El Momento de la Cofece y de México

De repente parece que todo se desmorona. Instituciones centenarias como el federalismo, simplemente no dan los resultados en beneficio de la gente, con mejores servicios y bienes públicos. Las instituciones de seguridad pública y justicia no encuentran el método para salir del atolladero que enfrentamos. Las instituciones electorales y partidos políticos no generan certidumbre, credibilidad ni esperanza en los ciudadanos. Estos son solo algunos ejemplos sobre el ánimo de nuestras instituciones. En este contexto, existe una luz esperanzadora, que desde hace 20 años muestra una evolución progresiva y que parece ser que encuentra su equilibrio. Se trata de nuestra agencia antimonopolios, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). Sin duda se trata de un caso que debe estudiarse e identificar cuáles son las lecciones de aprendizaje y que podamos trasladar a otros frentes. Les comparto mi reciente artículo de Reforma.

Screen Shot 2017-07-05 at 10.49.35 AM

Ética, legalidad y empresa.

Ética, legalidad y empresa son el triángulo virtuoso que requiere nuestro país. Desde nuestra fundación como Nación, hemos probado múltiples fórmulas. Muchas de éstas han fracasado. Necesitamos reconocer y probar la fórmula de la libertad, manifestada a través de la empresa. Por eso, tenemos que simultáneamente fortalecer los canales de la ética y la legalidad. Les comparto mis ideas sobre este tema.

 

¿Cómo reducir los riesgos legales de tu empresa?

Las empresas enfrentan todos los días múltiples riesgos legales. Esto significa que ante una multiplicidad de leyes, reglamentos, normas y regulaciones, puede existir desconocimiento y ambigüedades y contradicciones en la interpretación de éstas, así como incertidumbre respecto de la aplicación, verificación y posibles infracciones y multas que determinen las autoridades.

Por eso, la gran tendencia contemporánea consiste en diseñar y aplicar programas de administración de riesgos legales y cumplimiento regulatorio. Conoce cómo identificar estas necesidades en tu empresa. Les comparto mi colaboración.

Energía, democratización y futuro.

Entiendo tanto el malestar social que genera el gasolinazo, como la eliminación del subsidio a gasolinas. De hecho, coincido en que se trataba de una política regresiva. Lo anterior no significa que el gobierno no debió prevenir programas de transición y comunicación que explicaran mejor esta medida. Para agravar este asunto, hoy el presidente EPN afirmó que se nos acabó la gallina de huevos de oro (en referencia a las fuentes petroleras). Además de no coincidir en el fondo con él, la forma se me hace terrible, pues no sé si sea la mejor forma de atraer inversiones para la reforma energética.

En este sentido, en esta crisis tan grave, sin duda ya se levantan voces que exigen cancelar la reforma energética. Esta es la parte más preocupante, pues la historia de los monopolios públicos mexicanos, junto con instituciones antidemocráticas, fueron los dos rieles por los que se desplazó el tren del régimen autoritario en México por varias décadas. Regresar al modelo de monopolio anterior, significa seguir apostando al fracaso, al compadrazgo, al secuestro del conocimiento, como ha ocurrido hasta el momento. De ahí que es muy relevante no solo defender la reforma energética, sino vincular a ésta con las principales causas democratizadoras del país y articularla con pyme y consumidores. Que se observe que es una reforma de interés social, no solo para que unos cuantos hagan negocio. De esta manera, les comparto mi colaboración hoy en Reforma: Energía, democratización y futuro.

BERNARDO ALTAMIRANO RODRÍGUEZ
Energía, democratización y futuro
La lucha histórica por la democratización de México encontró en la reforma electoral la piedra angular que permitiría conseguir la tan ansiada alternancia política, mientras que desatendió el efecto que las empresas monopólicas del Estado tienen en nuestra modernización, cuya comprensión ha sido insuficiente y llena de mitos. Incluso, la mayoría de la sociedad que aplaudió la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, hoy desconoce la realidad de empresas como Pemex o CFE, cuyos intentos reformadores fueron anteriormente bloqueados, en gran medida porque los argumentos fueron básicamente económicos, no vinculados al desarrollo democrático. En efecto, nos preocupamos por encontrar en los sótanos de Bucareli los cadáveres del antiguo régimen, cuando hoy se evidencia que éstos se encuentran en Marina Nacional.

Gobiernos autoritarios en todo el mundo se han basado en economías dirigidas y empresas monopólicas, particularmente del sector energético, para financiar su control político. A pesar de alternancias, México no acaba de encontrar el sentido democrático de sus empresas públicas como palanca del crecimiento. Por décadas vimos cómo Pemex y CFE fueron objeto de la intervención directa de gobiernos, lo que condicionó su desarrollo a manipulaciones políticas y sindicales que incidieron en precios e inversiones. La ausencia de competencia impidió que se desarrollara de una manera eficiente la industria. De ahí que aún en este siglo, la mayoría de los directivos de estas empresas públicas han sido más políticos o expertos en finanzas públicas que líderes empresariales, pues el interés sigue siendo cómo salvarlas de los boquetes y pérdidas que les generan tantos procesos ineficientes, así como su sometimiento a las finanzas públicas del país. No obstante, las pérdidas de Pemex y CFE son escandalosas.

Por otro lado, monopolios como Pemex cancelaron la posibilidad de innovación industrial y comercial. Si en efecto hubiéramos tenido una perspectiva de desarrollo nacional, esta industria se hubiera vertebrado con emprendedores y pymes que pudieran innovar en tecnología o cadenas de suministro, como ejes de la transformación nacional. En cambio, se prefirió privilegiar la relación política con el sindicato y con un puñado de empresas que han anclado el desarrollo de la industria y secuestrado el conocimiento. Así, el número de patentes en México en este sector es infinitamente menor a lo que han contribuido empresas privadas o mixtas en otras partes del mundo. En lo comercial, para avanzar en la satisfacción de los consumidores, llegamos al absurdo de que una agencia del Estado verificara a franquicias coordinadas por ese mismo Estado -en muchos casos otorgadas por compadrazgo o criterios políticos- para vender un producto exclusivo del Estado. Todo esto para una pelea por el litro de a litro, cuestión que la competencia corregiría con mayor eficiencia y eficacia. Finalmente, en materia de mejores prácticas corporativas, por un lado, sólo hasta años recientes se avanzó en la figura de consejeros independientes; por el otro, se contaba con una gerencia social, de fachada filantrópica, pero en realidad era quien daba los cañonazos de billetes para llegar a “acuerdos” con gobernadores, alcaldes, y líderes sociales. Todos estos aspectos sazonados por una nauseabunda corrupción. Por eso Pemex es la historia de las oportunidades perdidas y del saqueo legalizado. Con esto se rompe el mito de que somos un país petrolero; pues solo hemos extraído y dilapidado nuestros recursos energéticos.

Así, el malestar que genera el “gasolinazo” nos exige ver a profundidad el problema y evitar que por encontrar alternativas sepultemos el camino de la competencia energética que empieza a trazarse y que nos permitirá dejar atrás esa historia de fracasos y corrupción, y adentrarnos en una dinámica de conocimiento, innovación, crecimiento y bienestar del consumidor. Para esto, exijamos al gobierno, cuyo partido bloqueó en otra ocasión la reforma energética, que construya de la mano de ciudadanos y pymes una agenda democratizadora y de crecimiento en la materia, pues de lo contrario su “apertura” de hoy tendría la sombra de la desconfianza de ser un conflicto de interés para hacer negocios. En este ejercicio, se deberá rendir cuentas puntuales sobre Pemex y CFE, sus directivos, contratistas, franquiciatarios, decisiones de inversión, nombramientos, programas incumplidos, y evaluar el impacto de la política energética en las condiciones actuales del precio de la gasolina. Estos monopolios sostienen con pinzas nuestra viabilidad financiera, cuando deberían ser la industria que funja como motor de desarrollo y de una efectiva cultura basada en el mérito y la competencia. Por último, delinear cómo se vincula esta reforma y sus perspectivas con nuestro futuro, sustentabilidad, soberanía y nuestras finanzas públicas. Todo lo anterior implica invertir en lo que al Gobierno le cuesta más construir: confianza.

Obesidad sin freno.

La obesidad y sobrepeso en el país no tienen freno. El famoso impuesto a bebidas azucaradas y alimentos de alto contenido calórico que se aprobó en 2013 y entró en vigor en 2014 fue una mala política pública. Ni detuvo sustantivamente el consumo de estos productos, ni se tradujo en una reducción a la obesidad ni en mejores servicios de salud pública. Desde esas complicadas discusiones, en Central Ciudadano y Consumidor fuimos los primeros en advertir que no se trataba de un impuesto de salud pública, sino estrictamente recaudatorio. Asimismo, expusimos la complejidad social que se encuentra detrás de este fenómeno, que indudablemente es el problema y reto más importante que tenemos en materia de salud pública. En la actualidad, tal cual como se anticipó, el cobro de este impuesto no ha servido mas que para que el Estado tenga más recursos, pero sin impacto en el Índice de Masa Corporal (IMC), más bebederos con agua potable en las escuelas, ni mejores instalaciones ni metodologías de tratamiento médico a los pacientes.

A finales del año pasado, se publicaron los resultados de la Ensanut 2016 en la que se evidencia que en la mayoría de los rangos generacionales, sociales y en ambos géneros, la obesidad y el sobrepreso crecieron. Sin embargo, no se conoce a qué se destinaron esos recursos multimillonarios del impuesto ni su beneficio en la salud de nosotros. Justo antes de que se publicara dicha Encuesta, participé con el Sen. Armando Ríos en una discusión sobre este tema en el Canal Once, mismo que les invito a ver y seguir formando parte de este debate.

 

Hagamos de México nuestra empresa.

Los resultados de Pisa demuestran un proyecto educativo fallido. La solución debe ser integral y sobre todo transitar de una educación dirigida a monopolios, sindicatos públicos y programas clientelares, a otra dirigida a las empresas, competencia e innovación. Debemos transformar las redes, nodos y contenidos del conocimiento en el país, y hacerlo en conexión con la empresa. Es la forma de crecer.Les comparto mi colaboración de hoy de Reforma: Hagamos de México nuestra empresa.

BERNARDO ALTAMIRANO
Hacer de México nuestra empresa
 A lo largo de los años, los malos resultados de México en la evaluación Pisa han sido una llamada de atención. Ahora, los más recientes parecen entonar un réquiem a nuestra unidad y viabilidad como Nación. Si no lo entendemos así, seguiremos en una eterna autocomplacencia. Este resultado evidencia recursos mal invertidos y derrochados que no se tradujeron en ampliar las oportunidades y competencias de los niños, en una digna fuente de empleo para los maestros o en tecnología y contenidos educativos de vanguardia. Esfuerzos que no ha servido para construir comunidad, civilidad ni cohesión social, sino burocracias, conflicto, violencia y corrupción. Se trata de la más grave tragedia social que enfrentamos, ante la cual la receta tradicional ha consistido en ampliar presupuestos y burocracias, pero omitimos evaluar integralmente el ecosistema en que se desenvuelve la educación, pues ni el mejor contenido pedagógico puede tener por sí mismo un destino exitoso ante la carencia de un entorno que incentive el conocimiento, la competencia y el crecimiento.

Todavía hasta hace pocos años teníamos un régimen monopólico en múltiples industrias, lo que atrofió los canales que vinculan a la educación con el empleo, con la innovación y con el crecimiento. Los efectos de ese fallido modelo económico en la educación todavía los padeceremos por mucho tiempo, por lo que urge construir nuevos paradigmas con una visión de largo plazo. Nuestra historia reciente muestra un intento por vertebrar a nuestro país mediante monopolios, sindicatos públicos, programas clientelares y burocracias, en lugar de apostar al desarrollo empresarial, al impulso de la competencia y la búsqueda de nuestra libertad. Así, cualquier modelo educativo estaba destinado al fracaso al topar con el peor muro que hemos enfrentado.

El primer paso implica avanzar en la agenda de libertades y dirigirnos en lo interno hacia un libre mercado efectivo, principalmente en lo local. Además, requiere entender a la ciencia, arte, tecnología, agricultura, ocio, etc., como medios idóneos para crecer a través de la empresa, la sociedad y la competencia, y no mediante la explotación exclusiva del Estado y sus burocracias, quienes en todo caso deberían limitarse a incentivar y regular el desarrollo de sectores estratégicos. En efecto, se requiere reconocer que a diferencia de un sistema monopólico, de empresas públicas o intervencionista, el fortalecimiento y esparcimiento de empresas y del libre mercado son la fórmula para avanzar de una manera gradual e incremental en el conocimiento, así como en canalizar éste entre diferentes niveles socioeconómicos de una manera ágil y productiva. Sin duda, con esta vía se amplían, expanden y comparten las redes de conocimiento y se diversifican medios para fondear la investigación e innovación.

Por otro lado, es importante recordar algunos de los elementos que Tocqueville analizó sobre la libertad económica. Por un lado, la propiedad privada es un contrapeso a la expansión gubernamental, y aporta valor e independencia a los individuos. Por otro, la libertad de contratar diversifica y fortalece las relaciones entre las personas a partir de un sentido formal de dignidad y respeto recíproco. Así, las libertades económicas son esenciales para las libertades políticas, pues las fortalecen a través de un espíritu de autogobierno. De esta forma, la empresa y el comercio tienen un benéfico papel civilizador, pues encauzan a “los hombres a conducir sus propios asuntos y a conducirlos bien; así, los prepara para la libertad y los previene de las revoluciones”.

Por último, países que han experimentado exitosas transiciones políticas han encontrado en el crecimiento económico la mejor fórmula para consolidar su democracia liberal. Incluso, como dice Adam Przeworski, la viabilidad de una democracia es mayor en la medida que crezcan más rápido que al 5 por ciento anual; en cambio, la fragilidad de una democracia en inferiores niveles de desarrollo se vincula con su vulnerabilidad ante crisis económicas. Adicionalmente, casos como el de Corea del Sur y Taiwán confirman la relación entre el establecimiento de una democracia y el crecimiento de la clase media quien fue clave para desmantelar un estado autoritario.

Esta visión implicaría retomar un constitucionalismo liberal, que sirva para limitar al poder y prevenir la corrupción; aplacar esas legislaturas dictatoriales que quieren regular todas nuestras actividades, para dar prioridad a una moderna visión de derecho privado y retomar el valor de los contratos, como medio idóneo para reconstruir esa confianza interpersonal; fortalecer el valor de la propiedad y en lugar de buscar confiscar la plusvalía de ésta, promover políticas de economía compartida. Son medidas que no generarán popularidad, pues implica desmantelar los restos de un Estado autoritario y clientelar, pero debemos eliminar la cultura de la extracción y promover un espíritu decidido para que todos hagamos de México nuestra empresa, en donde florezca el conocimiento, la competencia y el crecimiento.

¿Movimiento Emprendedor?

Hacer empresa y avanzar en las libertades económicas en México son las tareas pendientes para dar por concluida nuestra turbulenta transición rumbo a la democracia. Necesitamos más ciudadan@s que ejerzan libremente sus profesiones y constituyan sus empresas, lo que incidirá en cómo se construye comunidad. Les comparto mi reciente colaboración en Reforma Negocios.

¿MOVIMIENTO EMPRENDEDOR?
Ciudadanía y empresa son dos pilares interdependientes de la democracia, que se edifican con la fuerza y dinamismo de las libertades políticas y económicas. En México, un determinante de nuestra transición democrática ha sido construir consensos en torno al primer tipo de libertades para empoderar al ciudadano. En cambio, el segundo tipo ha motivado la mayor polarización y no ha robustecido claramente a la empresa. Desde nuestra independencia no hemos entendido el papel del Estado en la economía, lo que ha impedido consolidar una cultura emprendedora, que surja del individuo mismo e incida en su entorno. Nos hemos preocupado más por abrir mercados, que por incentivar empresarios reales. Lo anterior representa un inminente riesgo, pues tenemos una democracia con déficit de empresas y emprendedores.

Los programas a favor de los changarros de Vicente Fox, de las Pymes de Felipe Calderón o del emprendedor del Presidente Peña Nieto, no encontraron la mejor fórmula para promover el espíritu de la libre empresa y el valor que esto representa para construir una mejor comunidad. Programas vienen y van, pero coinciden en la premisa de entregar recursos, sin necesariamente generar capital humano ni social. Esta mala inversión de dinero público ha sido evidenciada por la Auditoría Superior de la Federación, quien demostró la falta de control y de supervisión del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) en el otorgamiento de recursos por casi mil 500 millones de pesos, así como la carencia de indicadores o metas para evaluar cuántas empresas han sido creadas y su impacto. En este sentido, al igual que ocurrió con los temas agrario, indígena, partidos políticos, combate a la pobreza, etcétera, el emprendedurismo se convirtió en un movimiento -a la mexicana-, pues implicó burocratizarlo y crear fondos discrecionales y sin impacto efectivo. Debe romperse esta inercia y el terreno de la empresa puede ser el que detone un cambio profundo en la concepción de los programas sociales. Y es que queremos empresarios que innoven y ejerzan libremente sus profesiones, no que se vuelvan expertos en bajar fondos públicos en un entorno poco claro.

Lo anterior además cobra relevancia ante un presupuesto 2017, que recortó casi la mitad de los recursos de los fondos que maneja Inadem, mismos que este año ya habían sido reducidos en un 20 por ciento respecto de 2015. En este periodo se han ejercido cerca de 17 mil millones de pesos. Ante estas circunstancias es legítimo preguntarse si valió la pena este gasto y si tuvo algún impacto relevante, pues si bien hay que reconocer que la banca privada está muy lejos de cumplir con su función de financiamiento de Pymes y emprendedores, también hay que admitir que estos programas no son la solución.

Más allá de tratarse de objetivos loables, resulta indispensable priorizar resultados, sobre todo en el contexto del interés superior de nuestra democracia y crecimiento económico. El Presidente Peña Nieto debe perfilar su legado en este ámbito y reorientar la energía y recursos destinados para evitar que sean desperdiciados. Para ello, necesita articular instituciones como Nafin, Bancomext, ProMéxico, Bansefi, entre otros, en torno a una estrategia integral y de largo plazo. Incluso revisar la experiencia de instituciones exitosas como la Small Business Administration de EU, creada desde la época de Dwight Eisenhower. Dar un paso firme en eliminar fondos discrecionales y dotar al Inadem de un liderazgo disruptivo que confronte a gobernadores y alcaldes sobrerreguladores, medie con Hacienda y el SAT para identificar las más adecuadas medidas fiscales, fortalezca la propiedad intelectual e industrial, impulse la competencia y flexibilice fuentes de financiamiento privado, teja redes de valor y articule áreas estratégicas con emprendedores que aporten en innovación, vigile el piso parejo en licitaciones y contrataciones públicas, y combata la corrupción y el compadrazgo. De manera muy importante, el Inadem debe impulsar mejores condiciones de solución de conflictos en materia de cobros de las Pymes, en particular en lo que concierne con instancias gubernamentales y empresas públicas. Sin duda, desde este espacio se debe lanzar una gran discusión que redefina ese ogro denominado Rectoría Económica del Estado y proponga una adecuada definición de la propiedad privada y fortalezca sus mecanismos de defensa. El Inadem debe romper cadenas de control sobre la empresa y ser el promotor de un movimiento a favor de una nueva visión de legalidad y de la libertad empresarial, y así ser la pinza que complemente nuestro proceso de democratización. De lo contrario, la herencia que nos dejará será la de “emprendedores” que tomen calles por recortes a fondos gubernamentales.

Nuevos horizontes para la empresa en Latinoamérica

La relación entre el Estado y la empresa en América Latina es un relato que combina drama, suspenso, traición, represión, comedia, entre muchos géneros. Sin duda, históricamente ha imperado la tensión y la desconfianza, de ahí que se han desarrollado instrumentos regulatorios y de control, que en lugar de impulsar el crecimiento, lo obstaculizan. Sin duda han habido tintes ideológicos que en ciertas coyunturas han acentuado más esa relación de conflicto. En México sin duda, el apogeo de los años del nacionalismo revolucionario son una muestra de esa visión de supremacía de la actividad económica y productiva del Estado, por encima de la empresa. Por eso es muy importante el momento que se vive en la mayoría de los países de la región, en donde existe un reconocimiento sobre la inviabilidad de dichas fórmulas que fracasaron, y la debilidad financiera y operativa del Estado que ve cómo se desmoronan arcaicas estructuras de control. Esta tendencia pude comprobarla en mi reciente participación en el Foro Iberoamericano de Políticas de Consumidor, celebrado en Costa Rica, en donde los países transitan de una vision proteccionista a introducir mecanismos e incentivos de mercado. Al respecto, les comparto mi colaboración en Fortuna y Poder.

 

Constitución CDMX y Mercado

El Proyecto de Constitución para la Ciudad de México fue difundido hace poco días. Sin duda, es un texto que parece más una pieza retórica, que lo que busca ser la norma suprema de la Capital. Sus normas son más de carácter programático y teleológico, que jurídico. Además, tiene contenidos explícitamente ideológicos. El desarrollo de los temas es pobre, y en muchos casos, parece desconocer que existen temas ya claramente desarrollados por la Constitución General y tratados internacionales.

De manera específica, me preocupa el apartado económico, que tiene múltiples deficiencias y sobre todo, genera protecciones especiales a ciertas categorías, como son el caso de los comerciantes informales, a quienes les brinda garantías superiores a las que tienen los establecimientos formales. Si la Constitución CDMX no cuida estos aspectos, muy posiblemente se genere desconfianza de inversionistas en esta Capital y busquen otras localidades más seguras. Más allá de estas amenazas, el primer trabajo que debe hacer el constituyente capitalino es simplificar este proyecto churrigueresco. Les comparto mi artículo de hoy en Reforma.

BERNARDO ALTAMIRANO
Constitución CDMX y mercado
 “La simplicidad es la mayor sofisticación”, Leonardo Da Vinci.

Los rezagos estructurales del País son múltiples. Destaco dos que a lo largo de más de 2 siglos no hemos encontrado ni la fórmula ni el enfoque adecuados. Por un lado, nuestra experiencia constitucional es una historia de fracasos, en particular la era posrevolucionaria, en donde en lugar de consolidar una norma suprema que limite el ejercicio del poder en torno a las libertades y el marco de la ley, se ha privilegiado incluir fines políticos e ideológicos que inciden negativamente en el Estado de Derecho, la convivencia cívica, los derechos de propiedad y la cultura de legalidad. Por el otro, la economía es rehén de una herencia de un Estado omnipresente, que confunde la producción y distribución de la riqueza, y que por tanto inhibe avances sustantivos. Si bien el centenario de nuestra Constitución pareciera ser el momento propicio para romper estos rezagos, las señales que da la clase política anticipan que seguiremos en este laberinto sin salida de oportunidades perdidas.

Esta premonición surgió al revisar el Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, el cual reincide en los vicios descritos, en particular el capítulo denominado “Ciudad Productiva”, el cual contiene los pilares económicos que determinarán las relaciones entre Gobierno y mercado. El objetivo consiste en arribar “al progreso distributivo y al bienestar social”. Asimismo, reconoce que “toda persona tiene el derecho individual y colectivo a participar, contribuir y disfrutar de una economía que tenga por objeto el bienestar, la redistribución de la riqueza y la sostenibilidad social y ambiental”. Remata: “Esta Constitución reconoce la actividad económica como un bien de interés público que debe ser tutelado. Las autoridades proveerán lo necesario para que los emprendimientos económicos sean objeto de la protección y acompañamiento institucional”. Estos planteamientos son el preámbulo para leyes y reglamentos que serán emitidos con amplios márgenes de discrecionalidad en cuanto a la interpretación de dichos objetivos. En pocas palabras, es una Rectoría Económica del Estado recargada y amplificada.

Por otro lado, el Proyecto enmarca aspectos como los derechos de las “personas trabajadoras no asalariadas, autónomas o por cuenta propia”, el “derecho humano al trabajo” y reconoce derechos específicos a los vendedores ambulantes, para “desempeñar sus actividades y oficios en los espacios públicos de la ciudad… a la certeza jurídica, la seguridad física y la no represión” y prohíbe “toda forma de confiscación de sus productos”. Es incomprensible cómo genera un nivel de protección superior a esta modalidad comercial por encima de la de los establecimientos formales. Además, el riesgo de estos modelos institucionales es que quedan vulnerables ante conflictos en tribunales las “olvidadas”. Por último, el Proyecto contempla una serie de principios para proteger a “personas consumidoras y usuarias”, el primer paso para descentralizar funciones en materia de protección al consumidor y observar cómo el Tribunal Constitucional previsto dirime conflictos de esta naturaleza.

El espíritu del Proyecto destaca por su complejidad en su entendimiento, aplicación y cumplimiento. Urge depurar el contenido, particularmente en el terreno económico, donde como recuerda Hayek, el desarrollo y crecimiento de negocios es más fértil en el sistema de common law que en el napoleónico, como el nuestro. Así que conviene flexibilizar y simplificar los contenidos económicos del Proyecto y promover el desenvolvimiento de los agentes económicos y el fortalecimiento de eficaces tribunales. Además, la carga considerada en el capítulo de Carta de Derechos, es enorme, y los retos fiscales que enfrentamos como Nación evidencian que ya no podemos sostenernos ni ser viables con viejas fórmulas, sino mediante la generación de riqueza a partir de condiciones de competencia y seguridad jurídica, lo que pueda generar recursos para políticas redistributivas. Finalmente, es importante que el constituyente recuerde el diagnóstico de Agustín Basave -ex presidente del PRD-, quien indica que en México se crean normas alejadas de la realidad y muy complejas que propician la corrupción y que la mejor amiga de la legalidad es la sencillez.

Reforma Energética y Ciudadanía Corporativa

Las empresas públicas del sector energético en México no solo han sido la clásica historia que caracteriza a los monopolios gubernamentales: ineficiencias, insatisfacción de los consumidores, impulso de agendas políticas, corrupción, o manipulación de empresas gubernamentales y de las propias empresas públicas. Sin duda, el caso más emblemático fue la extinta LyFC. Esta historia ha sido también una oportunidad perdida para que a través de la fortaleza y alcance de estas empresas se pueda contribuir a desarrollar una ciudadanía corporativa, procesos más transparentes y democráticos de vinculación con comunidades y ciudadanos, y por supuesto de contagiar de manera positiva al entorno de negocios de mejores prácticas y estándares comerciales. Este aspecto es el que analizo hoy en mi colaboración de Reforma Negocios. Sin duda, la reforma energética representa una gran oportunidad para promover una real ciudadanía corporativa y que Pemex y CFE le apuesten a convertirse en agentes de cambio cívico y empresarial. Les comparto el artículo.

BERNARDO ALTAMIRANO
Reforma energética y ciudadanía corporativa
Las perspectivas e impacto de la reforma energética han sido analizados a profundidad en materia de inversión, tecnología, competencia y empleo, así como sobre la viabilidad de Pemex y CFE. Es natural que así sea, pero existe otra gran oportunidad que se deriva de las reformas: avanzar en una mejor cultura corporativa y entorno de negocios en el País.

La apertura detonó, por un lado, la creación de nuevas empresas mexicanas que buscan participar en el mercado energético, de entre las cuales, muchas fueron fundadas por exitosos líderes empresariales en otros sectores. Por el otro, abrió el apetito a empresas internacionales que tienen una amplia experiencia en múltiples países, y que han desarrollado estándares aplicables a diferentes ambientes regulatorios y de negocios. La gran oportunidad es que ambos aspectos contribuyan a delinear un mejor ecosistema empresarial, elevar los estándares y mejores prácticas y romper paradigmas en materia de servicios al consumidor.

La corrupción es la mayor amenaza contra esta oportunidad. Sin duda, en lo nacional, urge avanzar con el sistema anticorrupción y medidas ad hoc en este sector. En lo internacional, hay que aprovechar experiencias, como la de EU, en donde las empresas deben cumplir con la Ley contra las Prácticas Foráneas de Corrupción. Cabe recordar casos como el de Walmart, Siemens, HP o Goodyear, en donde se sancionaron actos de corrupción extraterritorial y se contribuyó a que este tipo de empresas tuvieran que diseñar y ejecutar complejos procesos corporativos para evitar incurrir en malas prácticas.

En el sector del petróleo, Pemex ha sido un referente en la economía nacional, aunque lamentablemente no en el de promoción de una ciudadanía corporativa, ni en el impulso de mejores prácticas. Ahora, tendrá que competir en cultura corporativa con empresas como Chevron o Shell -por mencionar dos casos. La primera -fundada en 1879- ha afianzado una sólida cultura corporativa en la que en todas las áreas de la empresa se enorgullecen del “Chevron Way”, la piedra angular de su accionar. Su precisa comunicación corporativa transmite un compromiso para enfocarse en la gente el desarrollo de las mejores prácticas de contrataciones públicas, alianzas con las ONG y think tanks, innovación en las relaciones públicas y contribuir a un adecuado entorno de negocios. Por su lado, Shell, desde 1907, también cuenta con una sólida cultura corporativa, tiene una firme agenda en materia de cambio climático y su visión apuesta a entender mejor el futuro del mundo y el papel que tendrán los energéticos en el mismo. Sin duda, estas empresas -con errores, faltas y aciertos- son un benchmark para Grupo Dragón, PetroBal, Carso Oil & Gas o Pemex, entre otras.

El caso de electricidad es igualmente interesante. La CFE recorre dos vías paralelas, pues por un lado es la empresa que más quejas tiene ante la Profeco y, por otro, avanza en definir su visión y en impulsar códigos éticos de conducta. Ambas vías convergerán cuando los consumidores y competidores sientan que los mecanismos de atención y su propósito se alinean. Comparemos con el caso de Florida Power and Light Company (FPL). Si bien tiene un marco regulatorio diferente, esta empresa conoce el valor que representan las quejas de los consumidores (ratio de 0.03/1000), para ajustar sus procesos y mejorar la experiencia del consumidor. Además, enarbolan una serie de elementos que el consumidor los asocia con la marca: servicio confiable, precios bajos (está en los rangos inferiores de todo EU), así como el de la mayor eficiencia en el mercado. Además, han desarrollado tecnología de primera en materia de medidores y tableros de control, en la que innova para que los usuarios conozcan su consumo eléctrico y sean más racionales.

Estos elementos y de otras empresas globales serán motivo de estudio por las nuevas compañías mexicanas. Pero también deben ser un referente para José Antonio González y Enrique Ochoa al identificar el legado que dejarán en el ambiente de negocios mexicano y cómo dotarán a sus empresas de un propósito que sea identificado por los consumidores. La reforma energética tendrá mayor potencial económico y democratizador en la medida que Pemex y CFE sean un referente de ciudadanía corporativa.

 

Procuración de justicia, watchdogs y satisfacción del consumidor: experiencia de un modelo colaborativo

Nuestro sistema de justicia no termina de generar la confianza y resultados que exigimos los ciudadanos. Todavía parece lejano el día en el que veremos la armonía entre el respeto al debido proceso y la eficacia de las investigaciones y resoluciones. Todo esto afecta nuestra percepción sobre la justicia y sobre el papel de policías, investigadores y juzgadores. Las discusiones sobre la justicia cotidiana no desencadenaron cambios notables, ni ajustes en las prácticas, que es donde, como lo comentaré, tenemos que avanzar mucho. Esta situación se explica por nuestro marco e incentivos institucionales que han construido una muy débil cultura de la legalidad y de justicia. Otro factor clave que se encuentra en el origen de esta situación, es el largo período autoritario, centralista y de corrupción por el que México atravesó, en donde, por un lado, las autoridades demostraban su “eficacia” por encima del respeto de derechos humanos y legalidad, en donde lo importante no era hacer justicia, sino encontrar culpables; por el otro, los ciudadanos nunca han desarrollado canales confiables de denuncia a las autoridades, sin que esto implique un riesgo a su propia integridad y seguridad. Este círculo vicioso tiene que empezar a detenerse con medidas muy concretas y medibles. Veamos el caso de cómo se construye justicia en el ámbito de consumidores con nuestros vecinos del norte y que he podido constatar en el marco de mi programa de Eisenhower Fellows, así como al apoyo incondicional de mis colegas de diferentes oficinas de Better Business Bureau (BBB) en Chicago, Saint Louis, Austin y San Diego, así como del Consejo de las BBBs.

Como lo comentamos en una anterior entrega, existen agencias que se especializan en proteger la seguridad de los consumidores al adquirir o utilizar sus productos de consumo (CPSC) o para evitar prácticas monopólicas, inequitativas o engañosas que afecten a la competencia o a los consumidores directamente (FTC). El principio y racionalidad de estos reguladores parte de que a ellos les corresponde aplicar el marco legal que diseñó el Congreso, y complementarlo con medidas regulatorias adecuadas y proporcionales. Aceptan sus limitaciones presupuestarias y de recursos humanos, pero sobre todo, que en el marco de un esquema federal, corresponde a los estados y municipios, colaborar en un esquema de competencias colaborativas en las que entre más cercana y local sea la procuración de justicia en materia de mercado y comercial, mejores resultados se obtienen, con mayor sensibilidad y claridad. Esta visión entonces admite la colaboración entre federación y estados, lo cual pude corroborar directamente en reuniones y testimonios que tuve con la Procuradora General de Illinois, Lisa Madigan, y su staff; el Jefe de la División de Protección a los Consumidores,  Dave Talbot, y el Jefe Adjunto, Paul Singer, ambos de la Oficina del Procurador General de Texas; así como la Jefa de Protección de los Consumidores, Kathryn Turner, y el Abogado Senior, Dave McKean, de la Oficina del Procurador Distrital de San Diego.

Cabe recordar que a diferencia de lo que existe en México, en EUA no existe una Profeco como tal, ni ninguna autoridad que centralice la protección de los consumidores, ni la investigación de ilícitos por parte de los negocios. De ahí que lo que quedó manifiesto en estas reuniones fue que las autoridades locales tienen un papel clave en defender los derechos de los consumidores y perseguir las prácticas que atentan contra la legalidad en el mercado. Lo hacen mediante mediaciones, pero también mediante la persecución y enjuiciamiento de quien viola la ley. Además existe otro factor fundamental: recordemos que la gran mayoría de los titulares de estas agencias de procuración de justicia son electos democráticamente por sus comunidades. Esto es un elemento que genera mayor compromiso y visibilidad a la agenda de protección al consumidor, pues representa un espacio de comunicación y confianza relevante para una posible reelección. Sin duda, los consumidores amplían su satisfacción con este modelo, pero también los negocios, quienes esperan que sus autoridades se desenvuelvan en el respeto al debido proceso y con apego a la legalidad. Sin duda, federalismo y legitimidad democrática contribuyen a construir mejores resultados.

Estas agencias no trabajan solas. Cuentan con la colaboración de diferentes organizaciones ciudadanas. El caso más relevante es el de la BBB, quien contribuye con dos funciones clave en este proceso (sin contar con el gran valor que aportan sus medidas informativas, como las reseñas de negocio o el promover mejores prácticas comerciales, mediante la acreditación de negocios). La primer función consiste en mediar entre consumidores insatisfechos con la empresa proveedora del bien o servicio. Esto tiene un gran dinamismo, pues en los últimos años, en promedio las oficinas de BBB en Norteamérica han mediado y resuelto conflictos en casi 1 millón de casos al año. Por estas razones es que uno de los puntos más importantes del Código de Mejores Prácticas de la BBB y que es clave para que un negocio amerite tener nuestro sello de confianza, sea el de: responder. Esto significa que quienes presentan nuestro sello tienen la obligación de atender y responder todas las quejas que presentan los consumidores, pues de lo contrario pueden ser desacreditados. En efecto, siempre puede haber un conflicto, pero lo importante es tener el compromiso de responder y buscar una solución, no esconderse.

La segunda función clave de la BBB en la materia es la de investigación y denuncia, con lo que se convierte en un watchdog estratégico para vigilar que los agentes de mercado se comporten de una manera ética y legal, y tener una perspectiva de largo plazo respecto del comportamiento y performance de los negocios. Esto es un gran valor. El trabajo de investigación de las BBB es fundamental, pues mediante el monitoreo permanente y el recibir quejas de los consumidores, revisan y constatan negocios, informan sobre quienes son o no confiables, mediante las reseñas de negocios y alertan a los consumidores para evitar caer en fraudes o ilegalidades. Esta tarea es de gran valor y reconocimiento social, pues ayudan a poner la atención de las autoridades sobre casos que tal vez sean de una cuantía menor o de gran valor económico, y con esto a que el ciudadano/consumidor se sienta escuchado, atendido y su problema reparado. Este trabajo confirma la naturaleza de que BBB es una organización sin fines de lucro, mediante la construcción de confianza de caso por caso -brindando satisfacción a consumidores-, con lo que se contribuye a esa efectiva justicia cotidiana.

Por último, dado que la BBB tiene más de 100 años en EUA y sus aportaciones han sido muy valiosas, las autoridades reconocen su utilidad y de esta manera, en todas las ciudades que describo, existe una “Fuerza de trabajo de protección a los consumidores”, que encabeza cada BBB, y en la que participan las agencias de procuración de justicia, la policía local, FBI, FTC y otras autoridades, con quienes se presentan y revisan los principales casos de abusos, ilegalidades y fraudes. Así, se crea todo un sistema colaborativo de protección, de promoción de buenos negocios, y de legalidad.

De esta manera, una procuración de justicia federalista y democrática, organizaciones sociales que coadyuvan con investigaciones, denuncias y solución de controversias, así como mecanismos interinstitucionales generan un modelo colaborativo que protege a los consumidores y fomenta las buenas prácticas comerciales, lo cual ha sido sin duda uno de los ejes que ha permitido que la economía de EUA se desarrolle de manera tan ágil, dinámica y con fundamento en la confianza. Sin duda en México elementos de este modelo pueden ser de gran utilidad, no sólo para el ámbito de mercado, sino para cualquiera en el que tengamos déficit en nuestra justicia cotidiana.

¿Cuál es la Responsabilidad Social de las empresas con el consumidor?

La agenda de Responsabilidad Social Empresarial avanza de manera constante en el país. Es una visión empresarial que ha llegado para quedarse y perfeccionarse. Sin duda, las empresas tienen múltiples responsabilidades que cumplir en torno a esta agenda, pero de manera específica, ¿cuál es la responsabilidad social de las empresas con el consumidor?

En nuestro país, el espacio para innovar y generar estándares desde el ámbito privado son reducidas, dada la gran cantidad de normas y reglas escritas que existen. De ahí que las empresas se preocupan más por cumplir la ley, que por identificar qué estándares propios o industriales pueden generar mayor lealtad de los consumidores. Lo anterior, dado que las regulaciones prevalecientes son de carácter social, y por tanto son obligaciones que las empresas deben cumplir. Lo anterior no debe ser un impedimento para que las empresas impulsen nuevos paradigmas. Los invito a leer en “Corresponsables“, sitio líder en el país en la materia, mi columna sobre la responsabilidad social de las empresas con los consumidores.

Los reguladores que protegen al consumidor.

En este Día Internacional del Consumidor dedico mi análisis a entender el mapa de agencias de reguladores que inciden en nuestra protección, ya sea mediante tutelar la competencia en general o nuestros derechos en particular, o atender temas muy especializados, como telecomunicaciones, energía y por supuesto los riesgos sanitarios. Esto nos permite tener como consumidores y empresas mayor claridad de a quién dirigirnos o qué aspectos regulatorios cuidar su cumplimiento. Les presento mi colaboración: Los Reguladores que Protegen al Consumidor.

¿Quién cuida la salud de los consumidores?

Mañana se celebra el Día Internacional del Consumidor. En este espacio hemos escrito ampliamente sobre los orígenes del festejo, y sobre los puntos que permiten integrar una nueva agenda en la materia, tanto en lo que corresponde a la industria privada, como en el terreno de servicios públicos. Así, los temas abordados han centrado su atención en la Cofece y la Profeco, siendo que las políticas a favor de la competencia y de los consumidores convergen y se complementan.

Este año para conmemorar el Día Internacional del Consumidor me enfoco en una de las principales agencias mexicanas en la materia que se ocupa de evitar que seamos perjudicados por riesgos sanitarios. Se trata de la Cofepris, quien avanza en ampliar sus competencias en los mercados de productos y servicios que pueden afectar nuestra salud: alimentos, bebidas, suplementos alimenticios, medicamentos, hospitales, donaciones de órganos, pesticidas y un largo etcétera. De ahí que resulta fundamental estudiar a fondo esta institución, para ir identificando cómo contribuir a que cumpla con sus metas de la manera más eficiente posible. Les comparto mi colaboración que publica hoy Reforma Negocios: El Día del Consumidor… y su salud.

BERNARDO ALTAMIRANO RODRÍGUEZ
Día del consumidor… y su salud
Las políticas y acciones que inciden en el bienestar y derechos de los consumidores se desarrollan desde diferentes frentes. Por un lado, tenemos dos agencias -Profeco y Cofece- cuyas amplias funciones convergen y se complementan. Por el otro, se han venido dotando competencias a instancias que cumplen con tareas más especializadas, como el IFT, la CRE o Conapred. Asimismo, vemos al Congreso y al Poder Judicial más activos, así como más y mejores organizaciones ciudadanas. En este concierto es importante recordar dos momentos históricos clave que impulsaron el movimiento de protección de los consumidores en EU por las graves afectaciones a la salud de estos -incluso la muerte-: las crisis del elíxir de la sulfanilamida (1937) y el de la talidomida (1962). Estos trágicos acontecimientos generaron una exigencia social por un mayor control en la industria de fármacos y dieron pauta a la creación de una agencia especializada para regular y prevenir riesgos sanitarios. Se trata de la Food and Drug Administration (FDA), quien gradualmente fue extendiendo sus funciones a otros terrenos.

En México, el equivalente de esta agencia es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que, a pesar de su juventud (2001), comienza a consolidar su valor social y económico ante consumidores e industria. Sus amplísimas funciones inciden en aspectos tan cotidianos como los alimentos, bebidas, suplementos alimenticios y medicamentos que tenemos en nuestros hogares; los cosméticos que usamos a diario; así como el control sanitario de la publicidad de todos los anteriores. También abarca temas de gran relevancia en materia de salud, tanto preventiva, como en el tratamiento de enfermedades, mediante la vigilancia de los establecimientos de salud, de ahí que con frecuencia se conoce de su trabajo contra las clínicas “patito”. Asimismo, desarrolla una constante batalla contra los productos milagro o contra la venta de alcohol ilegal, en donde rompió récord en 2015 al haber hecho decomisos sin precedentes. Éstas últimas funciones son las que parecen restringir la imagen de la Cofepris a una policía sanitaria, pero son sólo algunas de entre una gran variedad.

Resulta interesante observar cómo a pesar de su creciente protagonismo, existe escasa literatura sobre esta institución, así como sobre la racionalidad de la regulación contra riesgos sanitarios. Al respecto, una reciente publicación de Central Ciudadano y Consumidor recuerda que el fundamento de esta tarea se encuentra en el Artículo Cuarto Constitucional, que indica que “toda persona tiene derecho a la protección a la salud”. Sin embargo, garantizar este derecho debe hacerse de una manera armónica con otros principios básicos de la misma Constitución, en donde el Estado al regular propicie la competitividad y competencia en el mercado, para que los consumidores podamos disfrutar del acceso a productos y servicios bajo su control. De esta manera, la regulación debe ser proporcional al grado de riesgo sanitario que implica la actividad industrial, para que la reducción de riesgos no inhiba el robustecimiento de mercados, ni genere precios inaccesibles. Asimismo, la regulación no debe generar cargas desproporcionadas a la industria que sólo aumenten burocracia o trámites. Así, el arte consiste en encontrar el equilibrio entre las medidas de control y protección, con el adecuado y eficiente funcionamiento de los mercados.

Esta función regulatoria se vuelve más compleja de diseñar y ejecutar en un país con profundas divisiones sociales y económicas, y en donde prevalecen múltiples retos en materia de cumplimiento de la ley, informalidad y corrupción. Por un lado, los consumidores enfrentan diferentes niveles de riesgos sanitarios dependiendo de su entorno socioeconómico, incluso al adquirir productos o servicios de la misma categoría. Por el otro, en lo industrial, vemos un sector que avanza en competitividad, procesos industriales, innovación, mientras otro que se queda rezagado, alejado de la tecnología y con productividad decreciente. Esta realidad representa un gran desafío en la generación de instrumentos regulatorios y exige un entendimiento de nuestras diferencias sociales e industriales.

En todo este panorama vemos señales de una institución que se consolida, en parte gracias a un período de estabilidad, en donde por más de 5 años su extitular Mikel Arriola dio buenos resultados. De ahí el acierto en el nombramiento del nuevo titular, Julio Sánchez y Tépoz, quien por su previa experiencia en Profeco, Cofeco y la misma Cofepris, anticipa que desarrollará una visión integral. Esta estabilidad da resultados, permite enfocar mejor los programas y presupuestos, y contribuye a una mejor evaluación y rendición de cuentas. De ahí que incluso sería conveniente que el Congreso pudiera definir la duración del mandato del titular de Cofepris y demás comisionados. Sin duda existen retos enormes, pero en este Día Internacional del Consumidor tenemos razones para reconocer a una institución que avanza en cumplir sus funciones de bienestar social y de desarrollo económico.

 

 

Herencia compartida entre EUA y México: rumbo a un mundo de negocios sin fronteras.

Ayer tuve el honor de ser conferencista en el McCoy College of Business, de la Texas State University, en su Business Leadership Week.

La invitación me llamó de sobremanera la atención, pues fue en homenaje al trabajo de un líder de origen mexicano, Tomás Rivera, quien durante su vida académica en EUA (tanto en Texas, como en California), buscó generar puentes entre ambas naciones. En este contexto, me invitaron para que expusiera porqué razones estamos construyendo y desarrollando el Better Business Bureau (BBB) en México.

La reflexión que hice partió de explicar las grandes diferencias que existen en materia económica, política, social, legal y para los negocios, entre ambos países. Uno de los aspectos de mayor relevancia en esta comparación es la gran cantidad de regulaciones que existen en México (de acuerdo con el índice de libertades económicas del Cato Institute estamos por encima del lugar 90). Esto significa que sobrerregulamos nuestra vida económica y empresarial. Así que enfrentamos una contradicción, pues por un lado impulsamos desde hace varios años una profunda apertura comercial, mediante tratados. Por el otro, en el ámbito interno, ya sea federación, estados o municipios, ponen un yugo regulatorio muy fuerte a la actividad empresarial, lo que propicia su asfixia. Las regulaciones son restrictivas y no generan los incentivos para emprender ni abrir un negocio. Esta es una de las verdaderas razones de las migraciones, las graves asimetrías en la productividad y de la incapacidad de que los mexicanos desarrollen proyectos empresariales competitivos.

En este contexto, la importancia de contar con una BBB consiste en apoyar a los empresarios y profesionistas mexicanos que están comprometidos a hacer las cosas de manera correcta, a promover mejores prácticas comerciales, ética empresarial, en fin, una verdadera comunidad de confianza. Justamente con BBB queremos contribuir a cambiar la cultura empresarial, para que los incentivos se alineen en favor del emprendedurismo, legalidad, información y satisfacción de los consumidores. Queremos que BBB contribuya a generar incentivos positivos tanto de los consumidores, como de los negocios y profesionistas.

Los alumnos estuvieron muy participativos y con ganas de involucrarse con nosotros desde allá. Claro que estaremos encontrando fórmula de incorporar jóvenes tan talentosos.

Las PYMES y la privacidad de datos de sus clientes.

Esta semana inicio una etapa de colaboraciones quincenales en el Blog de Marco Antonio Mares, Fortuna y Poder.

La primera entrega la dedico al tema de la semana: la protección de privacidad de datos, cuyo día internacional se celebró el pasado 28 de enero. Durante estos días, a través de Better Business Bureau México, hemos diseñado una serie de productos informativos sobre protección de datos personales y privacidad, ciberseguridad y robo de identidad. Estos aspectos son algunos de los principales retos comerciales de la era digital, pues implica riesgos y vulnerabilidades que afectan a millones de consumidores en todo el mundo.

El lado positivo de la moneda es generar una cultura empresarial a favor de la privacidad de datos. No importa el tamaño de las PYMES, puede ser un consultorio dental, un contratista, un despacho de abogados o la marca más importante de comercio on-line, lo relevante es que conozcan las regulaciones que deben cumplir en la materia, y que lo hagan de tal manera que generen confianza con sus clientes. Aquí está el meollo del asunto, pues no se trata de cumplir regulaciones desde una óptica burocrática, sino reconocer que éstas se encuentran diseñadas para proteger un bien fundamental de los consumidores: su identidad y privacidad. De ahí que las empresas y profesionistas, al cumplir sus obligaciones en la materia, deben generar fuerza comercial y crecer, mediante garantizar a sus clientes que los datos personales que estos depositan son debidamente salvaguardados.

En esta colaboración explico cómo las PYMES pueden ser mejores negocios mediante una adecuada política de privacidad de datos.

Discutamos la Competencia.

Ayer tuve la oportunidad de participar el el programa Espiral, conducido por Ricardo Raphael. El tema sobre el cual reflexionamos es el de las recientes reformas en materia de competencia económica. ¿Es suficiente reformar la ley para que se decrete la competencia en los mercados? ¿Es un tema institucional, de incentivos o cultural? ¿México tiene una visión unívoca en la materia? ¿Cómo podemos avanzar en empresas que sepan competir más y que esto genere mayor beneficio social?

Estos son algunos de los aspectos sobre los cuales se reflexionó junto con la Comisionada Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), Alejandra Palacios, Manuel Molano del IMCO, Lucía Ojeda de SAI Consultores y su servidor. Este tipo de reflexiones son fundamentales, pues si bien el tema de competencia económica es de alta complejidad técnica, también debe evaluarse desde un punto de vista de modelo de sociedad y mercado.

¡Rompamos el legado mercantilista y construyamos el del liberalismo!

En América Latina, en general, y en México, en particular, las políticas y programas gubernamentales que buscan atender nuestros graves problemas estructurales, están contaminadas por fantasmas y mitos de nuestro pasado, y por eso a la clase política se ha especializado en manipular y pelear contra molinos de viento. La sociedad queda confundida por estas acciones y conflictos. En realidad, lo que tenemos que reconocer es que no hemos enfrentado nuestro problema de fondo: el legado que nos dejó el virreinato sigue vigente más que nunca. Seguimos teniendo una visión mercantilista y por eso nuestras economías siguen subordinadas al interés político, no al bienestar social ni al desarrollo individual. La medida más urgente que debemos tomar en el presente es avanzar en una agenda liberal, en lo político y económico. Debemos dejar de pensar en un Estado benefactor, que por un lado no ha sido eficaz en combatir la pobreza, pero por el otro lado, ha sido muy eficaz en frenar la iniciativa e ímpetu de crecimiento de los ciudadanos. Les invito a leer este artículo que me publica Foreign Affairs Latinoamérica.

Los maestros… y alumnos.

En este Día del Maestro tengo una doble razón para festejar y disfrutar. Por un lado, continuar con la confianza del ITAM, quien desde hace diez años me ha dado la oportunidad de dialogar, reflexionar, debatir y aprender de sus alumnos. En este semestre impartí el segundo curso sobre “La Empresa ante la Regulación, la Competencia y los Consumidores”. Gracias a los alumnos por enriquecer el contenido y el análisis y por, en esta ocasión, haber tenido que madrugar para clase de 7:00 am. Juntos revisamos las principales razones por las que el Estado limita o restringe las libertades económicas, y en particular la empresarial, por razones de tutelar la competencia económica o derechos de los consumidores. Asimismo, presentaron 7 casos de de gran relevancia y actualidad, en donde existen conflictos en materia de normas técnicas, publicidad, contratos de adhesión, tutela de la competencia, concentraciones, mercados regulados (PEMEX o aeronáutica), incluso el tema Google. Agradezco a una de las mejores abogadas en materia de competencia económica, Laura Méndez, que me haya hecho favor de acompañar en este curso para brindarles el capítulo respectivo de una manera dinámica y atractiva.

“La Empresa ante la Regulación, la Competencia y los Consumidores. ITAM, mayo 2015.

Por el otro lado, este semestre tuve la muy grata experiencia de ser profesor de asignatura en la UNAM. Gracias a la Dra. Issa Luna Pla, di el curso sobre “Régimen Jurídica de la Publicidad”, a alumnos de la Licenciatura de Comunicación, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Gracias a un grupo de gran talento y compromiso, no solo estudiamos los principales aspectos de la regulación comercial, sanitaria y financiera que incide en la publicidad. Además, analizamos cerca de 40 casos en los que las autoridades han sancionado productos publicitarios por ser ilegales, abusivos o engañosos. El análisis de estos casos es de gran importancia para entender qué tipo de empresas son realmente abusivas y engañan intencionalmente, y cuáles buscan corregir y enmendar sus afirmaciones publicitarias. Agradezco a Jorge Paz Arellano, quien me acompañó en este curso y con su gran experiencia en derecho de la información, contribuyó a encontrar la información pública adecuada para el análisis y discusión de los casos.

Régimen Jurídico de la Publicidad. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, mayo 2015.

Régimen Jurídico de la Publicidad. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, mayo 2015.

Zapata lucharía por Uber y los food trucks.

¿Cómo analizar caso de Uber a la luz de principios políticos y económicos básicos? ¿Tendría algo que opinar al respecto Emiliano Zapata? Estoy convencido que sí, pues su lucha fue por la pequeña propiedad y nuestra libertad económica. En las ciudades, Zapata lucharía porque el emprendedor, el innovador, el que se autoemplea, pudieran romper las cadenas de un Estado sobrerregulador y voraz. Apoyaría a quienes tienen una pequeña propiedad tipo food truck y que le quiere agregar valor. Hay que estudiar más a Zapata y entender sus luchas agrarias, desde una perspectiva urbana, pues el opresor de inicios del S. XX es muy diferente al de hoy, pero en ambos casos existe ese principio fundamental en que hay que reconocer a la propiedad privada como una libertad fundamental, la cual con el trabajo se le agrega valor y genera beneficios sociales y por tanto es el medio idóneo para desarrollarnos de manera autónoma. Les invito a leer mi colaboración en Animal Político: Zapata lucharía por Uber y los food trucks.