El Momento de la Cofece y de México

De repente parece que todo se desmorona. Instituciones centenarias como el federalismo, simplemente no dan los resultados en beneficio de la gente, con mejores servicios y bienes públicos. Las instituciones de seguridad pública y justicia no encuentran el método para salir del atolladero que enfrentamos. Las instituciones electorales y partidos políticos no generan certidumbre, credibilidad ni esperanza en los ciudadanos. Estos son solo algunos ejemplos sobre el ánimo de nuestras instituciones. En este contexto, existe una luz esperanzadora, que desde hace 20 años muestra una evolución progresiva y que parece ser que encuentra su equilibrio. Se trata de nuestra agencia antimonopolios, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). Sin duda se trata de un caso que debe estudiarse e identificar cuáles son las lecciones de aprendizaje y que podamos trasladar a otros frentes. Les comparto mi reciente artículo de Reforma.

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Ética, legalidad y empresa.

Ética, legalidad y empresa son el triángulo virtuoso que requiere nuestro país. Desde nuestra fundación como Nación, hemos probado múltiples fórmulas. Muchas de éstas han fracasado. Necesitamos reconocer y probar la fórmula de la libertad, manifestada a través de la empresa. Por eso, tenemos que simultáneamente fortalecer los canales de la ética y la legalidad. Les comparto mis ideas sobre este tema.

 

¿Cómo reducir los riesgos legales de tu empresa?

Las empresas enfrentan todos los días múltiples riesgos legales. Esto significa que ante una multiplicidad de leyes, reglamentos, normas y regulaciones, puede existir desconocimiento y ambigüedades y contradicciones en la interpretación de éstas, así como incertidumbre respecto de la aplicación, verificación y posibles infracciones y multas que determinen las autoridades.

Por eso, la gran tendencia contemporánea consiste en diseñar y aplicar programas de administración de riesgos legales y cumplimiento regulatorio. Conoce cómo identificar estas necesidades en tu empresa. Les comparto mi colaboración.

Energía, democratización y futuro.

Entiendo tanto el malestar social que genera el gasolinazo, como la eliminación del subsidio a gasolinas. De hecho, coincido en que se trataba de una política regresiva. Lo anterior no significa que el gobierno no debió prevenir programas de transición y comunicación que explicaran mejor esta medida. Para agravar este asunto, hoy el presidente EPN afirmó que se nos acabó la gallina de huevos de oro (en referencia a las fuentes petroleras). Además de no coincidir en el fondo con él, la forma se me hace terrible, pues no sé si sea la mejor forma de atraer inversiones para la reforma energética.

En este sentido, en esta crisis tan grave, sin duda ya se levantan voces que exigen cancelar la reforma energética. Esta es la parte más preocupante, pues la historia de los monopolios públicos mexicanos, junto con instituciones antidemocráticas, fueron los dos rieles por los que se desplazó el tren del régimen autoritario en México por varias décadas. Regresar al modelo de monopolio anterior, significa seguir apostando al fracaso, al compadrazgo, al secuestro del conocimiento, como ha ocurrido hasta el momento. De ahí que es muy relevante no solo defender la reforma energética, sino vincular a ésta con las principales causas democratizadoras del país y articularla con pyme y consumidores. Que se observe que es una reforma de interés social, no solo para que unos cuantos hagan negocio. De esta manera, les comparto mi colaboración hoy en Reforma: Energía, democratización y futuro.

BERNARDO ALTAMIRANO RODRÍGUEZ
Energía, democratización y futuro
La lucha histórica por la democratización de México encontró en la reforma electoral la piedra angular que permitiría conseguir la tan ansiada alternancia política, mientras que desatendió el efecto que las empresas monopólicas del Estado tienen en nuestra modernización, cuya comprensión ha sido insuficiente y llena de mitos. Incluso, la mayoría de la sociedad que aplaudió la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, hoy desconoce la realidad de empresas como Pemex o CFE, cuyos intentos reformadores fueron anteriormente bloqueados, en gran medida porque los argumentos fueron básicamente económicos, no vinculados al desarrollo democrático. En efecto, nos preocupamos por encontrar en los sótanos de Bucareli los cadáveres del antiguo régimen, cuando hoy se evidencia que éstos se encuentran en Marina Nacional.

Gobiernos autoritarios en todo el mundo se han basado en economías dirigidas y empresas monopólicas, particularmente del sector energético, para financiar su control político. A pesar de alternancias, México no acaba de encontrar el sentido democrático de sus empresas públicas como palanca del crecimiento. Por décadas vimos cómo Pemex y CFE fueron objeto de la intervención directa de gobiernos, lo que condicionó su desarrollo a manipulaciones políticas y sindicales que incidieron en precios e inversiones. La ausencia de competencia impidió que se desarrollara de una manera eficiente la industria. De ahí que aún en este siglo, la mayoría de los directivos de estas empresas públicas han sido más políticos o expertos en finanzas públicas que líderes empresariales, pues el interés sigue siendo cómo salvarlas de los boquetes y pérdidas que les generan tantos procesos ineficientes, así como su sometimiento a las finanzas públicas del país. No obstante, las pérdidas de Pemex y CFE son escandalosas.

Por otro lado, monopolios como Pemex cancelaron la posibilidad de innovación industrial y comercial. Si en efecto hubiéramos tenido una perspectiva de desarrollo nacional, esta industria se hubiera vertebrado con emprendedores y pymes que pudieran innovar en tecnología o cadenas de suministro, como ejes de la transformación nacional. En cambio, se prefirió privilegiar la relación política con el sindicato y con un puñado de empresas que han anclado el desarrollo de la industria y secuestrado el conocimiento. Así, el número de patentes en México en este sector es infinitamente menor a lo que han contribuido empresas privadas o mixtas en otras partes del mundo. En lo comercial, para avanzar en la satisfacción de los consumidores, llegamos al absurdo de que una agencia del Estado verificara a franquicias coordinadas por ese mismo Estado -en muchos casos otorgadas por compadrazgo o criterios políticos- para vender un producto exclusivo del Estado. Todo esto para una pelea por el litro de a litro, cuestión que la competencia corregiría con mayor eficiencia y eficacia. Finalmente, en materia de mejores prácticas corporativas, por un lado, sólo hasta años recientes se avanzó en la figura de consejeros independientes; por el otro, se contaba con una gerencia social, de fachada filantrópica, pero en realidad era quien daba los cañonazos de billetes para llegar a “acuerdos” con gobernadores, alcaldes, y líderes sociales. Todos estos aspectos sazonados por una nauseabunda corrupción. Por eso Pemex es la historia de las oportunidades perdidas y del saqueo legalizado. Con esto se rompe el mito de que somos un país petrolero; pues solo hemos extraído y dilapidado nuestros recursos energéticos.

Así, el malestar que genera el “gasolinazo” nos exige ver a profundidad el problema y evitar que por encontrar alternativas sepultemos el camino de la competencia energética que empieza a trazarse y que nos permitirá dejar atrás esa historia de fracasos y corrupción, y adentrarnos en una dinámica de conocimiento, innovación, crecimiento y bienestar del consumidor. Para esto, exijamos al gobierno, cuyo partido bloqueó en otra ocasión la reforma energética, que construya de la mano de ciudadanos y pymes una agenda democratizadora y de crecimiento en la materia, pues de lo contrario su “apertura” de hoy tendría la sombra de la desconfianza de ser un conflicto de interés para hacer negocios. En este ejercicio, se deberá rendir cuentas puntuales sobre Pemex y CFE, sus directivos, contratistas, franquiciatarios, decisiones de inversión, nombramientos, programas incumplidos, y evaluar el impacto de la política energética en las condiciones actuales del precio de la gasolina. Estos monopolios sostienen con pinzas nuestra viabilidad financiera, cuando deberían ser la industria que funja como motor de desarrollo y de una efectiva cultura basada en el mérito y la competencia. Por último, delinear cómo se vincula esta reforma y sus perspectivas con nuestro futuro, sustentabilidad, soberanía y nuestras finanzas públicas. Todo lo anterior implica invertir en lo que al Gobierno le cuesta más construir: confianza.

Obesidad sin freno.

La obesidad y sobrepeso en el país no tienen freno. El famoso impuesto a bebidas azucaradas y alimentos de alto contenido calórico que se aprobó en 2013 y entró en vigor en 2014 fue una mala política pública. Ni detuvo sustantivamente el consumo de estos productos, ni se tradujo en una reducción a la obesidad ni en mejores servicios de salud pública. Desde esas complicadas discusiones, en Central Ciudadano y Consumidor fuimos los primeros en advertir que no se trataba de un impuesto de salud pública, sino estrictamente recaudatorio. Asimismo, expusimos la complejidad social que se encuentra detrás de este fenómeno, que indudablemente es el problema y reto más importante que tenemos en materia de salud pública. En la actualidad, tal cual como se anticipó, el cobro de este impuesto no ha servido mas que para que el Estado tenga más recursos, pero sin impacto en el Índice de Masa Corporal (IMC), más bebederos con agua potable en las escuelas, ni mejores instalaciones ni metodologías de tratamiento médico a los pacientes.

A finales del año pasado, se publicaron los resultados de la Ensanut 2016 en la que se evidencia que en la mayoría de los rangos generacionales, sociales y en ambos géneros, la obesidad y el sobrepreso crecieron. Sin embargo, no se conoce a qué se destinaron esos recursos multimillonarios del impuesto ni su beneficio en la salud de nosotros. Justo antes de que se publicara dicha Encuesta, participé con el Sen. Armando Ríos en una discusión sobre este tema en el Canal Once, mismo que les invito a ver y seguir formando parte de este debate.

 

Nuevos horizontes para la empresa en Latinoamérica

La relación entre el Estado y la empresa en América Latina es un relato que combina drama, suspenso, traición, represión, comedia, entre muchos géneros. Sin duda, históricamente ha imperado la tensión y la desconfianza, de ahí que se han desarrollado instrumentos regulatorios y de control, que en lugar de impulsar el crecimiento, lo obstaculizan. Sin duda han habido tintes ideológicos que en ciertas coyunturas han acentuado más esa relación de conflicto. En México sin duda, el apogeo de los años del nacionalismo revolucionario son una muestra de esa visión de supremacía de la actividad económica y productiva del Estado, por encima de la empresa. Por eso es muy importante el momento que se vive en la mayoría de los países de la región, en donde existe un reconocimiento sobre la inviabilidad de dichas fórmulas que fracasaron, y la debilidad financiera y operativa del Estado que ve cómo se desmoronan arcaicas estructuras de control. Esta tendencia pude comprobarla en mi reciente participación en el Foro Iberoamericano de Políticas de Consumidor, celebrado en Costa Rica, en donde los países transitan de una vision proteccionista a introducir mecanismos e incentivos de mercado. Al respecto, les comparto mi colaboración en Fortuna y Poder.

 

Reforma Energética y Ciudadanía Corporativa

Las empresas públicas del sector energético en México no solo han sido la clásica historia que caracteriza a los monopolios gubernamentales: ineficiencias, insatisfacción de los consumidores, impulso de agendas políticas, corrupción, o manipulación de empresas gubernamentales y de las propias empresas públicas. Sin duda, el caso más emblemático fue la extinta LyFC. Esta historia ha sido también una oportunidad perdida para que a través de la fortaleza y alcance de estas empresas se pueda contribuir a desarrollar una ciudadanía corporativa, procesos más transparentes y democráticos de vinculación con comunidades y ciudadanos, y por supuesto de contagiar de manera positiva al entorno de negocios de mejores prácticas y estándares comerciales. Este aspecto es el que analizo hoy en mi colaboración de Reforma Negocios. Sin duda, la reforma energética representa una gran oportunidad para promover una real ciudadanía corporativa y que Pemex y CFE le apuesten a convertirse en agentes de cambio cívico y empresarial. Les comparto el artículo.

BERNARDO ALTAMIRANO
Reforma energética y ciudadanía corporativa
Las perspectivas e impacto de la reforma energética han sido analizados a profundidad en materia de inversión, tecnología, competencia y empleo, así como sobre la viabilidad de Pemex y CFE. Es natural que así sea, pero existe otra gran oportunidad que se deriva de las reformas: avanzar en una mejor cultura corporativa y entorno de negocios en el País.

La apertura detonó, por un lado, la creación de nuevas empresas mexicanas que buscan participar en el mercado energético, de entre las cuales, muchas fueron fundadas por exitosos líderes empresariales en otros sectores. Por el otro, abrió el apetito a empresas internacionales que tienen una amplia experiencia en múltiples países, y que han desarrollado estándares aplicables a diferentes ambientes regulatorios y de negocios. La gran oportunidad es que ambos aspectos contribuyan a delinear un mejor ecosistema empresarial, elevar los estándares y mejores prácticas y romper paradigmas en materia de servicios al consumidor.

La corrupción es la mayor amenaza contra esta oportunidad. Sin duda, en lo nacional, urge avanzar con el sistema anticorrupción y medidas ad hoc en este sector. En lo internacional, hay que aprovechar experiencias, como la de EU, en donde las empresas deben cumplir con la Ley contra las Prácticas Foráneas de Corrupción. Cabe recordar casos como el de Walmart, Siemens, HP o Goodyear, en donde se sancionaron actos de corrupción extraterritorial y se contribuyó a que este tipo de empresas tuvieran que diseñar y ejecutar complejos procesos corporativos para evitar incurrir en malas prácticas.

En el sector del petróleo, Pemex ha sido un referente en la economía nacional, aunque lamentablemente no en el de promoción de una ciudadanía corporativa, ni en el impulso de mejores prácticas. Ahora, tendrá que competir en cultura corporativa con empresas como Chevron o Shell -por mencionar dos casos. La primera -fundada en 1879- ha afianzado una sólida cultura corporativa en la que en todas las áreas de la empresa se enorgullecen del “Chevron Way”, la piedra angular de su accionar. Su precisa comunicación corporativa transmite un compromiso para enfocarse en la gente el desarrollo de las mejores prácticas de contrataciones públicas, alianzas con las ONG y think tanks, innovación en las relaciones públicas y contribuir a un adecuado entorno de negocios. Por su lado, Shell, desde 1907, también cuenta con una sólida cultura corporativa, tiene una firme agenda en materia de cambio climático y su visión apuesta a entender mejor el futuro del mundo y el papel que tendrán los energéticos en el mismo. Sin duda, estas empresas -con errores, faltas y aciertos- son un benchmark para Grupo Dragón, PetroBal, Carso Oil & Gas o Pemex, entre otras.

El caso de electricidad es igualmente interesante. La CFE recorre dos vías paralelas, pues por un lado es la empresa que más quejas tiene ante la Profeco y, por otro, avanza en definir su visión y en impulsar códigos éticos de conducta. Ambas vías convergerán cuando los consumidores y competidores sientan que los mecanismos de atención y su propósito se alinean. Comparemos con el caso de Florida Power and Light Company (FPL). Si bien tiene un marco regulatorio diferente, esta empresa conoce el valor que representan las quejas de los consumidores (ratio de 0.03/1000), para ajustar sus procesos y mejorar la experiencia del consumidor. Además, enarbolan una serie de elementos que el consumidor los asocia con la marca: servicio confiable, precios bajos (está en los rangos inferiores de todo EU), así como el de la mayor eficiencia en el mercado. Además, han desarrollado tecnología de primera en materia de medidores y tableros de control, en la que innova para que los usuarios conozcan su consumo eléctrico y sean más racionales.

Estos elementos y de otras empresas globales serán motivo de estudio por las nuevas compañías mexicanas. Pero también deben ser un referente para José Antonio González y Enrique Ochoa al identificar el legado que dejarán en el ambiente de negocios mexicano y cómo dotarán a sus empresas de un propósito que sea identificado por los consumidores. La reforma energética tendrá mayor potencial económico y democratizador en la medida que Pemex y CFE sean un referente de ciudadanía corporativa.

 

Procuración de justicia, watchdogs y satisfacción del consumidor: experiencia de un modelo colaborativo

Nuestro sistema de justicia no termina de generar la confianza y resultados que exigimos los ciudadanos. Todavía parece lejano el día en el que veremos la armonía entre el respeto al debido proceso y la eficacia de las investigaciones y resoluciones. Todo esto afecta nuestra percepción sobre la justicia y sobre el papel de policías, investigadores y juzgadores. Las discusiones sobre la justicia cotidiana no desencadenaron cambios notables, ni ajustes en las prácticas, que es donde, como lo comentaré, tenemos que avanzar mucho. Esta situación se explica por nuestro marco e incentivos institucionales que han construido una muy débil cultura de la legalidad y de justicia. Otro factor clave que se encuentra en el origen de esta situación, es el largo período autoritario, centralista y de corrupción por el que México atravesó, en donde, por un lado, las autoridades demostraban su “eficacia” por encima del respeto de derechos humanos y legalidad, en donde lo importante no era hacer justicia, sino encontrar culpables; por el otro, los ciudadanos nunca han desarrollado canales confiables de denuncia a las autoridades, sin que esto implique un riesgo a su propia integridad y seguridad. Este círculo vicioso tiene que empezar a detenerse con medidas muy concretas y medibles. Veamos el caso de cómo se construye justicia en el ámbito de consumidores con nuestros vecinos del norte y que he podido constatar en el marco de mi programa de Eisenhower Fellows, así como al apoyo incondicional de mis colegas de diferentes oficinas de Better Business Bureau (BBB) en Chicago, Saint Louis, Austin y San Diego, así como del Consejo de las BBBs.

Como lo comentamos en una anterior entrega, existen agencias que se especializan en proteger la seguridad de los consumidores al adquirir o utilizar sus productos de consumo (CPSC) o para evitar prácticas monopólicas, inequitativas o engañosas que afecten a la competencia o a los consumidores directamente (FTC). El principio y racionalidad de estos reguladores parte de que a ellos les corresponde aplicar el marco legal que diseñó el Congreso, y complementarlo con medidas regulatorias adecuadas y proporcionales. Aceptan sus limitaciones presupuestarias y de recursos humanos, pero sobre todo, que en el marco de un esquema federal, corresponde a los estados y municipios, colaborar en un esquema de competencias colaborativas en las que entre más cercana y local sea la procuración de justicia en materia de mercado y comercial, mejores resultados se obtienen, con mayor sensibilidad y claridad. Esta visión entonces admite la colaboración entre federación y estados, lo cual pude corroborar directamente en reuniones y testimonios que tuve con la Procuradora General de Illinois, Lisa Madigan, y su staff; el Jefe de la División de Protección a los Consumidores,  Dave Talbot, y el Jefe Adjunto, Paul Singer, ambos de la Oficina del Procurador General de Texas; así como la Jefa de Protección de los Consumidores, Kathryn Turner, y el Abogado Senior, Dave McKean, de la Oficina del Procurador Distrital de San Diego.

Cabe recordar que a diferencia de lo que existe en México, en EUA no existe una Profeco como tal, ni ninguna autoridad que centralice la protección de los consumidores, ni la investigación de ilícitos por parte de los negocios. De ahí que lo que quedó manifiesto en estas reuniones fue que las autoridades locales tienen un papel clave en defender los derechos de los consumidores y perseguir las prácticas que atentan contra la legalidad en el mercado. Lo hacen mediante mediaciones, pero también mediante la persecución y enjuiciamiento de quien viola la ley. Además existe otro factor fundamental: recordemos que la gran mayoría de los titulares de estas agencias de procuración de justicia son electos democráticamente por sus comunidades. Esto es un elemento que genera mayor compromiso y visibilidad a la agenda de protección al consumidor, pues representa un espacio de comunicación y confianza relevante para una posible reelección. Sin duda, los consumidores amplían su satisfacción con este modelo, pero también los negocios, quienes esperan que sus autoridades se desenvuelvan en el respeto al debido proceso y con apego a la legalidad. Sin duda, federalismo y legitimidad democrática contribuyen a construir mejores resultados.

Estas agencias no trabajan solas. Cuentan con la colaboración de diferentes organizaciones ciudadanas. El caso más relevante es el de la BBB, quien contribuye con dos funciones clave en este proceso (sin contar con el gran valor que aportan sus medidas informativas, como las reseñas de negocio o el promover mejores prácticas comerciales, mediante la acreditación de negocios). La primer función consiste en mediar entre consumidores insatisfechos con la empresa proveedora del bien o servicio. Esto tiene un gran dinamismo, pues en los últimos años, en promedio las oficinas de BBB en Norteamérica han mediado y resuelto conflictos en casi 1 millón de casos al año. Por estas razones es que uno de los puntos más importantes del Código de Mejores Prácticas de la BBB y que es clave para que un negocio amerite tener nuestro sello de confianza, sea el de: responder. Esto significa que quienes presentan nuestro sello tienen la obligación de atender y responder todas las quejas que presentan los consumidores, pues de lo contrario pueden ser desacreditados. En efecto, siempre puede haber un conflicto, pero lo importante es tener el compromiso de responder y buscar una solución, no esconderse.

La segunda función clave de la BBB en la materia es la de investigación y denuncia, con lo que se convierte en un watchdog estratégico para vigilar que los agentes de mercado se comporten de una manera ética y legal, y tener una perspectiva de largo plazo respecto del comportamiento y performance de los negocios. Esto es un gran valor. El trabajo de investigación de las BBB es fundamental, pues mediante el monitoreo permanente y el recibir quejas de los consumidores, revisan y constatan negocios, informan sobre quienes son o no confiables, mediante las reseñas de negocios y alertan a los consumidores para evitar caer en fraudes o ilegalidades. Esta tarea es de gran valor y reconocimiento social, pues ayudan a poner la atención de las autoridades sobre casos que tal vez sean de una cuantía menor o de gran valor económico, y con esto a que el ciudadano/consumidor se sienta escuchado, atendido y su problema reparado. Este trabajo confirma la naturaleza de que BBB es una organización sin fines de lucro, mediante la construcción de confianza de caso por caso -brindando satisfacción a consumidores-, con lo que se contribuye a esa efectiva justicia cotidiana.

Por último, dado que la BBB tiene más de 100 años en EUA y sus aportaciones han sido muy valiosas, las autoridades reconocen su utilidad y de esta manera, en todas las ciudades que describo, existe una “Fuerza de trabajo de protección a los consumidores”, que encabeza cada BBB, y en la que participan las agencias de procuración de justicia, la policía local, FBI, FTC y otras autoridades, con quienes se presentan y revisan los principales casos de abusos, ilegalidades y fraudes. Así, se crea todo un sistema colaborativo de protección, de promoción de buenos negocios, y de legalidad.

De esta manera, una procuración de justicia federalista y democrática, organizaciones sociales que coadyuvan con investigaciones, denuncias y solución de controversias, así como mecanismos interinstitucionales generan un modelo colaborativo que protege a los consumidores y fomenta las buenas prácticas comerciales, lo cual ha sido sin duda uno de los ejes que ha permitido que la economía de EUA se desarrolle de manera tan ágil, dinámica y con fundamento en la confianza. Sin duda en México elementos de este modelo pueden ser de gran utilidad, no sólo para el ámbito de mercado, sino para cualquiera en el que tengamos déficit en nuestra justicia cotidiana.

Domando al caballo… y al mercado.

El lunes pasado comenzaron las reuniones y entrevistas que desarrollaré a lo largo de estas semanas en varias ciudades de EUA, gracias al Eisenhower Fellowship que me fue otorgado.

Mi objetivo consiste en profundizar en la expansión de una red en la que los valores de confianza, responsabilidad e integridad sean la moneda de cambio e incentivos de una nueva cultura y entorno de negocios en México. Para cumplir con la meta, durante estas semanas me reuniré con empresas, líderes del Better Business Bureau (BBB), reguladores, académicos, cámaras y organizaciones, para identificar los incentivos y restricciones que existen en el mercado de EUA, mismas que le han permitido contar con un mercado dinámico, crecimiento e innovación en negocios, eficacia de los reguladores y así, ampliar la satisfacción de los consumidores.

En esta semana que concluye, tuve una plática en extremo interesante con el Presidente de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo (CPSC, por sus siglas en inglés), Elliot Kaye. Sin duda alguna, se trata de una agencia de gran prestigio y reputación, cuyas políticas no solo son reconocidas en EUA, sino que es un referente en todo el mundo. Con el Presidente Kaye reflexioné sobre el valor de la seguridad en la relación entre empresas, consumidores y reguladores. Sin duda es un tema clave en la construcción de confianza y en el cual existe un gran potencial para fortalecer la cooperación regulatoria y educación de empresas y consumidores entre los tres países de TLCAN.

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Por el otro lado, me dio mucho gusto regresar a una institución que no solo le tengo un gran reconocimiento y admiración, sino también cariño. Asistí a la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés). Desde la entrada queda manifiesto el simbolismo de esta institución.pues uno se encuentra con una magnífica escultura de un hombre domando a un caballo, mediante la cual se representa la forma en que se controla la economía. Sin duda alguna, la FTC ha sido fundamental para que los negocios no hagan prácticas monopólicas o depreden a sus competidores, así como para evitar que las empresas incurran en prácticas inequitativas o engañosas. En esta reunión me reuní con varios funcionari@s, entre quienes tuve el placer de tener una maravillosa plática con la Comisionada Terrel McSweeny.

Además participé en una mesa redonda en la Oficina para la Empresa Pequeña (SBA, por sus siglas en inglés), la cual fue fundada justamente por el entonces Presidente Eisenhower, y que se encarga de promover el emprendedurismo y la innovación, así como la vinculación de emprendedores con los sectores estratégicos de la economía. Sin duda alguna, nos llevan en EUA varios años de ventaja en promover estas políticas, pero nunca es tarde, por lo que en México es oportuno estudiar a fondo los éxitos y fracasos que ha tenido esta agencia, para que nuestros pasos puedan ser más contundentes.

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Por último, también tuve una reunión a nivel estatal que me ayudó a ver la regulación y operación de los servicios públicos desde otra perspectiva. En efecto, tuve una excelente plática en la Comisión de Servicios Públicos de Maryland, con la Comisionada Anne Hoskins, con quien estuvimos dialogando sobre cómo se regulan los servicios públicos desde lo local, con el objetivo de generar los mejores estándares posibles, y que puedan converger gobierno, empresas y usuarios. Es una tarea en extremo compleja, un arte diría, pues el objetivo de fortalecer los servicios públicos, tiene que ser consistentes con buenas condiciones para el proveedor e inversionista, pero también para los consumidores.

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Durante estas semanas les iré compartiendo mis experiencias.

¿Cuál es la Responsabilidad Social de las empresas con el consumidor?

La agenda de Responsabilidad Social Empresarial avanza de manera constante en el país. Es una visión empresarial que ha llegado para quedarse y perfeccionarse. Sin duda, las empresas tienen múltiples responsabilidades que cumplir en torno a esta agenda, pero de manera específica, ¿cuál es la responsabilidad social de las empresas con el consumidor?

En nuestro país, el espacio para innovar y generar estándares desde el ámbito privado son reducidas, dada la gran cantidad de normas y reglas escritas que existen. De ahí que las empresas se preocupan más por cumplir la ley, que por identificar qué estándares propios o industriales pueden generar mayor lealtad de los consumidores. Lo anterior, dado que las regulaciones prevalecientes son de carácter social, y por tanto son obligaciones que las empresas deben cumplir. Lo anterior no debe ser un impedimento para que las empresas impulsen nuevos paradigmas. Los invito a leer en “Corresponsables“, sitio líder en el país en la materia, mi columna sobre la responsabilidad social de las empresas con los consumidores.

Los reguladores que protegen al consumidor.

En este Día Internacional del Consumidor dedico mi análisis a entender el mapa de agencias de reguladores que inciden en nuestra protección, ya sea mediante tutelar la competencia en general o nuestros derechos en particular, o atender temas muy especializados, como telecomunicaciones, energía y por supuesto los riesgos sanitarios. Esto nos permite tener como consumidores y empresas mayor claridad de a quién dirigirnos o qué aspectos regulatorios cuidar su cumplimiento. Les presento mi colaboración: Los Reguladores que Protegen al Consumidor.

¿Quién cuida la salud de los consumidores?

Mañana se celebra el Día Internacional del Consumidor. En este espacio hemos escrito ampliamente sobre los orígenes del festejo, y sobre los puntos que permiten integrar una nueva agenda en la materia, tanto en lo que corresponde a la industria privada, como en el terreno de servicios públicos. Así, los temas abordados han centrado su atención en la Cofece y la Profeco, siendo que las políticas a favor de la competencia y de los consumidores convergen y se complementan.

Este año para conmemorar el Día Internacional del Consumidor me enfoco en una de las principales agencias mexicanas en la materia que se ocupa de evitar que seamos perjudicados por riesgos sanitarios. Se trata de la Cofepris, quien avanza en ampliar sus competencias en los mercados de productos y servicios que pueden afectar nuestra salud: alimentos, bebidas, suplementos alimenticios, medicamentos, hospitales, donaciones de órganos, pesticidas y un largo etcétera. De ahí que resulta fundamental estudiar a fondo esta institución, para ir identificando cómo contribuir a que cumpla con sus metas de la manera más eficiente posible. Les comparto mi colaboración que publica hoy Reforma Negocios: El Día del Consumidor… y su salud.

BERNARDO ALTAMIRANO RODRÍGUEZ
Día del consumidor… y su salud
Las políticas y acciones que inciden en el bienestar y derechos de los consumidores se desarrollan desde diferentes frentes. Por un lado, tenemos dos agencias -Profeco y Cofece- cuyas amplias funciones convergen y se complementan. Por el otro, se han venido dotando competencias a instancias que cumplen con tareas más especializadas, como el IFT, la CRE o Conapred. Asimismo, vemos al Congreso y al Poder Judicial más activos, así como más y mejores organizaciones ciudadanas. En este concierto es importante recordar dos momentos históricos clave que impulsaron el movimiento de protección de los consumidores en EU por las graves afectaciones a la salud de estos -incluso la muerte-: las crisis del elíxir de la sulfanilamida (1937) y el de la talidomida (1962). Estos trágicos acontecimientos generaron una exigencia social por un mayor control en la industria de fármacos y dieron pauta a la creación de una agencia especializada para regular y prevenir riesgos sanitarios. Se trata de la Food and Drug Administration (FDA), quien gradualmente fue extendiendo sus funciones a otros terrenos.

En México, el equivalente de esta agencia es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que, a pesar de su juventud (2001), comienza a consolidar su valor social y económico ante consumidores e industria. Sus amplísimas funciones inciden en aspectos tan cotidianos como los alimentos, bebidas, suplementos alimenticios y medicamentos que tenemos en nuestros hogares; los cosméticos que usamos a diario; así como el control sanitario de la publicidad de todos los anteriores. También abarca temas de gran relevancia en materia de salud, tanto preventiva, como en el tratamiento de enfermedades, mediante la vigilancia de los establecimientos de salud, de ahí que con frecuencia se conoce de su trabajo contra las clínicas “patito”. Asimismo, desarrolla una constante batalla contra los productos milagro o contra la venta de alcohol ilegal, en donde rompió récord en 2015 al haber hecho decomisos sin precedentes. Éstas últimas funciones son las que parecen restringir la imagen de la Cofepris a una policía sanitaria, pero son sólo algunas de entre una gran variedad.

Resulta interesante observar cómo a pesar de su creciente protagonismo, existe escasa literatura sobre esta institución, así como sobre la racionalidad de la regulación contra riesgos sanitarios. Al respecto, una reciente publicación de Central Ciudadano y Consumidor recuerda que el fundamento de esta tarea se encuentra en el Artículo Cuarto Constitucional, que indica que “toda persona tiene derecho a la protección a la salud”. Sin embargo, garantizar este derecho debe hacerse de una manera armónica con otros principios básicos de la misma Constitución, en donde el Estado al regular propicie la competitividad y competencia en el mercado, para que los consumidores podamos disfrutar del acceso a productos y servicios bajo su control. De esta manera, la regulación debe ser proporcional al grado de riesgo sanitario que implica la actividad industrial, para que la reducción de riesgos no inhiba el robustecimiento de mercados, ni genere precios inaccesibles. Asimismo, la regulación no debe generar cargas desproporcionadas a la industria que sólo aumenten burocracia o trámites. Así, el arte consiste en encontrar el equilibrio entre las medidas de control y protección, con el adecuado y eficiente funcionamiento de los mercados.

Esta función regulatoria se vuelve más compleja de diseñar y ejecutar en un país con profundas divisiones sociales y económicas, y en donde prevalecen múltiples retos en materia de cumplimiento de la ley, informalidad y corrupción. Por un lado, los consumidores enfrentan diferentes niveles de riesgos sanitarios dependiendo de su entorno socioeconómico, incluso al adquirir productos o servicios de la misma categoría. Por el otro, en lo industrial, vemos un sector que avanza en competitividad, procesos industriales, innovación, mientras otro que se queda rezagado, alejado de la tecnología y con productividad decreciente. Esta realidad representa un gran desafío en la generación de instrumentos regulatorios y exige un entendimiento de nuestras diferencias sociales e industriales.

En todo este panorama vemos señales de una institución que se consolida, en parte gracias a un período de estabilidad, en donde por más de 5 años su extitular Mikel Arriola dio buenos resultados. De ahí el acierto en el nombramiento del nuevo titular, Julio Sánchez y Tépoz, quien por su previa experiencia en Profeco, Cofeco y la misma Cofepris, anticipa que desarrollará una visión integral. Esta estabilidad da resultados, permite enfocar mejor los programas y presupuestos, y contribuye a una mejor evaluación y rendición de cuentas. De ahí que incluso sería conveniente que el Congreso pudiera definir la duración del mandato del titular de Cofepris y demás comisionados. Sin duda existen retos enormes, pero en este Día Internacional del Consumidor tenemos razones para reconocer a una institución que avanza en cumplir sus funciones de bienestar social y de desarrollo económico.

 

 

¿Cómo funcionan las reseñas de negocios?

¿Qué tan frecuentemente consultas reseñas de negocios en línea? ¿Lo haces para seleccionar vuelos, aviones, restaurantes, etc? ¿Qué criterio sigues para tomar decisiones? Como empresario, ¿sabes cómo navegar en este complejo mundo de reseñas? ¿Cómo inciden éstas en la reputación de tu empresa?

En ocasiones navegamos por sitios que presentan reseñas de negocios, que en un principio parecen objetivas y de utilidad para los consumidores. En el fondo existe todo un complejo esquema comercial y de publicidad escondida, que mucho se aleja de ser una ventana transparente que nos permita identificar a los mejores negocios.

Por el otro lado, como empresarios, en ocasiones observas que tu competencia tiene reseñas muy positivas -exageradas dirías-, y en cambio tu careces de las mismas o tienes comentarios muy negativos que te sorprenden por no ser conformes con la realidad. ¿Qué haces al respecto? ¿Sabes qué han habido juicios contra sitios de reseñas por hacerles “bully” a los negocios que no pagan precios altos por tener calificaciones altas?

En fin, es un esquema más complejo de lo que parece a simple vista, por lo que del lado del consumidor o de la empresa, resulta fundamental saber con detalles los pormenores de este creciente fenómeno. Estamos frente a una oportunidad de construir canales de comunicación confiables e íntegros, por lo que hay que evitar engaños, abusos y manipulaciones. Les invito a leer mi colaboración en Fortuna y Poder: ¿Afectan las reseñas a mi negocio?

Hasta pronto.

 

Herencia compartida entre EUA y México: rumbo a un mundo de negocios sin fronteras.

Ayer tuve el honor de ser conferencista en el McCoy College of Business, de la Texas State University, en su Business Leadership Week.

La invitación me llamó de sobremanera la atención, pues fue en homenaje al trabajo de un líder de origen mexicano, Tomás Rivera, quien durante su vida académica en EUA (tanto en Texas, como en California), buscó generar puentes entre ambas naciones. En este contexto, me invitaron para que expusiera porqué razones estamos construyendo y desarrollando el Better Business Bureau (BBB) en México.

La reflexión que hice partió de explicar las grandes diferencias que existen en materia económica, política, social, legal y para los negocios, entre ambos países. Uno de los aspectos de mayor relevancia en esta comparación es la gran cantidad de regulaciones que existen en México (de acuerdo con el índice de libertades económicas del Cato Institute estamos por encima del lugar 90). Esto significa que sobrerregulamos nuestra vida económica y empresarial. Así que enfrentamos una contradicción, pues por un lado impulsamos desde hace varios años una profunda apertura comercial, mediante tratados. Por el otro, en el ámbito interno, ya sea federación, estados o municipios, ponen un yugo regulatorio muy fuerte a la actividad empresarial, lo que propicia su asfixia. Las regulaciones son restrictivas y no generan los incentivos para emprender ni abrir un negocio. Esta es una de las verdaderas razones de las migraciones, las graves asimetrías en la productividad y de la incapacidad de que los mexicanos desarrollen proyectos empresariales competitivos.

En este contexto, la importancia de contar con una BBB consiste en apoyar a los empresarios y profesionistas mexicanos que están comprometidos a hacer las cosas de manera correcta, a promover mejores prácticas comerciales, ética empresarial, en fin, una verdadera comunidad de confianza. Justamente con BBB queremos contribuir a cambiar la cultura empresarial, para que los incentivos se alineen en favor del emprendedurismo, legalidad, información y satisfacción de los consumidores. Queremos que BBB contribuya a generar incentivos positivos tanto de los consumidores, como de los negocios y profesionistas.

Los alumnos estuvieron muy participativos y con ganas de involucrarse con nosotros desde allá. Claro que estaremos encontrando fórmula de incorporar jóvenes tan talentosos.

¿Protección al consumidor “reloaded”?

En el Senado de la República existe la posibilidad de que se impulse una profunda reforma en materia de protección al consumidor. La iniciativa es un gran avance al incorporar temas que no se han atendido anteriormente y que ahora ampliarán la protección, sobre todo en materia de seguridad de producto y comercio electrónico. Si bien se expande la agenda temática, no se modifica la racionalidad y modus operandi de la Profeco. Este es un tema clave que debe discutirse a fondo. Como lo he dicho desde hace varios años, el modelo de protección se encuentra superado, por lo que la presente iniciativa es una gran oportunidad para un debate social, en el que se discutan los principios y mecanismos adecuados de protección, que por un lado fortalezcan a los consumidores, impulsen la libertad y responsabilidad empresarial -particularmente con las Pyme-, y consoliden el papel de la Profeco, en tanto autoridad. Para avanzar en la protección al consumidor no basta solo fortalecer a la Profeco, necesitamos consumidores más exigentes de sus derechos y responsabilidades, empresas modernas comprometidas con la competencia y los consumidores, y una autoridad que pueda actuar con certidumbre y contundencia.

Les comparto mi colaboración que aparece hoy en Reforma Negocios.

BERNARDO ALTAMIRANO RODRÍGUEZ
¿Protección al consumidor reloaded?
La iniciativa de reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor presentada por los senadores Héctor Larios, Ana Lilia Herrera, Miguel Barbosa, entre otros, e impulsada por la ex Procuradora Lorena Martínez, es el preámbulo de una potencial reforma profunda que no se observa desde los años 90.

Como cualquier proyecto, tiene aciertos y oportunidades de mejora. Lo que resulta fundamental es no perder de vista la naturaleza de la función que busca fortalecerse, la cual consiste en corregir externalidades o fallas de mercado propias de una relación de debilidad de los consumidores frente a los proveedores, mediante la definición de responsabilidades administrativas a las empresas.

En este sentido, el análisis de esta iniciativa debe partir de valorar si la nueva regulación que se contempla es racional y justificable, si los proveedores privados y públicos tendrán la capacidad material de observar la ley, y si la autoridad contará con los recursos para hacer que ésta se cumpla con base en instrumentos conformes a nuestra realidad económica y social. La iniciativa es muy amplia, por lo que sólo abordaremos algunos aspectos.

En los años 70, en EU, se creó la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo, especializada en regular y verificar que los productos que se comercialicen no impliquen un riesgo contra los consumidores -electrónicos, juguetes, textiles y accesorios para bebé, etc. De ahí que los consumidores y empresas de EU tengan tan claro en sus prioridades que la seguridad es primero. Si bien es un tema muy precario en nuestra regulación, en los últimos años, México ha participado en medidas regionales importantes, como la Cumbre de Seguridad de Producto que organizó la OEA en Colombia o la Tercer Cumbre de Seguridad de Producto para el TLCAN. La iniciativa avanza en materia de seguridad de producto y define responsabilidades sobre emisión de alertas, llamados a revisión (recalls) y retiro de productos. Es un gran acierto este tema, pues implica avanzar en un mercado más seguro. Sin duda las cargas regulatorias que se generarán se justifican para evitar riesgos y daños a nuestra integridad física. Sin embargo, el gran pendiente será cómo evitar que productos riesgosos se sigan comercializando en la informalidad.

A nivel global se han buscado entender los nuevos retos y riesgos que implica el comercio electrónico, por lo que esta iniciativa enfoca adecuadamente las nuevas herramientas aplicadas en las principales economías, sobre todo en materia de requerir a los proveedores que adopten mecanismos técnicos de seguridad apropiados y confiables que garanticen la protección y confidencialidad de la información de los usuarios. Esto, ante la creciente amenaza de robo de datos y de identidad. Adicionalmente, se prevé fortalecer la regulación de dos industrias que en años recientes han estado bajo la lupa, como son el caso de las ventas directas y los tiempos compartidos.

Por otro lado, se busca dotar a la Profeco con nuevos instrumentos de vigilancia, verificación y coerción, para hacer que la ley se cumpla. Este aspecto amerita una revisión a fondo, sobre todo buscando que se incentiven mejores prácticas comerciales y que la coerción parta del reconocimiento de la buena fe de las empresas y sea la ultima ratio. Esto cobra mayor relevancia entre las Pyme, quienes por error o ignorancia enfrentan múltiples multas y clausuras. Mucho podríamos aprender del extinto modelo británico de la Office of Fair Trading, quien impulsaba buenas prácticas y capacitación a las Pyme, pues la mejor protección al consumidor empieza desde el fomento de una moderna cultura empresarial. Formar buenos empresarios es invertir en construcción de ciudadanía. La coerción per se no genera esta cultura, por lo que conviene replantear las responsabilidades de las Pyme en la iniciativa.

Adicionalmente, la iniciativa recurre a mecanismos rígidos de regulación, cuando la tendencia internacional consiste en impulsar esquemas de autorregulación. Esto incluso fue abordado en los trabajos del reciente Foro Iberoamericano de Agencias de Protección al Consumidor celebrado en Perú, donde las autoridades reconocen que tienen que avanzar en esta dirección.

Por último, esta iniciativa apuntaría a una SuperProfeco, por lo que urge complementarla con medidas de fortalecimiento institucional, como el establecimiento de un período legal de su titular. Además, brindar autonomía al área de investigación respecto de la instancia sancionadora. Por último, generar mayores espacios bajo los cuales intervengan los jueces y tribunales.

La iniciativa en comento sería un gran paso en cuanto a los nuevos temas que incorpora. Sin embargo, para que sea una reforma integral falta cambiar el modelo de protección, para que sea menos centralista, burocrático e inquisitorial. Aprovechemos esta oportunidad para transitar a un nuevo modelo basado en la confianza y corresponsabilidad entre gobierno, empresa y sociedad.

***

Como lo señalo en el artículo, el año pasado fue de intensa participación en foros internacionales. Tuve la oportunidad de ser ponente en el International Consumer Product Health and Safety Organization (ICPHSO), en donde expuse el marco de seguridad de producto en México, comparado con sus socios comerciales EUA y Canadá; la Cumbre de Seguridad de Producto organizada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Superintendencia de Comercio de Colombia (SIC), en donde expuse cómo fortalecer la reputación de las empresas que desarrollan buenos procesos de seguridad de producto (aquí puede verse la conferencia); el Foro Iberoamericano de Agencias de Protección al Consumidor (FIAGC), celebrado en Perú, donde abordé el tema de la autorregulación y las mejores prácticas comerciales; finalmente la Tercera Cumbre de Seguridad de Productos del TLCAN, en México, en donde expuse cuáles son las mejores prácticas en la materia. Aquí les comparto algunos testimonios fotográficos.

Orden de las fotografías: 1) En Colombia con la Directora de la Red de Consumo Seguro y Salud de la OEA, Evelyn Jacir, evento al que fui invitado por la SIC de Colombia; 2) Las siguientes fotos fueron en el FIAGC de Perú: i) con el Presidente del INDECOPI de Perú, Hebert Tassano, quien me hizo favor de invitar; ii) Carlos Arnaiz, Vicepresidente de la agencia española responsable de la protección al consumidor; iii) Yanci Urbina, titular de la agencia de El Salvador; iv) Mónica Ramírez, Superintendente Delegada de Colombia, y Cynthia Zapata, titular de la materia en Costa Rica, quien por cierto, será la próxima presidenta del FIAGC; v) Juan Luís Crucelegui, Jefe de Políticas de Competencia y Protección al Consumidor de la UNCTAD, en donde participo en el Grupo de Expertos de Competencia y Políticas del Consumidor COMPAL

Participación en el Foro Internacional sobre Seguridad de Producto en Colombia.

La primera semana de septiembre tuve el honor de participar en el Primer Congreso Internacional sobre Seguridad de Productos, organizado por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. El encuentro se desarrolló en la bellísima ciudad de Cartagena y fue la oportunidad para convocar a especialistas y autoridades de latinoamericanas, estadounidenses y organismos internacionales, como la OEA y la OPS.

Claramente existe en las autoridades latinoamericanas una clara intención de avanzar en el tema de seguridad de producto, tanto desde la perspectiva de regulación y normatividad, de los mecanismos para construir mayor responsabilidad de las empresas y conocimiento y educación de los consumidores. Mi participación estuvo orientada a reflexionar sobre cómo la integridad y confianza de una empresa en materia de seguridad de producto, contribuye a avanzar en su reputación y mejor imagen con consumidores, competidores y reguladores. De ahí que resulta fundamental identificar un adecuado esquema de cumplimiento regulatorio, recalls, manejo de crisis y comunicación corporativa, entre otros aspectos.

Muchas gracias al Superintendente de Industria y Comercio y a la Superintendente Delegada en materia de protección al consumidor, por haberme invitado. Sin duda hay mucho que recorrer en todos nuestros países, y estos espacios son de gran utilidad para compartir experiencias y prioridades.

Aquí me encuentro con buenos amigos, como Evelyn Jacyr, quien en la OEA creó la Red de Alertas Rápida, Josep Tous, experto internacional, y las autoridades de República Dominicana.

Aquí me encuentro con buenos amigos, como Evelyn Jacyr, quien en la OEA creó la Red de Alertas Rápida, Josep Tous, experto internacional, y las autoridades de República Dominicana.

Los maestros… y alumnos.

En este Día del Maestro tengo una doble razón para festejar y disfrutar. Por un lado, continuar con la confianza del ITAM, quien desde hace diez años me ha dado la oportunidad de dialogar, reflexionar, debatir y aprender de sus alumnos. En este semestre impartí el segundo curso sobre “La Empresa ante la Regulación, la Competencia y los Consumidores”. Gracias a los alumnos por enriquecer el contenido y el análisis y por, en esta ocasión, haber tenido que madrugar para clase de 7:00 am. Juntos revisamos las principales razones por las que el Estado limita o restringe las libertades económicas, y en particular la empresarial, por razones de tutelar la competencia económica o derechos de los consumidores. Asimismo, presentaron 7 casos de de gran relevancia y actualidad, en donde existen conflictos en materia de normas técnicas, publicidad, contratos de adhesión, tutela de la competencia, concentraciones, mercados regulados (PEMEX o aeronáutica), incluso el tema Google. Agradezco a una de las mejores abogadas en materia de competencia económica, Laura Méndez, que me haya hecho favor de acompañar en este curso para brindarles el capítulo respectivo de una manera dinámica y atractiva.

“La Empresa ante la Regulación, la Competencia y los Consumidores. ITAM, mayo 2015.

Por el otro lado, este semestre tuve la muy grata experiencia de ser profesor de asignatura en la UNAM. Gracias a la Dra. Issa Luna Pla, di el curso sobre “Régimen Jurídica de la Publicidad”, a alumnos de la Licenciatura de Comunicación, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Gracias a un grupo de gran talento y compromiso, no solo estudiamos los principales aspectos de la regulación comercial, sanitaria y financiera que incide en la publicidad. Además, analizamos cerca de 40 casos en los que las autoridades han sancionado productos publicitarios por ser ilegales, abusivos o engañosos. El análisis de estos casos es de gran importancia para entender qué tipo de empresas son realmente abusivas y engañan intencionalmente, y cuáles buscan corregir y enmendar sus afirmaciones publicitarias. Agradezco a Jorge Paz Arellano, quien me acompañó en este curso y con su gran experiencia en derecho de la información, contribuyó a encontrar la información pública adecuada para el análisis y discusión de los casos.

Régimen Jurídico de la Publicidad. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, mayo 2015.

Régimen Jurídico de la Publicidad. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, mayo 2015.

Zapata lucharía por Uber y los food trucks.

¿Cómo analizar caso de Uber a la luz de principios políticos y económicos básicos? ¿Tendría algo que opinar al respecto Emiliano Zapata? Estoy convencido que sí, pues su lucha fue por la pequeña propiedad y nuestra libertad económica. En las ciudades, Zapata lucharía porque el emprendedor, el innovador, el que se autoemplea, pudieran romper las cadenas de un Estado sobrerregulador y voraz. Apoyaría a quienes tienen una pequeña propiedad tipo food truck y que le quiere agregar valor. Hay que estudiar más a Zapata y entender sus luchas agrarias, desde una perspectiva urbana, pues el opresor de inicios del S. XX es muy diferente al de hoy, pero en ambos casos existe ese principio fundamental en que hay que reconocer a la propiedad privada como una libertad fundamental, la cual con el trabajo se le agrega valor y genera beneficios sociales y por tanto es el medio idóneo para desarrollarnos de manera autónoma. Les invito a leer mi colaboración en Animal Político: Zapata lucharía por Uber y los food trucks.

De Springbreakers, Inversión y Estándares.

La sabiduría popular permite en ocasiones entender la clara dimensión de nuestra realidad. “Dios los hace y ellos se juntan”, describe cómo las comunidades se integran por personas que responden a incentivos y conductas semejantes, donde  la virtud y el vicio, siendo los dos extremos, enmarcan la aspiración o fracaso de éstas. Así, las comunidades lanzan señales que generan identidad y atracción a sus semejantes: i) legalidad, transparencia, responsabilidad, atraerán a personas que busquen esos mismos valores; ii) corrupción, compadrazgo, influyentismo, atraen a quienes se benefician de estos elementos en la toma de decisiones.

¿Qué señales envía el país y su clase política a posibles inversionistas? Desde conflictos de interés, hasta riqueza injustificada –desde casas aquí o en el exterior, relojes, autos, viajes, etc.- ; desde alcaldes que confirman haber robado un poco y levantan faldas a sus invitadas en fiestas de 10 millones de pesos, hasta partidos que gastan en sus campañas cantidades exorbitantes e ilimitadas; desde legisladores y gobernadores que se llevan moches y comisiones millonarios por contratos y licitaciones públicas, hasta quienes ofrecen concesiones desde la SCT –trenes, aeropuertos, caminos, etc.- con ventajas para sus interés personales y políticos. La lista sería interminable, pero la nota común es la impunidad y la visión de que es la única forma de hacer las cosas en este país. Estas son las señales que se envía y de ese tamaño serán los perfiles nacionales y extranjeros que inviertan en México. Claro que existen muchos esfuerzos importantes que buscan hacer las cosas de manera legal, pero para estos es mucho más difícil y complejo.

En este escenario, y ante un gobierno que es muy gastón en infraestructura y que tiene la responsabilidad de abrir el sector energético, surge la pregunta: ¿se ahuyentarán inversiones? Algunas autoridades de manera cínica responden: por supuesto que no, estas empresas están acostumbradas e estos entornos de corrupción, como el de México. Y aquí es donde tenemos que actuar. Estoy absolutamente convencido que la empresa privada debe participar en el sector energético, ¿pero queremos que lo hagan quienes están dispuestas a llegar con portafolios de efectivo para repartirlos ilegalmente por todos lados? Si no elevamos los estándares de nuestros mercados, el riesgo es que nuestra economía se desarrolle y crezca sólo a partir de la corrupción, lo cual consolidará el poder oligárquico de algunos cuantos y aleje los beneficios sociales de estos procesos de liberalización. De ahí que urge abordar este tema y evitar que el mal endémico que tenemos, haga metástasis y sea imposible solucionarlo. Les comparto mi colaboración de hoy en Reforma Negocios.

 

BERNARDO ALTAMIRANO RODRÍGUEZ

DE SPRING-BREAKERS, INVERSIÓN Y ESTÁNDARES.

¿Por qué será que muchos mexicanos tienen un comportamiento en nuestro País tan contrastante con el que tienen al cruzar la frontera a EU? ¿Por qué estos no se atreverían allá ni a pasarse un semáforo? ¿Es una razón cultural, de dobles estándares o de incentivos? Mientras aquí el incentivo es a transgredir, allá es a cumplir. Esta realidad se agrava si reconocemos que este fenómeno también ocurre en sentido inverso. Basta observar cómo en esta temporada nuestras playas se saturan de los conocidos spring-breakers, quienes vienen al País a hacer todo lo que no pueden en el suyo, pues aquí el entorno lo permite e incluso fomenta. Son turistas que vienen a darle la vuelta a la ley. Derraman sus recursos a costa de depredar y corromper los nuestros.

Lo mismo pasa en el mundo de negocios. Nuestras empresas llevan varias décadas luchando por ser más productivas y competitivas. Principalmente, aquéllas que se han integrado más al comercio global, en particular al TLCAN, lo han logrado (McKinsey Global Institute 2014), gracias a elevar sus estándares a la altura de las mejores prácticas internacionales, tanto para su desempeño nacional como en el extranjero. Al respecto, las empresas tradicionales se han rezagado y cada vez la distancia entre ambas es mayor. Esta desigualdad de estándares reduce la confianza en el mercado y tiene múltiples vertientes -responsabilidad corporativa, controles de calidad, relaciones laborales, ambientales, cumplimiento regulatorio, atención a consumidores, mecanismos anticorrupción, contratación de servicios legales y relaciones públicas, entre otras-. Al igual que con los spring-breakers, lo inverso también ocurre con empresas extranjeras que operan en el País. Mientras la gran mayoría sigue estándares internacionales, existen algunas que los bajan y presentan parámetros de prácticas comerciales diferentes, lo que se refleja en un trato diferenciado a los consumidores, a la competencia y a la autoridad.

El caso más reciente es la marca Reebok, propiedad de Adidas, la cual con un mismo caso de publicidad engañosa enfrentó de manera diferente su responsabilidad frente a las autoridades y consumidores de EU y México. Mientras que allá llegó a un arreglo con la autoridad para pagar 25 millones de dólares a los consumidores engañados, aquí optó por seguir una estrategia litigiosa chicanera, la cual fue aceptada por dos instancias judiciales. Afortunadamente, la Suprema Corte le puso un alto a esta situación. Si bien Reebok actuó con base en incentivos de mercado y judiciales locales -el Papa Francisco diría que se “mexicanizó”-, es el momento de que reconozca que se equivocó y que les tendrá a autoridades y consumidores mexicanos el mismo respeto que tuvo con los de EU.

Este ejemplo ilustra las señales que manda el mercado mexicano a inversionistas extranjeros: altos niveles de corrupción gubernamental, conflictos de interés impunes, moches y comisiones, procesos judiciales opacos, derechos de propiedad inciertos, mínimo crecimiento, entre varios aspectos. Ante esta realidad, resulta prioritario fortalecer nuestro mercado y comunidad de negocios elevando estándares, donde la empresa tiene la gran oportunidad de ser el motor transformador. En inminentes inversiones, como la energética o aeroportuaria, debemos tener cuidado, pues ante las señales descritas, existen riesgos considerables de que las empresas con mayor responsabilidad corporativa -las cuales construirían capital social y humano- se alejen y así inviertan empresas spring-breakers, que tienen prácticas comerciales controvertidas y agravarán la corrupción. Por eso hay que elevar los estándares y que los nuevos inversionistas contribuyan a mejorar nuestro entorno económico y social y no a replicar malas conductas, como el despacho de litros de gasolina incompletos o prácticas anticompetitivas en servicios aeroportuarios.

En el ámbito gubernamental urge eliminar la simulación de servicio civil de carrera, para que los inversionistas conozcan mejor la trayectoria de largo plazo de los servidores. Tenemos grandes servidores públicos, que comparten riesgos y reputación con quienes abusan y tienen conflictos de interés. Hay que darles mayor brillo a los primeros y que salgan a flote los segundos. Así, un inversionista se sentará con autoridades que promueven efectivamente el interés público y no el enriquecimiento propio.

La agenda empresarial para elevar los estándares es amplia. Desde la promoción de códigos de mejores prácticas comerciales, sellos de calidad y mecanismos de autorregulación, así como lineamientos anticorrupción, como los que publicó el CCE. En el ámbito académico hay que fortalecer los contenidos de responsabilidad social y corporativa. En el ámbito judicial urge avanzar con la propuesta del Ministro José Ramón Cossío sobre la colegiación, para generar un mercado de servicios legales más transparente y con más incentivos orientados a la reputación y mérito. Al elevar nuestros estándares, construiríamos mejores incentivos de mercado y evitaremos que las nuevas oportunidades de inversión sean benéficas para spring-breakers.

¿Reforma integral de la Profeco?

En días recientes se ha abierto el debate sobre la posibilidad de hacer una reforma integral a la Ley Federal de Protección al Consumidor y consecuentemente de la Profeco. Al respecto, les comparto la entrevista que me hicieron en Reforma Negocios y se publica hoy, en donde analizamos diferentes oportunidades para mejorar la tutela de los derechos de los consumidores. En la nota se enfatizan las propuestas en materia de verificación, pero quisiera retomar otros aspectos también propuestos.

Desde diciembre de 2011 señalé que el modelo de protección al consumidor en México está superado, pues éste se caracteriza por una visión centralista, inquisitoria y excluyente. En este sentido, el dotar a una sola instancia de todo un conjunto de atribuciones en la materia ha excluido que participen y tengan responsabilidades otros niveles de gobierno, las organizaciones de consumidores, la empresa y otros grupos de interés. En ese sentido, desde hace al menos 20 años las relaciones entre Estado y empresa han cambiado radicalmente, y por lo mismo es importante reorientar el papel de instituciones como la Profeco. Al respecto, convendrá distribuir mecanismos de protección a otras instancias y transitar a un modelo basado en la corresponsabilidad y construcción de confianza.

Aquí hay dos aspectos clave. Por un lado, la definición de los derechos básicos de los consumidores. En este terreno pienso que nuestra legislación comparte elementos con las regulaciones y políticas públicas más avanzadas en el mundo. Por el otro lado, los mecanismos de los que dispone la autoridad –la Profeco- para verificar el debido cumplimiento de la ley. Aquí es donde se encuentra el debate sobre la eficacia y eficiencia de los instrumentos de verificación. Al respecto he escrito en otras oportunidades lo burocrática y compleja que es la función de verificación a cargo de diferentes instituciones que hacen visitas a establecimientos comerciales, por lo que amerita un debate transversal y profundo, que permite generar mayor certidumbre jurídica y que el cumplimiento de la ley sea generalizado. Asimismo, también he escrito que para aligerar la carga de los costos de verificación, se deben introducir incentivos de mercado.

En la entrevista hago mención expresa que en el terreno de combustibles ya no tiene razón que la Profeco tenga toda un área de verificación de combustibles, dado que la reciente reforma energética genera nuevos incentivos de mercado para que la competencia sea la base de un nuevo marco de cumplimiento de la ley. Este planteamiento lo sostengo desde que entró en vigor las NOMs 005 y la 185 en materia de despacho de gasolina, pues el diseño histórico con el que se ha pretendido que los consumidores gocen litros de a litro parece una paradoja: el Estado (vía Pemex), que hasta hoy, es quien goza de la venta exclusiva de gasolina en el país y quien tiene también la exclusividad de otorgar franquicias para que particulares abran estaciones de servicio, le otorga a otra entidad del mismo Estado (Profeco), la responsabilidad de que verifique que no nos roben, cuando en realidad debería generar un mercado con más competencia y rivalidad entre proveedores. En pocas palabras es el mismo perro persiguiéndose la cola. La competencia generará una nueva dinámica de verificación en el sector de gasolina y gas LP.

Otro aspecto clave en materia de verificación, es que al igual como se avanzó en el diseño de la actual COFECE, en la Profeco se deben dividir las áreas de verificación e investigación, de las que resuelvan los procedimientos para que se sustancien en forma de juicio y eventualmente conduzca a una sanción.

Por último, les comparto nuevamente un policy brief que Central Ciudadano y Consumidor y CIDAC hicieron en 2013, “Políticas de Competencia y Protección al Consumidor: Hacia una convergencia necesaria”, en donde a partir del análisis de diferentes mercados, así como sistemas de protección de consumidores y competencia más avanzados en el mundo, proponemos la fusión entre la hoy COFECE y la Profeco, con el objeto de que ambas políticas converjan para así avanzar en ampliar el bienestar de los consumidores y el ejercicio de sus derechos.