qué ganaremos con esta estrategia los consumidores? ¿Mejorarán los precios y calidad de los servicios? ¿Qué opina la industria aérea sobre el diseño del proyecto del aeropuerto ganador? ¿Contribuye o no a generar eficiencias? ¿Por qué no se incluye un proyecto de esta envergadura en el Plan Nacional de Infraestructura? Así podríamos seguir haciendo una gran cantidad de preguntas.

Por estas razones, es que Central Ciudadano y Consumidor, bajo el impulso de su Director @carlosmartinezv decidió emprender dos acciones en el sector, mismas que les invitamos a conocer y participar. En primer lugar, realizar un estudio sobre la competencia y retos del sector de aeronáutica civil, mediante el cual se contribuye a entender mejor el desarrollo de esta industria. Por el otro, a participar en el diseño e instrumentación de un Observatorio sobre este nuevo aeropuerto. Este último tema es clave, pues las decisiones tomadas hasta ahora han sido bastante reservadas. Por un lado, sabemos que ASA hizo un estudio de mercado de despachos de arquitectos que tuvieran experiencia en elaborar este tipo de proyectos, posteriormente les extendió una invitación a los mejores de entre estos, y por último designó a un jurado que determinó el proyecto ganador. Por estas razones, es que todos esperábamos que la SCT diera a conocer cuál sería la ruta a seguir para construir el nuevo aeropuerto, sus diagnósticos y sus requerimientos, pero en cambio, de la nada sacó de la chistera un proyecto ganador. Por delante vienen retos enormes: esquemas de concertación y coordinación entre autoridades de diferentes órdenes de gobierno, que determinarán los elementos técnicos, ambientales, urbanos, etc. Por el otro, una serie de licitaciones y contrataciones públicas en torno a un proyecto que será el más costoso de la presente administración –y tal vez de muchas otras. Por tratarse de un sector que ha dejado huella negativa en temas como la licitación del tren México-Querétaro o el tema de los dispositivos de pago electrónico en casetas de peaje o incluso en la transición de las televisiones analógicas a digitales, urge acompañar con metodologías reconocidas todo el proceso de construcción, para que se blinde de corrupción, de prácticas anticompetitivas o de medidas ilegales.

Reconozco que es válido plantear obras públicas de vanguardia, con diseños innovadores y apostándole a una visión de trascendencia. Sin embargo, esto debe darse con una racionalidad económica y de políticas públicas integrales, de lo contrario corremos el riesgo de que la anunciada obra del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sea un elefante blanco.

La regulación desde lo local

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La semana pasada participé en la 34 Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria, gracias a la invitación del titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), Mtro. Virgilio Andrade. En este foro se reúnen las principales autoridades reguladoras de estados y municipios, con el objetivo de identificar cuáles son las mejores prácticas de regulación local, diseñar agendas y coaliciones, así como para promover el espíritu del emprendedurismo. Son semillas importantes que buscan formar cuadros profesionales en la materia.

Tuve la oportunidad de moderar una mesa muy interesante en la que participaron el Dr. Benjamín Contreras, Comisionado de Competencia Económica, y el Dr. Sergio López Ayllón, Director General del CIDE. Durante el diálogo se analizaron las principales medidas que se han tomado a nivel de la COFECE para construir alianzas y coaliciones con agentes económicos locales y así promover una mejor regulación. Por supuesto que se revisaron cuáles son los principales obstáculos presentes que desde lo local atentan contra las recientes reformas, tanto en competencia económica, como el caso de la reforma energética. Al respecto habrá que estar muy atentos para evitar que medidas regulatorias locales atenten contra la Constitución y contra la certidumbre jurídica que requieren la instrumentación de las recientes reformas. Asimismo, se comentó la complejidad que implica que la COFECE observe y vigile el desarrollo de licitaciones y contratos públicos en lo local, que sin lugar a dudas, en muchos casos atentan contra los principios más elementales de competencia económica.