Dos historias, una Comunidad de Confianza.

México y EUA compartimos múltiples aspectos de nuestros orígenes e historia, pero al mismo tiempo existen una gran cantidad de principios y aspectos culturales que nos diferencian. Uno de los campos más visibles de estos contratos es el desarrollo empresarial. La Asociación de Empresarios Mexicanos (AEM) en EUA amablemente me abrió las puertas de su revista para exponer cómo con Better Business Bureau México buscamos reducir diferencias culturales e incluso de idioma, mediante acercar a las empresas y consumidores de ambos países, mediante el lenguaje de las mejores prácticas comerciales, el fortalecimiento de la reputación y la construcción de confianza, en torno a una comunidad de confianza. Les invito a leer mi colaboración aquí.

¿Quién cuida la salud de los consumidores?

Mañana se celebra el Día Internacional del Consumidor. En este espacio hemos escrito ampliamente sobre los orígenes del festejo, y sobre los puntos que permiten integrar una nueva agenda en la materia, tanto en lo que corresponde a la industria privada, como en el terreno de servicios públicos. Así, los temas abordados han centrado su atención en la Cofece y la Profeco, siendo que las políticas a favor de la competencia y de los consumidores convergen y se complementan.

Este año para conmemorar el Día Internacional del Consumidor me enfoco en una de las principales agencias mexicanas en la materia que se ocupa de evitar que seamos perjudicados por riesgos sanitarios. Se trata de la Cofepris, quien avanza en ampliar sus competencias en los mercados de productos y servicios que pueden afectar nuestra salud: alimentos, bebidas, suplementos alimenticios, medicamentos, hospitales, donaciones de órganos, pesticidas y un largo etcétera. De ahí que resulta fundamental estudiar a fondo esta institución, para ir identificando cómo contribuir a que cumpla con sus metas de la manera más eficiente posible. Les comparto mi colaboración que publica hoy Reforma Negocios: El Día del Consumidor… y su salud.

BERNARDO ALTAMIRANO RODRÍGUEZ
Día del consumidor… y su salud
Las políticas y acciones que inciden en el bienestar y derechos de los consumidores se desarrollan desde diferentes frentes. Por un lado, tenemos dos agencias -Profeco y Cofece- cuyas amplias funciones convergen y se complementan. Por el otro, se han venido dotando competencias a instancias que cumplen con tareas más especializadas, como el IFT, la CRE o Conapred. Asimismo, vemos al Congreso y al Poder Judicial más activos, así como más y mejores organizaciones ciudadanas. En este concierto es importante recordar dos momentos históricos clave que impulsaron el movimiento de protección de los consumidores en EU por las graves afectaciones a la salud de estos -incluso la muerte-: las crisis del elíxir de la sulfanilamida (1937) y el de la talidomida (1962). Estos trágicos acontecimientos generaron una exigencia social por un mayor control en la industria de fármacos y dieron pauta a la creación de una agencia especializada para regular y prevenir riesgos sanitarios. Se trata de la Food and Drug Administration (FDA), quien gradualmente fue extendiendo sus funciones a otros terrenos.

En México, el equivalente de esta agencia es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que, a pesar de su juventud (2001), comienza a consolidar su valor social y económico ante consumidores e industria. Sus amplísimas funciones inciden en aspectos tan cotidianos como los alimentos, bebidas, suplementos alimenticios y medicamentos que tenemos en nuestros hogares; los cosméticos que usamos a diario; así como el control sanitario de la publicidad de todos los anteriores. También abarca temas de gran relevancia en materia de salud, tanto preventiva, como en el tratamiento de enfermedades, mediante la vigilancia de los establecimientos de salud, de ahí que con frecuencia se conoce de su trabajo contra las clínicas “patito”. Asimismo, desarrolla una constante batalla contra los productos milagro o contra la venta de alcohol ilegal, en donde rompió récord en 2015 al haber hecho decomisos sin precedentes. Éstas últimas funciones son las que parecen restringir la imagen de la Cofepris a una policía sanitaria, pero son sólo algunas de entre una gran variedad.

Resulta interesante observar cómo a pesar de su creciente protagonismo, existe escasa literatura sobre esta institución, así como sobre la racionalidad de la regulación contra riesgos sanitarios. Al respecto, una reciente publicación de Central Ciudadano y Consumidor recuerda que el fundamento de esta tarea se encuentra en el Artículo Cuarto Constitucional, que indica que “toda persona tiene derecho a la protección a la salud”. Sin embargo, garantizar este derecho debe hacerse de una manera armónica con otros principios básicos de la misma Constitución, en donde el Estado al regular propicie la competitividad y competencia en el mercado, para que los consumidores podamos disfrutar del acceso a productos y servicios bajo su control. De esta manera, la regulación debe ser proporcional al grado de riesgo sanitario que implica la actividad industrial, para que la reducción de riesgos no inhiba el robustecimiento de mercados, ni genere precios inaccesibles. Asimismo, la regulación no debe generar cargas desproporcionadas a la industria que sólo aumenten burocracia o trámites. Así, el arte consiste en encontrar el equilibrio entre las medidas de control y protección, con el adecuado y eficiente funcionamiento de los mercados.

Esta función regulatoria se vuelve más compleja de diseñar y ejecutar en un país con profundas divisiones sociales y económicas, y en donde prevalecen múltiples retos en materia de cumplimiento de la ley, informalidad y corrupción. Por un lado, los consumidores enfrentan diferentes niveles de riesgos sanitarios dependiendo de su entorno socioeconómico, incluso al adquirir productos o servicios de la misma categoría. Por el otro, en lo industrial, vemos un sector que avanza en competitividad, procesos industriales, innovación, mientras otro que se queda rezagado, alejado de la tecnología y con productividad decreciente. Esta realidad representa un gran desafío en la generación de instrumentos regulatorios y exige un entendimiento de nuestras diferencias sociales e industriales.

En todo este panorama vemos señales de una institución que se consolida, en parte gracias a un período de estabilidad, en donde por más de 5 años su extitular Mikel Arriola dio buenos resultados. De ahí el acierto en el nombramiento del nuevo titular, Julio Sánchez y Tépoz, quien por su previa experiencia en Profeco, Cofeco y la misma Cofepris, anticipa que desarrollará una visión integral. Esta estabilidad da resultados, permite enfocar mejor los programas y presupuestos, y contribuye a una mejor evaluación y rendición de cuentas. De ahí que incluso sería conveniente que el Congreso pudiera definir la duración del mandato del titular de Cofepris y demás comisionados. Sin duda existen retos enormes, pero en este Día Internacional del Consumidor tenemos razones para reconocer a una institución que avanza en cumplir sus funciones de bienestar social y de desarrollo económico.

 

 

Herencia compartida entre EUA y México: rumbo a un mundo de negocios sin fronteras.

Ayer tuve el honor de ser conferencista en el McCoy College of Business, de la Texas State University, en su Business Leadership Week.

La invitación me llamó de sobremanera la atención, pues fue en homenaje al trabajo de un líder de origen mexicano, Tomás Rivera, quien durante su vida académica en EUA (tanto en Texas, como en California), buscó generar puentes entre ambas naciones. En este contexto, me invitaron para que expusiera porqué razones estamos construyendo y desarrollando el Better Business Bureau (BBB) en México.

La reflexión que hice partió de explicar las grandes diferencias que existen en materia económica, política, social, legal y para los negocios, entre ambos países. Uno de los aspectos de mayor relevancia en esta comparación es la gran cantidad de regulaciones que existen en México (de acuerdo con el índice de libertades económicas del Cato Institute estamos por encima del lugar 90). Esto significa que sobrerregulamos nuestra vida económica y empresarial. Así que enfrentamos una contradicción, pues por un lado impulsamos desde hace varios años una profunda apertura comercial, mediante tratados. Por el otro, en el ámbito interno, ya sea federación, estados o municipios, ponen un yugo regulatorio muy fuerte a la actividad empresarial, lo que propicia su asfixia. Las regulaciones son restrictivas y no generan los incentivos para emprender ni abrir un negocio. Esta es una de las verdaderas razones de las migraciones, las graves asimetrías en la productividad y de la incapacidad de que los mexicanos desarrollen proyectos empresariales competitivos.

En este contexto, la importancia de contar con una BBB consiste en apoyar a los empresarios y profesionistas mexicanos que están comprometidos a hacer las cosas de manera correcta, a promover mejores prácticas comerciales, ética empresarial, en fin, una verdadera comunidad de confianza. Justamente con BBB queremos contribuir a cambiar la cultura empresarial, para que los incentivos se alineen en favor del emprendedurismo, legalidad, información y satisfacción de los consumidores. Queremos que BBB contribuya a generar incentivos positivos tanto de los consumidores, como de los negocios y profesionistas.

Los alumnos estuvieron muy participativos y con ganas de involucrarse con nosotros desde allá. Claro que estaremos encontrando fórmula de incorporar jóvenes tan talentosos.

¿Protección al consumidor “reloaded”?

En el Senado de la República existe la posibilidad de que se impulse una profunda reforma en materia de protección al consumidor. La iniciativa es un gran avance al incorporar temas que no se han atendido anteriormente y que ahora ampliarán la protección, sobre todo en materia de seguridad de producto y comercio electrónico. Si bien se expande la agenda temática, no se modifica la racionalidad y modus operandi de la Profeco. Este es un tema clave que debe discutirse a fondo. Como lo he dicho desde hace varios años, el modelo de protección se encuentra superado, por lo que la presente iniciativa es una gran oportunidad para un debate social, en el que se discutan los principios y mecanismos adecuados de protección, que por un lado fortalezcan a los consumidores, impulsen la libertad y responsabilidad empresarial -particularmente con las Pyme-, y consoliden el papel de la Profeco, en tanto autoridad. Para avanzar en la protección al consumidor no basta solo fortalecer a la Profeco, necesitamos consumidores más exigentes de sus derechos y responsabilidades, empresas modernas comprometidas con la competencia y los consumidores, y una autoridad que pueda actuar con certidumbre y contundencia.

Les comparto mi colaboración que aparece hoy en Reforma Negocios.

BERNARDO ALTAMIRANO RODRÍGUEZ
¿Protección al consumidor reloaded?
La iniciativa de reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor presentada por los senadores Héctor Larios, Ana Lilia Herrera, Miguel Barbosa, entre otros, e impulsada por la ex Procuradora Lorena Martínez, es el preámbulo de una potencial reforma profunda que no se observa desde los años 90.

Como cualquier proyecto, tiene aciertos y oportunidades de mejora. Lo que resulta fundamental es no perder de vista la naturaleza de la función que busca fortalecerse, la cual consiste en corregir externalidades o fallas de mercado propias de una relación de debilidad de los consumidores frente a los proveedores, mediante la definición de responsabilidades administrativas a las empresas.

En este sentido, el análisis de esta iniciativa debe partir de valorar si la nueva regulación que se contempla es racional y justificable, si los proveedores privados y públicos tendrán la capacidad material de observar la ley, y si la autoridad contará con los recursos para hacer que ésta se cumpla con base en instrumentos conformes a nuestra realidad económica y social. La iniciativa es muy amplia, por lo que sólo abordaremos algunos aspectos.

En los años 70, en EU, se creó la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo, especializada en regular y verificar que los productos que se comercialicen no impliquen un riesgo contra los consumidores -electrónicos, juguetes, textiles y accesorios para bebé, etc. De ahí que los consumidores y empresas de EU tengan tan claro en sus prioridades que la seguridad es primero. Si bien es un tema muy precario en nuestra regulación, en los últimos años, México ha participado en medidas regionales importantes, como la Cumbre de Seguridad de Producto que organizó la OEA en Colombia o la Tercer Cumbre de Seguridad de Producto para el TLCAN. La iniciativa avanza en materia de seguridad de producto y define responsabilidades sobre emisión de alertas, llamados a revisión (recalls) y retiro de productos. Es un gran acierto este tema, pues implica avanzar en un mercado más seguro. Sin duda las cargas regulatorias que se generarán se justifican para evitar riesgos y daños a nuestra integridad física. Sin embargo, el gran pendiente será cómo evitar que productos riesgosos se sigan comercializando en la informalidad.

A nivel global se han buscado entender los nuevos retos y riesgos que implica el comercio electrónico, por lo que esta iniciativa enfoca adecuadamente las nuevas herramientas aplicadas en las principales economías, sobre todo en materia de requerir a los proveedores que adopten mecanismos técnicos de seguridad apropiados y confiables que garanticen la protección y confidencialidad de la información de los usuarios. Esto, ante la creciente amenaza de robo de datos y de identidad. Adicionalmente, se prevé fortalecer la regulación de dos industrias que en años recientes han estado bajo la lupa, como son el caso de las ventas directas y los tiempos compartidos.

Por otro lado, se busca dotar a la Profeco con nuevos instrumentos de vigilancia, verificación y coerción, para hacer que la ley se cumpla. Este aspecto amerita una revisión a fondo, sobre todo buscando que se incentiven mejores prácticas comerciales y que la coerción parta del reconocimiento de la buena fe de las empresas y sea la ultima ratio. Esto cobra mayor relevancia entre las Pyme, quienes por error o ignorancia enfrentan múltiples multas y clausuras. Mucho podríamos aprender del extinto modelo británico de la Office of Fair Trading, quien impulsaba buenas prácticas y capacitación a las Pyme, pues la mejor protección al consumidor empieza desde el fomento de una moderna cultura empresarial. Formar buenos empresarios es invertir en construcción de ciudadanía. La coerción per se no genera esta cultura, por lo que conviene replantear las responsabilidades de las Pyme en la iniciativa.

Adicionalmente, la iniciativa recurre a mecanismos rígidos de regulación, cuando la tendencia internacional consiste en impulsar esquemas de autorregulación. Esto incluso fue abordado en los trabajos del reciente Foro Iberoamericano de Agencias de Protección al Consumidor celebrado en Perú, donde las autoridades reconocen que tienen que avanzar en esta dirección.

Por último, esta iniciativa apuntaría a una SuperProfeco, por lo que urge complementarla con medidas de fortalecimiento institucional, como el establecimiento de un período legal de su titular. Además, brindar autonomía al área de investigación respecto de la instancia sancionadora. Por último, generar mayores espacios bajo los cuales intervengan los jueces y tribunales.

La iniciativa en comento sería un gran paso en cuanto a los nuevos temas que incorpora. Sin embargo, para que sea una reforma integral falta cambiar el modelo de protección, para que sea menos centralista, burocrático e inquisitorial. Aprovechemos esta oportunidad para transitar a un nuevo modelo basado en la confianza y corresponsabilidad entre gobierno, empresa y sociedad.

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Como lo señalo en el artículo, el año pasado fue de intensa participación en foros internacionales. Tuve la oportunidad de ser ponente en el International Consumer Product Health and Safety Organization (ICPHSO), en donde expuse el marco de seguridad de producto en México, comparado con sus socios comerciales EUA y Canadá; la Cumbre de Seguridad de Producto organizada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Superintendencia de Comercio de Colombia (SIC), en donde expuse cómo fortalecer la reputación de las empresas que desarrollan buenos procesos de seguridad de producto (aquí puede verse la conferencia); el Foro Iberoamericano de Agencias de Protección al Consumidor (FIAGC), celebrado en Perú, donde abordé el tema de la autorregulación y las mejores prácticas comerciales; finalmente la Tercera Cumbre de Seguridad de Productos del TLCAN, en México, en donde expuse cuáles son las mejores prácticas en la materia. Aquí les comparto algunos testimonios fotográficos.

Orden de las fotografías: 1) En Colombia con la Directora de la Red de Consumo Seguro y Salud de la OEA, Evelyn Jacir, evento al que fui invitado por la SIC de Colombia; 2) Las siguientes fotos fueron en el FIAGC de Perú: i) con el Presidente del INDECOPI de Perú, Hebert Tassano, quien me hizo favor de invitar; ii) Carlos Arnaiz, Vicepresidente de la agencia española responsable de la protección al consumidor; iii) Yanci Urbina, titular de la agencia de El Salvador; iv) Mónica Ramírez, Superintendente Delegada de Colombia, y Cynthia Zapata, titular de la materia en Costa Rica, quien por cierto, será la próxima presidenta del FIAGC; v) Juan Luís Crucelegui, Jefe de Políticas de Competencia y Protección al Consumidor de la UNCTAD, en donde participo en el Grupo de Expertos de Competencia y Políticas del Consumidor COMPAL

¡Rompamos el legado mercantilista y construyamos el del liberalismo!

En América Latina, en general, y en México, en particular, las políticas y programas gubernamentales que buscan atender nuestros graves problemas estructurales, están contaminadas por fantasmas y mitos de nuestro pasado, y por eso a la clase política se ha especializado en manipular y pelear contra molinos de viento. La sociedad queda confundida por estas acciones y conflictos. En realidad, lo que tenemos que reconocer es que no hemos enfrentado nuestro problema de fondo: el legado que nos dejó el virreinato sigue vigente más que nunca. Seguimos teniendo una visión mercantilista y por eso nuestras economías siguen subordinadas al interés político, no al bienestar social ni al desarrollo individual. La medida más urgente que debemos tomar en el presente es avanzar en una agenda liberal, en lo político y económico. Debemos dejar de pensar en un Estado benefactor, que por un lado no ha sido eficaz en combatir la pobreza, pero por el otro lado, ha sido muy eficaz en frenar la iniciativa e ímpetu de crecimiento de los ciudadanos. Les invito a leer este artículo que me publica Foreign Affairs Latinoamérica.

El ABC en la crisis del huevo.

Hoy, como en 2012, el mercado del huevo enfrenta un problema de alzas considerables en los precios. En la ocasión anterior, el origen del problema fue la gripe aviar que generó escasez en el abasto y comercialización del producto e impactó gravemente en los precios en varias zonas del país. Ahora, las autoridades no han atribuido este encarecimiento a un problema sanitario. Al respecto vale la pena leer el análisis de Carlos Martínez, quien revisa el comportamiento estacional del precio del huevo y sobre todo lo vincula con una posible afectación debido a precios internacionales. Incluso el propio Secretario de Economía declaró que se busca identificar el origen del incremento y poder tomar las acciones contra los responsables de esta situación. Asimismo descartó que se tratara de un problema de temporada o de abastecimiento. Esta declaración detonó una serie de acciones gubernamentales. En este contexto es donde conviene identificar el papel que en esta crisis corresponde a consumidores, autoridades, políticos e industria.

El huevo es la principal proteína de origen animal que consumimos los mexicanos. Somos el consumidor número uno en el mundo (promedio de 22 kg por persona al año). Por eso el alza en el precio no es un tema menor. No obstante esta relevancia, los consumidores somos los soberanos de los mercados y tenemos la opción de elegir otros alimentos y con la correspondiente reducción de la demanda, contribuir a que baje y se estabilice el precio del huevo. Además, nos corresponde denunciar actos ilegales.

De manera intrínseca con el tema de los consumidores, está el papel de la Profeco, quien en estas circunstancias despliega una estrategia de vigilancia y verificación en establecimientos, con el objeto de identificar posibles infracciones a la Ley y violaciones a los derechos básicos de los consumidores, así como prácticas abusivas, coercitivas o engañosas, para lo cual cuenta con diferentes instrumentos coercitivos como multas, suspensiones y clausuras. Eventualmente en caso de encontrar casos de acaparamiento, puede hacer la denuncia correspondiente al ministerio público, pues son responsabilidades de carácter penal. Asimismo, en caso de identificar prácticas que pudieran ser monopólicas, puede abrir una denuncia con la COFECE. El punto fino en la interpretación jurídica, es cómo pueden sistematizarse aquellas prácticas industriales o comerciales en detrimento de la sociedad, que el artículo 28 constitucional advierte que serán castigadas con severidad, en relación con las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y su reglamento en cuanto a que un tipo de práctica abusiva es la manipulación de precios. Resulta oportuno que la Profeco emita criterios y lineamientos de cómo interpretar y aplicar estas disposiciones. Asimismo, es muy importante vincular cómo bajo el principio Pro Persona que establece nuestra Constitución, la Profeco también asume responsabilidades en cuanto a la protección y defensa de derechos fundamentales, como el de alimentación. Al respecto, escribí hace tiempo un paper sobre la argumentación jurídica y política pública que siguió la Profeco en 2012 al enfrentar la crisis de gripe aviar: Derechos básicos de los consumidores, mercado global y derechos humanos. El caso de México.

El tema de competencia económica es el más atractivo, dada la reciente reforma legal. Al respecto, la Comisionada Presidenta de la COFECE declaró que se inició una investigación por prácticas monopólicas absolutas, para identificar si se acredita la manipulación de precios, así como la eventual segmentación de mercados. Para cumplir esta tarea, esta agencia tiene ahora mecanismos de verificación e investigación muy robustos, semejantes a los que ocurren en las principales agencias “antitrust” en el mundo, como es el caso de que la COFECE en sus diligencias pueda tener acceso a cualquier oficina, computadora, archivero, etc., o el caso de ofrecer reducir sanciones a quien haya participado en prácticas ilegales y coadyuve con la investigación (los famosos whistleblowers). Esto representa que la agencia tiene la facultad de revisar a detalle todo lo que sea de su interés y en caso de encontrar elementos que permitan probar la práctica monopólica, lo usará en la investigación misma. Otro aspecto clave en este caso será la determinación del mercado relevante y el poder sustancial de cada procesado, así como ampliar las investigaciones a los insumos para la elaboración de este producto.

El tercer aspecto que hay que analizar son los políticos, quienes reaccionan a diferentes incentivos. Recordemos que en la crisis de gripe aviar del 2012, el entonces Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard hizo compras masivas de huevo en la Central de Abastos y la distribuyó, en ciertas comunidades vinculados con sus clientelas políticas, en donde la gente para comprar un kilo de huevo tenía que hacer tres horas de fila. Lo anterior además atrofió canales de distribución en la Ciudad y complicó la crisis. Este fenómeno es muy delicado, porque ante un caso extremo, podría ser el detonante de una “Guerra de Alimentos”, en la que los políticos empiecen a comprar grandes cantidades de producto para dar a sus gobernados y con esto generar zonas de escasez y desabasto, así como a encarecer todavía más más el precio de estos alimentos. Adicionalmente, existen voces de políticos que no reconocen que no hay control de precios y que al presionar no son parte de la solución, sino que incluso inciden en que se violen garantías de las empresas, como la del debido proceso.

Por último la empresa debe ser muy clara respecto de cuáles son sus responsabilidades legales en materia de mostrar precios al consumidor y cumplir programas de calibración de básculas, así como desde el punto de vista práctico tener facturas de compra y venta de sus productos. Obviamente no incurrir en conductas o actos que se encuentren tipificados como abusivos, engañosos o coercitivos, ni mucho menos prácticas monopólicas o anticompetitivas. En la medida que se genere información clara, las empresas podrán planear mejor su cumplimiento regulatorio y así las autoridades enfocarse con mayor precisión en las infractoras. Por último, en relación con el ejercicio de derechos humanos como el de alimentación, se generan nuevas relaciones y responsabilidades jurídicas de la empresa, pues ésta no necesariamente podría ser sancionada por una autoridad por violentar el ejercicio de éstas garantías, pero sí por obstaculizar su adecuado disfrute en el marco de lo que establece la Constitución y las leyes en la materia.

Por último, urge debatir a fondo sobre casos de crisis en la comercialización de productos básicos, pues hoy es el caso del huevo, pero también pasa con el maíz y algún día con el agua. Por eso, tenemos que contar con procesos más claros respecto de cómo actuar en crisis como la que hoy nos ocupa y definir criterios sobre las responsabilidades de cada agente en el mercado.

¿Cómo confiar en la información?

Sin duda alguna, cada vez encontramos más fuentes de información para tomar nuestras decisiones básicas de consumo. Desde buscadores generales, como Google, o especializados, como Trip Advisor, entre muchos. El tema clave es que estas plataformas nos ayudan a disponer de mayor información, tanto neutra como ordenada a partir de criterios propios.

En este sentido es muy relevante preguntarnos ¿podemos confiar en esta información? ¿cuál es la frontera entre el rankeo de información y enmarcar la toma de decisiones de los usuarios? ¿qué tanto esta información es publicidad oculta?

En fin, son preguntas que conviene siempre tener en mente y para eso, Carlos Martínez reflexiona en su blog de Animal Político, que les invito a leer: El Poder de la Información en el Mercado.

Verán que es un tema muy interesante y de gran actualidad y relevancia. Saludos.

ACTUALIZACIÓN DEL POST: Justo acabo de leer sobre una “class action” con la que en EUA se demanda a Angie’s List (la tercera en cuatro años). Como dice Brian Eason, esta demanda le pega en el corazón a esta plataforma de reseñas: la confianza. Además, recuenta que “el pasado 11 de marzo se demandó ante un juez de distrito en Filadelfia, alegando que Angie’s List, siendo un servicio de reseñas de consumidores online, manipula los ratings de las compañía que son vendidos a sus suscriptores como reseñas de usuarios imparciales. Lo hace al brindar a los anunciantes que pagan, un trato preferencial, tal como mejorar su visibilidad en el sitio y eliminando las reseñas negativas”. Según la demanda, Angie’s List no ayuda a los miembros a encontrar el “mejor” proveedor de servicio, sino más bien a aquel que paga más dinero… Ciertamente, esto significa que no “siempre ubican el interés del consumidor en primer lugar”, tal cual como la compañía lo anuncia.

Lean la nota que da los detalles de la demanda y lo que implica en la vulnerabilidad de las plataformas de información y búsqueda que usamos todos los días.

El alto a la Publicidad Engañosa por parte de la Suprema Corte.

¿Qué pensarías sobre el hecho de que una empresa le reconozca ciertos derechos a unos consumidores en otro país y no haga lo propio con nosotros en México respecto de un mismo daño? Ante el creciente desarrollo de empresas globales con canales de producción y comercialización en todo el mundo, tenemos que evitar que éstas tengan un trato diferente a consumidores dependiendo de su país. Al contrario, este tipo de empresas tienen una responsabilidad corporativa mayor, pues tienen principios y estándares que deben aplicar globalmente y que incluso contribuyan a mejorar prácticas comerciales en mercados menos desarrollados. De lo contrario, reducir estándares implicaría que estas marcas tengan consumidores de primera, segunda, tercera, etc., categorías.

Pues Reebok en México demuestra que nos considera consumidores de segunda. Esto se evidenció con un caso de publicidad engañosa encontrada en un anuncio de los tenis Easy Tone, que se persiguió de manera simultánea y por diferentes mecanismos en EUA y México.La gran diferencia es que mientras en EUA acordó con la autoridad conformar un fondo de 25 millones de dólares para compensar a quienes engañó con su publicidad, en México se la pasó jugando al abogado coyote peleando que no se había probado que su publicidad era engañosa (insisto, ¡Es la misma que Reebok reconoció engañosa en EUA!). Por eso, con una estrategia procesal que denigra la dignidad de los consumidores mexicanos, peleó de forma una acción colectiva interpuesta por la Profeco en febrero de 2012. La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación le puso un alto a estas prácticas abusivas y le dijo a Reebok que a ellos les corresponde probar que su anuncio tiene las ventajas que afirman y no a los consumidores demostrar lo contrario. Es decir, la carga de la prueba recae en la empresa. ¡Felicidades a la Corte y en particular al Min. José Ramón Cossío quien en la Primera Sala promovió esta resolución! ¡Es un gran precedente en materia de publicidad engañosa!

Siempre he pensado que los derechos básicos de los consumidores comparten ciertas características con los derechos y libertades fundamentales, como el hecho de que en su defensa y promoción se debe considerar su universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En este sentido, estamos hablando de que el derecho básico tutelado es el derecho a la información, mediante al combate a la publicidad engañosa. Por esto resulta indispensable estudiar el proceso jurídico contra Reebok, tanto en EUA, como en México. Les comparto un ensayo que escribí al respecto y que me es publicado en el Blog de Nexos: El Juego de la Corte. Mi texto: El alto a la Publicidad Engañosa por parte de la Suprema Corte.

El Día del Consumidor

El pasado 15 de marzo se celebró el Día Internacional de los Derechos del Consumidor. Resulta indispensable reflexionar y debatir cuáles son las prioridades y mecanismos más eficaces y eficientes que contribuyan a una mejor tutela de estos. En esta lógica, les comparto el artículo que publico hoy en Reforma Negocios, en el que propongo una serie de temas que considero relevantes en nuestra discusión actual. Como siempre, son muy bienvenidos sus comentarios.

BERNARDO ALTAMIRANO RODRÍGUEZ

El Día del Consumidor

El movimiento por los derechos de los consumidores ha avanzado desde su inicio en los años 30. Uno de sus momentos más emblemáticos fue el discurso pronunciado en 1963 por John F. Kennedy, el cual dio pauta para que cada 15 de marzo se conmemore el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Los logros de este proceso pueden enmarcarse en dos grandes rubros. Por un lado, la protección de la integridad física de los consumidores, para reducir la probabilidad de riesgos que atenten contra su salud. Por otro, la lucha por la equidad y legalidad, para evitar que el consumidor, por ser la parte débil en las relaciones de consumo, sea objeto de prácticas abusivas, coercitivas o engañosas. Sin duda este aniversario es una oportunidad para evaluar avances y retos en esta agenda, la cual debe alinearse con incentivos de mercado y competencia, para ampliar la satisfacción de los consumidores y el ejercicio de sus derechos.

En la sociedad de la información el mayor reto es la protección de la privacidad y datos personales de consumidores, así como de los usuarios de servicios públicos y financieros. Como muestra, en 2014 la Comisión Federal de Comercio de EUA (FTC) ubicó al robo de identidad como la causa principal de reclamos de consumidores (más de 350 mil casos). En México, el IFAI y la Secretaría de Economía ejercen la batuta en este tema y tienen la compleja tarea de difundir el nuevo marco jurídico, promover una amplia campaña de educación en torno a este tema prioritario, tanto para las empresas, como consumidores, así como de avanzar en modernos mecanismos de certificación y autorregulación.

Un segundo aspecto se relaciona con la tutela de la integridad física de los consumidores, mediante la regulación de la seguridad de productos de consumo. Como lo hemos comentado antes, se trata de regulaciones que se desarrollan para reducir riesgos de daños por el uso cotidiano de productos con deficiencias en su proceso industrial. Aquí es paradójico observar cómo en México desde el lanzamiento del TLCAN se ha avanzado hacia la integración comercial e industrial con EUA y Canadá, pero es inexplicable cómo no se han desarrollado regulaciones paralelas y un esquema de responsabilidades como las que sí existen en dichos países. Este año México será el anfitrión de la Tercera Cumbre sobre Seguridad de Producto para los miembros del TLCAN, por lo que es una oportunidad para darle mayor visibilidad al tema.

Un tercer aspecto se relaciona con el derecho básico más complejo de tutelar en el presente: el derecho a la información. Por un lado, encontramos avances de gran relevancia, como la reciente resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte, quien acaba de revisar una acción de grupo -hoy acciones colectivas- que interpuso la Profeco contra Reebok en febrero de 2012 por publicidad engañosa en los tenis “Easy Tone”. La Corte señaló que corresponde a la empresa probar que su publicidad es veraz y comprobable. Es temprano para conocer el alcance de esta resolución, pero anticipo que será muy positiva no sólo para los consumidores y para el trabajo de la Profeco, sino para el gran universo de empresas que buscan mayor confianza en el mercado, mediante competencia leal, legal y la autorregulación. El segundo tema es el acceso y búsqueda de la información. Me refiero a las acciones de años recientes emprendidas tanto por la FTC y la Comisión Europea contra Google, para identificar si el poder de mercado que tiene implica un sesgo en los mecanismos de búsqueda y esto afecta a la competencia, y confunde y vulnera al consumidor. En este contexto, existe la oportunidad para que la Cofece emprenda acciones similares y que se avance en la neutralidad de esta plataforma y así fortalecer el derecho a la información de los consumidores mexicanos.

En cuarto lugar tenemos tres epidemias que perjudican a los consumidores respecto del precio final, calidad y seguridad de lo que adquieren: informalidad, corrupción y piratería. Estos problemas no sólo afectan los servicios tradicionales, sino los más innovadores. El CEO de Netflix advirtió que la mayor competencia que ellos enfrentan en el mundo es la piratería, que además genera barreras a la entrada y reduce opciones a los consumidores.

Sin duda queda pendiente revisar retos de cómo proveer mayor calidad y cobertura en servicios públicos -desde el nuevo aeropuerto, hasta los hospitales-, así como los beneficios que traerá a los consumidores la reforma energética y el tema de la protección de la salud, entre otros.

Conferencia Internacional sobre Regulación de Seguridad de Producto.

El pasado 23 de febrero participé como panelista en el Congreso Anual de la Organización Internacional sobre Seguridad y Salubridad de los Productos de Consumo (ICPHSO, por sus siglas en inglés), celebrado en Orlando, Florida. Como lo he comentado anteriormente en este blog, necesitamos avanzar en México para propiciar una mejor regulación de seguridad de producto que reduzca realmente los riesgos y daños de productos de consumo de los consumidores, ya sea el juguete de un niño, el electrodoméstico de la casa, la ropa que usan los bebés o incluso los artículos para alberca, entre muchos otros. No puede entenderse cómo desde 1993 México ha avanzado de manera importante en integrarse económicamente con sus socios comerciales de EUA y Canadá, pero desde el punto de vista de regulación y prevención de riesgos, estamos muy alejados. Por eso he advertido que avanzar en la agenda de seguridad de producto no solo es la oportunidad para darle un profundo valor social a nuestra regulación, sino que además sería un ángulo que vale la pena atender para combatir el comercio informal en las calles, que sin duda es un terrible riesgo para todos los consumidores que ahí adquieren productos o servicios.

DSC00042En este Congreso Internacional en nuestro panel se analizó el marco regulatorio que existe entre los tres países miembro del TLCAN, cuáles son sus diferencias, debilidades y oportunidades. Asimismo, considerando que gran parte de los asistentes eran líderes industriales con operaciones en los tres países, presentamos un mapa de los principales actores y de recomendaciones sobre cómo elaborar su plan de cumplimiento regulatorio, cómo diseñar un correcto esquema de relaciones públicas y por supuesto, cómo entender la lógica de las autoridades verificadoras en esta materia. Les invito a conocer dicha información y a seguir impulsando la agenda de seguridad de producto, que este año tendrá una gran oportunidad de ser más visible, pues México será el anfitrión de la Tercera Cumbre Trilateral del TLCAN en la materia.  Hasta pronto.

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Rumbo a la Equidad Contractual

Desde niños nos recomiendan tener cuidado con la “letra chiquita” de los contratos, pues existen condiciones que en ocasiones ofrecen las empresas, que pueden ser abusivas, engañosas o desproporcionadas, que como consumidores nos ponen en una situación desventajosa y desigual. Por eso hay que entender qué son los contratos de adhesión, cuál es su papel en propiciar mayor equidad en las relaciones de consumo y cuál es el debate contemporáneo en torno a este tema en México.

Les invito a leer este artículo que escribimos Carlos Martínez y yo, y que es publicado en el Portal de la Revista Nexos, en la Sección del Juego de la Corte: Rumbo a la Equidad Contractual. En este texto revisamos la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a la demanda que interpuso en 2012 la Profeco, para pedir la nulidad de un conjunto de cláusulas del contrato de adhesión de diversas empresas del sector de televisión de paga. Con este caso se puede entender mejor porqué el Estado puede regular por encima de la voluntad de las partes (en el marco de la libertad empresarial) una serie de principios contractuales que reducen probabilidad de riesgos y abusos comerciales en perjuicio de los consumidores.

La exclusión financiera y el empeño.

Los tradicionales servicios bancarios y financieros en el país solo llegan al 20% de la población. Aunque sea obvio, hay que ser claros: 8 e cada 10 mexicanos están excluidos de estos servicios. Esto implica que no solo no tienen sus respectivas cuentas de ahorro, sino que no son sujetos de crédito. Muchas voces reconocen que esta situación se debe a una regulación muy rígida. Por estas razones es que se han desarrollado otras alternativas a las que la gente puede recurrir de manera fácil y ágil para recibir un crédito o préstamo en los momentos que sus finanzas personales enfrentan problemas (lo que además es muy frecuente en estos años de estancamiento económico). Una de las principales opciones es empeñar algún bien. En efecto, la industria prendaria ha crecido de manera importante en el país y sin embargo, existe poca información clara que nos permita entender cómo opera y cuáles son sus retos para brindar mayor satisfacción a los consumidores.

De ahí que resulta fundamental estudiar mejor el mercado prendario y enfocar políticas públicas y regulatorias que amplíen el bienestar de los consumidores y que reduzcan la exclusión financiera que vivimos. Por supuesto que uno de los asuntos que debe ser atendido es cómo propiciar que ese 80% de mexicanos excluidos pueda ser un consumidor de la banca tradicional y evitar que recurran a agiotistas. En la medida que haya mayor cobertura, habrá mayor competencia de servicios e instrumentos de crédito y eso beneficiará a los consumidores. Ir en esta dirección contribuirá a reducir costos de autoridades en materia de verificación, que revisan fundamentalmente aspectos burocráticos o penales, pero que no propician per sé mejores condiciones de mercado.

De ahí que les invito a leer mi colaboración de ayer en Reforma Negocios. Asimismo, hago mención de la película de Ladrón de Bicicletas, para ejemplificar el valor que tiene el recibir dinero rápido por la vía del empeño. Les comparto el vínculo sobre esta magnífica película.

 

 La exclusión financiera y el empeño.
Bernardo Altamirano Rodríguez / (02 febrero 2015)
Enero terminó, pero su cuesta se prolonga en millones de hogares. Contar con alternativas crediticias, bancarias o pagos en mensualidades coadyuva a aligerar esta carga. Sin embargo, estas opciones de la banca comercial tradicional tienen en el País muy limitada accesibilidad (sólo para el 20 por ciento de las familias) y cobertura (sólo el  56 por ciento de los municipios tienen sucursales). Estos elementos son los que conllevan a afirmar que “en México vivimos una grave exclusión y discriminación financiera” (CONAPRED), así como que “el bajo coeficiente de inclusión financiera está asociada con la pobreza” (Foro Internacional sobre Inclusión Financiera).

En este contexto, se requiere entender mejor los mercados de crédito y las necesidades de los hogares, para identificar si las medidas que toman las autoridades reguladoras o a quienes les corresponde aplicar la ley son las adecuadas o si, por el contrario, contribuyen a profundizar en la exclusión financiera. Para millones de mexicanos que demandan liquidez y que no tienen acceso a los bancos tradicionales existe una gama de servicios de finanzas populares, como los relacionados con el consumo, cooperativas o microcréditos. Asimismo, existe un sector que en los últimos años ha tenido una importante expansión y durante esta temporada enfrenta muchas presiones de las autoridades, como es la industria del sector prendario, mejor conocido como casas de empeño.

Todos sabemos lo que es un empeño, pero poco se conoce sobre las complejidades de este mercado y, en particular, sobre las necesidades de sus consumidores. El valor social de esta industria fue plasmado a la perfección en la gran película “Ladrón de Bicicletas”, donde su protagonista, Antonio Ricci, al igual que muchos otros pignorantes, no sólo encuentran en el empeño la fórmula para salir de un problema, sino que representa un empujón para aspirar a un empleo o aprovechar una oportunidad. En México, las casas de empeño ya no sólo ofrecen la tradicional fórmula de dar dinero a cambio de recibir en prenda electrónicos, joyas o automóviles, sino que han iniciado nuevos esfuerzos de economía colaborativa en la que a cambio de un depósito en efectivo, facilitan a un grupo de albañiles la posibilidad de usar una coladora o al plomero la herramienta, con lo que les permiten ser contratados o empleados. El tamaño de este mercado es cercano a 35 mil millones de pesos anuales, con más de 7 mil establecimientos (con 20 por ciento informales). El préstamo promedio de este mercado es entre mil 300 y mil 500 pesos. Las casas de empeño se dirigen a los niveles de ingreso C y D, que son más del 65 por ciento de la población del País.

En poco tiempo, la carga regulatoria de este sector ha aumentado considerablemente. No sólo deben cumplir con el tradicional registro del contrato de adhesión, sino que ahora deben inscribir a cada una de sus sucursales en un registro a cargo de la Profeco. Además, en entidades como Chiapas, el Estado de México y Guanajuato se crearon registros estatales adicionales, que no sólo sobrerregulan, sino que se extralimitan en sus atribuciones e invaden la esfera federal. Adicionalmente, se debe cumplir con nuevas regulaciones antilavado de dinero que elevan los costos operativos de proveedores. El riesgo de estas barreras es que incentiven la informalidad. Así, mayor regulación y politización local profundizan la discriminación financiera.

Por el otro lado, una de las críticas constantes al sector es el de las altas comisiones que cobran. Lo anterior es efecto de la exclusión financiera mencionada, que limita las opciones de los consumidores y eleva los costos de transacción. Por tanto, se requiere de una política integral que reconozca la interdependencia de los mercados bancario y prendario. Así, la efectiva política de protección al consumidor dependerá de generar una mayor competencia de servicios, productos e infraestructura. No entender esto puede profundizar la exclusión y discriminación financieras.

Lo anterior podría complementarse mediante programas de autorregulación en la industria prendaria, promover mejores prácticas comerciales, ampliar el impacto de mecanismos de información y entendimiento del CAT (como el promovido por Condusef) y, por supuesto, avanzar en mecanismos que permitan el mejor cumplimiento regulatorio. Con estas medidas, no mediante la sobrerregulación, se podrá avanzar en la inclusión financiera, brindar mayor bienestar a los consumidores y fortalecer la confianza en el mercado.

Miscelánea: 1. La explosión en Cuajimalpa obliga a que los reguladores energéticos prioricen, en los procesos de apertura del sector, el diseño de estándares de seguridad para proveedores que minimicen riesgos de daños a consumidores. 2. La denuncia que hizo PepsiCo para que se retire el spot parodia con fines electorales de su anuncio de Emperador abrirá un muy interesante debate sobre publicidad, derechos de autor y libertad de expresión. ¡Bienvenido!

Refundar los Servicios Públicos

Vivimos días de polarización. Nuestra clase política se ha preocupado más por dividir a la sociedad, que en construir un centro robusto que nos convoque a todos a involucrarnos en el diseño del futuro de este País. Esta división se profundiza en la medida que crecen las evidencias de políticos corruptos que se benefician de “moches” de presupuestos públicos (financiados con nuestros impuestos) o que otorgan contratos públicos y licitaciones a sus amigos, socios o familiares, en condiciones de ilegalidad, pulverizando la confianza en las instituciones públicas. Uno de los temas transversales que evidencian esta situación es el de los servicios públicos. ¿Les suena el fraude multimillonario de la Línea 12 del metro? ¿El transporte público urbano es digno y compatible con el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México -que prevé convertirse en el 3ero a nivel mundial? ¿Nuestros servicios públicos de salud están a la altura de las prestaciones que tienen los altos funcionarios y líderes sindicales del sector? Así podríamos seguirnos con una amplia lista de ejemplos.

Tenemos que ubicar a los servicios públicos en el centro del debate nacional y que estos sean el espacio para convocar a todos los sectores –público, privado y social- a trabajar en torno a la transformación que necesitamos. Trabajar en los servicios públicos es trabajar en nosotros mismos. Es la mejor forma de invertir recursos y de activar la economía. Además, tenemos que fomentar una efectiva cultura de servicio. Si conseguimos elevar los estándares y parámetros de los servicios públicos, podremos rápidamente elevar la calidad de muchos otros mercados y servicios que brindan los particulares. Y es que la mala imagen y calidad de nuestros servicios es el parámetro con el cual se desempeñan muchos profesionistas en México y lo que propicia la cultura del “ahí se va”.

Aquí les comparto mi colaboración en Reforma Negocios. ¡Felices fiestas!

 

 

BERNARDO ALTAMIRANO

Refundar los servicios públicos

Los servicios públicos de nuestro País atraviesan una profunda crisis de desconfianza que abre la oportunidad para romper paradigmas y detonar una refundación de estos, mediante la colaboración entre Estado, empresa y consumidores, lo cual sería la fórmula idónea para fortalecer el sentido de comunidad y superar la fractura social que atravesamos. Y es que si bien llevamos años discutiendo el mejor diseño sobre cómo proveer estos servicios, en la realidad estamos muy lejos de los niveles que demanda la sociedad. Los mejores ejemplos son los casos de seguridad y educación públicas, siendo este último ámbito una muestra sobre la complejidad que implica definir estándares de calidad, y donde el mismo responsable de brindar este servicio es quien ha encabezado fuertes reacciones al respecto. ¡Vaya paradoja!

Por estas razones es que se requiere ampliar el debate sobre estos servicios. Revisemos algunos casos, como el del transporte público en el Valle de México. Según el Inegi, existen 14.8 millones de viajes diarios, de los cuales el 64.5 por ciento son en colectivo, el 16.4 por ciento en taxi y el 8.2 por ciento en Metro. En cuanto a la calidad de servicio, una encuesta elaborada por GCE revela que los usuarios califican como el peor servicio a los colectivos (54.3 por ciento) y después a los taxis (3.8 por ciento). Asimismo, los encuestados señalan que los conductores incurren en múltiples faltas, como ir a exceso de velocidad o no respetar los semáforos. En este sentido, tenemos servicios de baja calidad, que además son los primeros en violentar el orden público y contribuir al caos vial. Esto evidencia que el debate sobre Uber es solo la punta del iceberg y que requiere extenderse a otros servicios para identificar cómo ampliar la satisfacción de millones de usuarios del transporte público.

En segundo lugar, recordemos el debate sobre el IEPS de bebidas y alimentos de alto contenido calórico con el objeto de fomentar el consumo de agua potable y construir bebederos en escuelas de todo el País (objetivo todavía no cumplido). Las cifras del Inegi nos muestran que en el País sólo el 26 por ciento de la población piensa que el agua en su ciudad es potable (bebible sin temor a enfermarse). Por otro lado, se recomienda activarse físicamente, pero sólo el 39 por ciento de los mexicanos piensa que los parques y espacios públicos son suficientemente seguros. Estos datos evidencian a gobernantes que al diagnosticar problemas y proponer soluciones omiten una autoevaluación objetiva sobre la eficacia de sus servicios y programas, y trasladan los costos a la sociedad.

Un tercer caso es el de electricidad, en donde consumidores y empresas cuestionan permanentemente la calidad, precios y atención del servicio de CFE. Ahora esta empresa tiene un nuevo marco jurídico y una directiva más moderna, que tiene el gran reto de innovar en mecanismos de atención al consumidor y por supuesto ahora tendrá que competir con otras empresas. Aquí hay mucho por hacer, como cambiar un contrato de adhesión de los años 70, en propiciar mejores estándares, calidad y precios para los usuarios. Es la gran oportunidad para la CFE de reposicionarse frente a los consumidores.

Los puntos anteriores son sólo una muestra de cómo en México hemos diseñado servicios públicos que no generan una cultura de servicio a favor del usuario, no existe claridad ni exigibilidad de los derechos y no se abren de manera cierta las puertas a la inversión privada y social. Y es que llevamos décadas de presupuestos públicos abultados y de raquítica satisfacción de sus consumidores, en donde parece que los únicos satisfechos son políticos, burocracias, organizaciones clientelares y quienes ganan dudosas licitaciones, todo esto en el marco de una corrupción escalofriante. Por esto debe revisarse a fondo la filosofía y visión de estos servicios para que la labor política se dignifique y transite de una praxis de búsqueda del poder y de rentas económicas, a una que impulse una efectiva cultura del servicio público. Esto implica refundar los servicios públicos a partir de estándares de calidad y excelencia, presupuestos eficientes, contratos transparentes y equitativos y que incorpore elementos de mercado y de colaboración. Lo anterior sería una forma clara de ponernos todos a trabajar en la reconstrucción de confianza y comunidad que tanto necesitamos, para estar orgullosos de nuestros servicios públicos y lograr que nuestra referencia sea el Metrobús y no el del recogedor de basura que te “exige” la propina.

Miscelánea: Lo planteado por el Presidente de la República sobre el desarrollo de observatorios para evitar y combatir la corrupción será útil en el ámbito de los servicios públicos, así como en la construcción del nuevo aeropuerto y en licitaciones del sector energético.

@beraltamirano

Los consumidores de telecomunicaciones

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El pasado 13 de noviembre participé en el Foro sobre la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, organizado por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), Colegio de Abogados, a invitación de mi querido amigo Federico Hernández Arroyo.

Presenté un caso de estudio sobre la emisión de la NOM 184 y de la estrategia de judicialización que hizo la Profeco en los años 2011 y 2012 para ampliar la protección de consumidores de telecomunicaciones.

Por un lado, partí del panorama de crecimiento sostenido que experimentaba la industria en los últimos años, mismo que fue asimétrico pues no promovió mejores prácticas comerciales en el sector, ni en fortaleció los derechos de los consumidores. Este escenario fue el marco para que el sector de telecomunicaciones fuera el que más quejas representaba ante la Profeco (25%) y que por tanto justificara promover medidas regulatorias que equilibraran el terreno. La mayor parte de las quejas que se encontraron tenían su origen en cláusulas abusivas de los contratos de adhesión que presentaban los proveedores a los consumidores. Por estas razones, la estrategia implicó impulsar la NOM 184, mediante la cual se obligaría a los proveedores a registrar sus contratos ante la Profeco (quien consecuentemente podría evitar que se presentaran a los consumidores cláusulas abusivas) y por el otro lado, emprender una inédita estrategia judicial, al promover acciones de grupo y demandar la nulidad de cláusulas abusivas en los contratos. En este último caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió hace unas semanas la razón a la Profeco en los argumentos que se esgrimieron y confirmó la nulidad de cláusulas abusivas, engañosas o desiguales.

Estas acciones fueron el preámbulo a las reformas de 2013 y 2014 en la materia, y que han permitido profundizar la competencia, mediante el fortalecimiento de los derechos de los consumidores.

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Bernardo Altamirano Rodrìguez, Gerardo Soria (IDT), Germán Saldívar (ANADE), Federico Hernández Arroyo (ANADE), Sergio Legorreta (Baker and Mackenzie) y Gabriel Székely (ANATEL).

Foto: Anatel

 

Día del Maestro

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Tuve la fortuna de pertenecer a una familia en la que había una maestra: mi mamá. Por eso, para mi hablar de maestros implica conjuntar una gran variedad de sentimientos y recuerdos.

El término maestro es relativo, pues solo se entiende en la relación entre éste con un conjunto de alumnos. Hoy tengo la oportunidad de hablar de los dos lados de esa relación. Por un lado, en tanto alumno, le agradezco a mis queridos profesores de todas las etapas de mi vida. Pero también, en tanto profesor del ITAM tengo mucho que agradecer. Por supuesto a mi alma mater, a los directores del Departamento de Derecho que me han abierto las puertas y brindado su apoyo: empecé con el Dr. José Ramón Cossío, posteriormente con el Dr. José Roldán Xopa y ahora bajo el liderazgo del Dr. Jorge Cerdio. A los tres mi agradecimiento por darme esta maravillosa oportunidad.

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Diálogo con el Rector de la LSE

Diálogo con el Rector de la LSE

Ayer tuve el privilegio de sostener un digo bilateral con el Rector de la London School of Economics and Political Science (LSE), Dr. Craig Calhoun. Fue una conversación muy interesante. Uno de los temas claves sobre los que giró la conversación fue sobre cómo impactarán las recientes reformas estructurales en materia de competencia económica, regulación y bienestar de los consumidores. Asimismo, tenía un gran interés sobre el nivel de la educación superior en México, la conformación de alianzas y redes educativas y su vinculación con la oferta laboral. Aquí les comparto el resumen de la conversación