Constitución CDMX y Mercado

El Proyecto de Constitución para la Ciudad de México fue difundido hace poco días. Sin duda, es un texto que parece más una pieza retórica, que lo que busca ser la norma suprema de la Capital. Sus normas son más de carácter programático y teleológico, que jurídico. Además, tiene contenidos explícitamente ideológicos. El desarrollo de los temas es pobre, y en muchos casos, parece desconocer que existen temas ya claramente desarrollados por la Constitución General y tratados internacionales.

De manera específica, me preocupa el apartado económico, que tiene múltiples deficiencias y sobre todo, genera protecciones especiales a ciertas categorías, como son el caso de los comerciantes informales, a quienes les brinda garantías superiores a las que tienen los establecimientos formales. Si la Constitución CDMX no cuida estos aspectos, muy posiblemente se genere desconfianza de inversionistas en esta Capital y busquen otras localidades más seguras. Más allá de estas amenazas, el primer trabajo que debe hacer el constituyente capitalino es simplificar este proyecto churrigueresco. Les comparto mi artículo de hoy en Reforma.

BERNARDO ALTAMIRANO
Constitución CDMX y mercado
 “La simplicidad es la mayor sofisticación”, Leonardo Da Vinci.

Los rezagos estructurales del País son múltiples. Destaco dos que a lo largo de más de 2 siglos no hemos encontrado ni la fórmula ni el enfoque adecuados. Por un lado, nuestra experiencia constitucional es una historia de fracasos, en particular la era posrevolucionaria, en donde en lugar de consolidar una norma suprema que limite el ejercicio del poder en torno a las libertades y el marco de la ley, se ha privilegiado incluir fines políticos e ideológicos que inciden negativamente en el Estado de Derecho, la convivencia cívica, los derechos de propiedad y la cultura de legalidad. Por el otro, la economía es rehén de una herencia de un Estado omnipresente, que confunde la producción y distribución de la riqueza, y que por tanto inhibe avances sustantivos. Si bien el centenario de nuestra Constitución pareciera ser el momento propicio para romper estos rezagos, las señales que da la clase política anticipan que seguiremos en este laberinto sin salida de oportunidades perdidas.

Esta premonición surgió al revisar el Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, el cual reincide en los vicios descritos, en particular el capítulo denominado “Ciudad Productiva”, el cual contiene los pilares económicos que determinarán las relaciones entre Gobierno y mercado. El objetivo consiste en arribar “al progreso distributivo y al bienestar social”. Asimismo, reconoce que “toda persona tiene el derecho individual y colectivo a participar, contribuir y disfrutar de una economía que tenga por objeto el bienestar, la redistribución de la riqueza y la sostenibilidad social y ambiental”. Remata: “Esta Constitución reconoce la actividad económica como un bien de interés público que debe ser tutelado. Las autoridades proveerán lo necesario para que los emprendimientos económicos sean objeto de la protección y acompañamiento institucional”. Estos planteamientos son el preámbulo para leyes y reglamentos que serán emitidos con amplios márgenes de discrecionalidad en cuanto a la interpretación de dichos objetivos. En pocas palabras, es una Rectoría Económica del Estado recargada y amplificada.

Por otro lado, el Proyecto enmarca aspectos como los derechos de las “personas trabajadoras no asalariadas, autónomas o por cuenta propia”, el “derecho humano al trabajo” y reconoce derechos específicos a los vendedores ambulantes, para “desempeñar sus actividades y oficios en los espacios públicos de la ciudad… a la certeza jurídica, la seguridad física y la no represión” y prohíbe “toda forma de confiscación de sus productos”. Es incomprensible cómo genera un nivel de protección superior a esta modalidad comercial por encima de la de los establecimientos formales. Además, el riesgo de estos modelos institucionales es que quedan vulnerables ante conflictos en tribunales las “olvidadas”. Por último, el Proyecto contempla una serie de principios para proteger a “personas consumidoras y usuarias”, el primer paso para descentralizar funciones en materia de protección al consumidor y observar cómo el Tribunal Constitucional previsto dirime conflictos de esta naturaleza.

El espíritu del Proyecto destaca por su complejidad en su entendimiento, aplicación y cumplimiento. Urge depurar el contenido, particularmente en el terreno económico, donde como recuerda Hayek, el desarrollo y crecimiento de negocios es más fértil en el sistema de common law que en el napoleónico, como el nuestro. Así que conviene flexibilizar y simplificar los contenidos económicos del Proyecto y promover el desenvolvimiento de los agentes económicos y el fortalecimiento de eficaces tribunales. Además, la carga considerada en el capítulo de Carta de Derechos, es enorme, y los retos fiscales que enfrentamos como Nación evidencian que ya no podemos sostenernos ni ser viables con viejas fórmulas, sino mediante la generación de riqueza a partir de condiciones de competencia y seguridad jurídica, lo que pueda generar recursos para políticas redistributivas. Finalmente, es importante que el constituyente recuerde el diagnóstico de Agustín Basave -ex presidente del PRD-, quien indica que en México se crean normas alejadas de la realidad y muy complejas que propician la corrupción y que la mejor amiga de la legalidad es la sencillez.

Procuración de justicia, watchdogs y satisfacción del consumidor: experiencia de un modelo colaborativo

Nuestro sistema de justicia no termina de generar la confianza y resultados que exigimos los ciudadanos. Todavía parece lejano el día en el que veremos la armonía entre el respeto al debido proceso y la eficacia de las investigaciones y resoluciones. Todo esto afecta nuestra percepción sobre la justicia y sobre el papel de policías, investigadores y juzgadores. Las discusiones sobre la justicia cotidiana no desencadenaron cambios notables, ni ajustes en las prácticas, que es donde, como lo comentaré, tenemos que avanzar mucho. Esta situación se explica por nuestro marco e incentivos institucionales que han construido una muy débil cultura de la legalidad y de justicia. Otro factor clave que se encuentra en el origen de esta situación, es el largo período autoritario, centralista y de corrupción por el que México atravesó, en donde, por un lado, las autoridades demostraban su “eficacia” por encima del respeto de derechos humanos y legalidad, en donde lo importante no era hacer justicia, sino encontrar culpables; por el otro, los ciudadanos nunca han desarrollado canales confiables de denuncia a las autoridades, sin que esto implique un riesgo a su propia integridad y seguridad. Este círculo vicioso tiene que empezar a detenerse con medidas muy concretas y medibles. Veamos el caso de cómo se construye justicia en el ámbito de consumidores con nuestros vecinos del norte y que he podido constatar en el marco de mi programa de Eisenhower Fellows, así como al apoyo incondicional de mis colegas de diferentes oficinas de Better Business Bureau (BBB) en Chicago, Saint Louis, Austin y San Diego, así como del Consejo de las BBBs.

Como lo comentamos en una anterior entrega, existen agencias que se especializan en proteger la seguridad de los consumidores al adquirir o utilizar sus productos de consumo (CPSC) o para evitar prácticas monopólicas, inequitativas o engañosas que afecten a la competencia o a los consumidores directamente (FTC). El principio y racionalidad de estos reguladores parte de que a ellos les corresponde aplicar el marco legal que diseñó el Congreso, y complementarlo con medidas regulatorias adecuadas y proporcionales. Aceptan sus limitaciones presupuestarias y de recursos humanos, pero sobre todo, que en el marco de un esquema federal, corresponde a los estados y municipios, colaborar en un esquema de competencias colaborativas en las que entre más cercana y local sea la procuración de justicia en materia de mercado y comercial, mejores resultados se obtienen, con mayor sensibilidad y claridad. Esta visión entonces admite la colaboración entre federación y estados, lo cual pude corroborar directamente en reuniones y testimonios que tuve con la Procuradora General de Illinois, Lisa Madigan, y su staff; el Jefe de la División de Protección a los Consumidores,  Dave Talbot, y el Jefe Adjunto, Paul Singer, ambos de la Oficina del Procurador General de Texas; así como la Jefa de Protección de los Consumidores, Kathryn Turner, y el Abogado Senior, Dave McKean, de la Oficina del Procurador Distrital de San Diego.

Cabe recordar que a diferencia de lo que existe en México, en EUA no existe una Profeco como tal, ni ninguna autoridad que centralice la protección de los consumidores, ni la investigación de ilícitos por parte de los negocios. De ahí que lo que quedó manifiesto en estas reuniones fue que las autoridades locales tienen un papel clave en defender los derechos de los consumidores y perseguir las prácticas que atentan contra la legalidad en el mercado. Lo hacen mediante mediaciones, pero también mediante la persecución y enjuiciamiento de quien viola la ley. Además existe otro factor fundamental: recordemos que la gran mayoría de los titulares de estas agencias de procuración de justicia son electos democráticamente por sus comunidades. Esto es un elemento que genera mayor compromiso y visibilidad a la agenda de protección al consumidor, pues representa un espacio de comunicación y confianza relevante para una posible reelección. Sin duda, los consumidores amplían su satisfacción con este modelo, pero también los negocios, quienes esperan que sus autoridades se desenvuelvan en el respeto al debido proceso y con apego a la legalidad. Sin duda, federalismo y legitimidad democrática contribuyen a construir mejores resultados.

Estas agencias no trabajan solas. Cuentan con la colaboración de diferentes organizaciones ciudadanas. El caso más relevante es el de la BBB, quien contribuye con dos funciones clave en este proceso (sin contar con el gran valor que aportan sus medidas informativas, como las reseñas de negocio o el promover mejores prácticas comerciales, mediante la acreditación de negocios). La primer función consiste en mediar entre consumidores insatisfechos con la empresa proveedora del bien o servicio. Esto tiene un gran dinamismo, pues en los últimos años, en promedio las oficinas de BBB en Norteamérica han mediado y resuelto conflictos en casi 1 millón de casos al año. Por estas razones es que uno de los puntos más importantes del Código de Mejores Prácticas de la BBB y que es clave para que un negocio amerite tener nuestro sello de confianza, sea el de: responder. Esto significa que quienes presentan nuestro sello tienen la obligación de atender y responder todas las quejas que presentan los consumidores, pues de lo contrario pueden ser desacreditados. En efecto, siempre puede haber un conflicto, pero lo importante es tener el compromiso de responder y buscar una solución, no esconderse.

La segunda función clave de la BBB en la materia es la de investigación y denuncia, con lo que se convierte en un watchdog estratégico para vigilar que los agentes de mercado se comporten de una manera ética y legal, y tener una perspectiva de largo plazo respecto del comportamiento y performance de los negocios. Esto es un gran valor. El trabajo de investigación de las BBB es fundamental, pues mediante el monitoreo permanente y el recibir quejas de los consumidores, revisan y constatan negocios, informan sobre quienes son o no confiables, mediante las reseñas de negocios y alertan a los consumidores para evitar caer en fraudes o ilegalidades. Esta tarea es de gran valor y reconocimiento social, pues ayudan a poner la atención de las autoridades sobre casos que tal vez sean de una cuantía menor o de gran valor económico, y con esto a que el ciudadano/consumidor se sienta escuchado, atendido y su problema reparado. Este trabajo confirma la naturaleza de que BBB es una organización sin fines de lucro, mediante la construcción de confianza de caso por caso -brindando satisfacción a consumidores-, con lo que se contribuye a esa efectiva justicia cotidiana.

Por último, dado que la BBB tiene más de 100 años en EUA y sus aportaciones han sido muy valiosas, las autoridades reconocen su utilidad y de esta manera, en todas las ciudades que describo, existe una “Fuerza de trabajo de protección a los consumidores”, que encabeza cada BBB, y en la que participan las agencias de procuración de justicia, la policía local, FBI, FTC y otras autoridades, con quienes se presentan y revisan los principales casos de abusos, ilegalidades y fraudes. Así, se crea todo un sistema colaborativo de protección, de promoción de buenos negocios, y de legalidad.

De esta manera, una procuración de justicia federalista y democrática, organizaciones sociales que coadyuvan con investigaciones, denuncias y solución de controversias, así como mecanismos interinstitucionales generan un modelo colaborativo que protege a los consumidores y fomenta las buenas prácticas comerciales, lo cual ha sido sin duda uno de los ejes que ha permitido que la economía de EUA se desarrolle de manera tan ágil, dinámica y con fundamento en la confianza. Sin duda en México elementos de este modelo pueden ser de gran utilidad, no sólo para el ámbito de mercado, sino para cualquiera en el que tengamos déficit en nuestra justicia cotidiana.

¿Quién cuida la salud de los consumidores?

Mañana se celebra el Día Internacional del Consumidor. En este espacio hemos escrito ampliamente sobre los orígenes del festejo, y sobre los puntos que permiten integrar una nueva agenda en la materia, tanto en lo que corresponde a la industria privada, como en el terreno de servicios públicos. Así, los temas abordados han centrado su atención en la Cofece y la Profeco, siendo que las políticas a favor de la competencia y de los consumidores convergen y se complementan.

Este año para conmemorar el Día Internacional del Consumidor me enfoco en una de las principales agencias mexicanas en la materia que se ocupa de evitar que seamos perjudicados por riesgos sanitarios. Se trata de la Cofepris, quien avanza en ampliar sus competencias en los mercados de productos y servicios que pueden afectar nuestra salud: alimentos, bebidas, suplementos alimenticios, medicamentos, hospitales, donaciones de órganos, pesticidas y un largo etcétera. De ahí que resulta fundamental estudiar a fondo esta institución, para ir identificando cómo contribuir a que cumpla con sus metas de la manera más eficiente posible. Les comparto mi colaboración que publica hoy Reforma Negocios: El Día del Consumidor… y su salud.

BERNARDO ALTAMIRANO RODRÍGUEZ
Día del consumidor… y su salud
Las políticas y acciones que inciden en el bienestar y derechos de los consumidores se desarrollan desde diferentes frentes. Por un lado, tenemos dos agencias -Profeco y Cofece- cuyas amplias funciones convergen y se complementan. Por el otro, se han venido dotando competencias a instancias que cumplen con tareas más especializadas, como el IFT, la CRE o Conapred. Asimismo, vemos al Congreso y al Poder Judicial más activos, así como más y mejores organizaciones ciudadanas. En este concierto es importante recordar dos momentos históricos clave que impulsaron el movimiento de protección de los consumidores en EU por las graves afectaciones a la salud de estos -incluso la muerte-: las crisis del elíxir de la sulfanilamida (1937) y el de la talidomida (1962). Estos trágicos acontecimientos generaron una exigencia social por un mayor control en la industria de fármacos y dieron pauta a la creación de una agencia especializada para regular y prevenir riesgos sanitarios. Se trata de la Food and Drug Administration (FDA), quien gradualmente fue extendiendo sus funciones a otros terrenos.

En México, el equivalente de esta agencia es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que, a pesar de su juventud (2001), comienza a consolidar su valor social y económico ante consumidores e industria. Sus amplísimas funciones inciden en aspectos tan cotidianos como los alimentos, bebidas, suplementos alimenticios y medicamentos que tenemos en nuestros hogares; los cosméticos que usamos a diario; así como el control sanitario de la publicidad de todos los anteriores. También abarca temas de gran relevancia en materia de salud, tanto preventiva, como en el tratamiento de enfermedades, mediante la vigilancia de los establecimientos de salud, de ahí que con frecuencia se conoce de su trabajo contra las clínicas “patito”. Asimismo, desarrolla una constante batalla contra los productos milagro o contra la venta de alcohol ilegal, en donde rompió récord en 2015 al haber hecho decomisos sin precedentes. Éstas últimas funciones son las que parecen restringir la imagen de la Cofepris a una policía sanitaria, pero son sólo algunas de entre una gran variedad.

Resulta interesante observar cómo a pesar de su creciente protagonismo, existe escasa literatura sobre esta institución, así como sobre la racionalidad de la regulación contra riesgos sanitarios. Al respecto, una reciente publicación de Central Ciudadano y Consumidor recuerda que el fundamento de esta tarea se encuentra en el Artículo Cuarto Constitucional, que indica que “toda persona tiene derecho a la protección a la salud”. Sin embargo, garantizar este derecho debe hacerse de una manera armónica con otros principios básicos de la misma Constitución, en donde el Estado al regular propicie la competitividad y competencia en el mercado, para que los consumidores podamos disfrutar del acceso a productos y servicios bajo su control. De esta manera, la regulación debe ser proporcional al grado de riesgo sanitario que implica la actividad industrial, para que la reducción de riesgos no inhiba el robustecimiento de mercados, ni genere precios inaccesibles. Asimismo, la regulación no debe generar cargas desproporcionadas a la industria que sólo aumenten burocracia o trámites. Así, el arte consiste en encontrar el equilibrio entre las medidas de control y protección, con el adecuado y eficiente funcionamiento de los mercados.

Esta función regulatoria se vuelve más compleja de diseñar y ejecutar en un país con profundas divisiones sociales y económicas, y en donde prevalecen múltiples retos en materia de cumplimiento de la ley, informalidad y corrupción. Por un lado, los consumidores enfrentan diferentes niveles de riesgos sanitarios dependiendo de su entorno socioeconómico, incluso al adquirir productos o servicios de la misma categoría. Por el otro, en lo industrial, vemos un sector que avanza en competitividad, procesos industriales, innovación, mientras otro que se queda rezagado, alejado de la tecnología y con productividad decreciente. Esta realidad representa un gran desafío en la generación de instrumentos regulatorios y exige un entendimiento de nuestras diferencias sociales e industriales.

En todo este panorama vemos señales de una institución que se consolida, en parte gracias a un período de estabilidad, en donde por más de 5 años su extitular Mikel Arriola dio buenos resultados. De ahí el acierto en el nombramiento del nuevo titular, Julio Sánchez y Tépoz, quien por su previa experiencia en Profeco, Cofeco y la misma Cofepris, anticipa que desarrollará una visión integral. Esta estabilidad da resultados, permite enfocar mejor los programas y presupuestos, y contribuye a una mejor evaluación y rendición de cuentas. De ahí que incluso sería conveniente que el Congreso pudiera definir la duración del mandato del titular de Cofepris y demás comisionados. Sin duda existen retos enormes, pero en este Día Internacional del Consumidor tenemos razones para reconocer a una institución que avanza en cumplir sus funciones de bienestar social y de desarrollo económico.

 

 

Los maestros… y alumnos.

En este Día del Maestro tengo una doble razón para festejar y disfrutar. Por un lado, continuar con la confianza del ITAM, quien desde hace diez años me ha dado la oportunidad de dialogar, reflexionar, debatir y aprender de sus alumnos. En este semestre impartí el segundo curso sobre “La Empresa ante la Regulación, la Competencia y los Consumidores”. Gracias a los alumnos por enriquecer el contenido y el análisis y por, en esta ocasión, haber tenido que madrugar para clase de 7:00 am. Juntos revisamos las principales razones por las que el Estado limita o restringe las libertades económicas, y en particular la empresarial, por razones de tutelar la competencia económica o derechos de los consumidores. Asimismo, presentaron 7 casos de de gran relevancia y actualidad, en donde existen conflictos en materia de normas técnicas, publicidad, contratos de adhesión, tutela de la competencia, concentraciones, mercados regulados (PEMEX o aeronáutica), incluso el tema Google. Agradezco a una de las mejores abogadas en materia de competencia económica, Laura Méndez, que me haya hecho favor de acompañar en este curso para brindarles el capítulo respectivo de una manera dinámica y atractiva.

“La Empresa ante la Regulación, la Competencia y los Consumidores. ITAM, mayo 2015.

Por el otro lado, este semestre tuve la muy grata experiencia de ser profesor de asignatura en la UNAM. Gracias a la Dra. Issa Luna Pla, di el curso sobre “Régimen Jurídica de la Publicidad”, a alumnos de la Licenciatura de Comunicación, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Gracias a un grupo de gran talento y compromiso, no solo estudiamos los principales aspectos de la regulación comercial, sanitaria y financiera que incide en la publicidad. Además, analizamos cerca de 40 casos en los que las autoridades han sancionado productos publicitarios por ser ilegales, abusivos o engañosos. El análisis de estos casos es de gran importancia para entender qué tipo de empresas son realmente abusivas y engañan intencionalmente, y cuáles buscan corregir y enmendar sus afirmaciones publicitarias. Agradezco a Jorge Paz Arellano, quien me acompañó en este curso y con su gran experiencia en derecho de la información, contribuyó a encontrar la información pública adecuada para el análisis y discusión de los casos.

Régimen Jurídico de la Publicidad. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, mayo 2015.

Régimen Jurídico de la Publicidad. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, mayo 2015.

Refundar los Servicios Públicos

Vivimos días de polarización. Nuestra clase política se ha preocupado más por dividir a la sociedad, que en construir un centro robusto que nos convoque a todos a involucrarnos en el diseño del futuro de este País. Esta división se profundiza en la medida que crecen las evidencias de políticos corruptos que se benefician de “moches” de presupuestos públicos (financiados con nuestros impuestos) o que otorgan contratos públicos y licitaciones a sus amigos, socios o familiares, en condiciones de ilegalidad, pulverizando la confianza en las instituciones públicas. Uno de los temas transversales que evidencian esta situación es el de los servicios públicos. ¿Les suena el fraude multimillonario de la Línea 12 del metro? ¿El transporte público urbano es digno y compatible con el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México -que prevé convertirse en el 3ero a nivel mundial? ¿Nuestros servicios públicos de salud están a la altura de las prestaciones que tienen los altos funcionarios y líderes sindicales del sector? Así podríamos seguirnos con una amplia lista de ejemplos.

Tenemos que ubicar a los servicios públicos en el centro del debate nacional y que estos sean el espacio para convocar a todos los sectores –público, privado y social- a trabajar en torno a la transformación que necesitamos. Trabajar en los servicios públicos es trabajar en nosotros mismos. Es la mejor forma de invertir recursos y de activar la economía. Además, tenemos que fomentar una efectiva cultura de servicio. Si conseguimos elevar los estándares y parámetros de los servicios públicos, podremos rápidamente elevar la calidad de muchos otros mercados y servicios que brindan los particulares. Y es que la mala imagen y calidad de nuestros servicios es el parámetro con el cual se desempeñan muchos profesionistas en México y lo que propicia la cultura del “ahí se va”.

Aquí les comparto mi colaboración en Reforma Negocios. ¡Felices fiestas!

 

 

BERNARDO ALTAMIRANO

Refundar los servicios públicos

Los servicios públicos de nuestro País atraviesan una profunda crisis de desconfianza que abre la oportunidad para romper paradigmas y detonar una refundación de estos, mediante la colaboración entre Estado, empresa y consumidores, lo cual sería la fórmula idónea para fortalecer el sentido de comunidad y superar la fractura social que atravesamos. Y es que si bien llevamos años discutiendo el mejor diseño sobre cómo proveer estos servicios, en la realidad estamos muy lejos de los niveles que demanda la sociedad. Los mejores ejemplos son los casos de seguridad y educación públicas, siendo este último ámbito una muestra sobre la complejidad que implica definir estándares de calidad, y donde el mismo responsable de brindar este servicio es quien ha encabezado fuertes reacciones al respecto. ¡Vaya paradoja!

Por estas razones es que se requiere ampliar el debate sobre estos servicios. Revisemos algunos casos, como el del transporte público en el Valle de México. Según el Inegi, existen 14.8 millones de viajes diarios, de los cuales el 64.5 por ciento son en colectivo, el 16.4 por ciento en taxi y el 8.2 por ciento en Metro. En cuanto a la calidad de servicio, una encuesta elaborada por GCE revela que los usuarios califican como el peor servicio a los colectivos (54.3 por ciento) y después a los taxis (3.8 por ciento). Asimismo, los encuestados señalan que los conductores incurren en múltiples faltas, como ir a exceso de velocidad o no respetar los semáforos. En este sentido, tenemos servicios de baja calidad, que además son los primeros en violentar el orden público y contribuir al caos vial. Esto evidencia que el debate sobre Uber es solo la punta del iceberg y que requiere extenderse a otros servicios para identificar cómo ampliar la satisfacción de millones de usuarios del transporte público.

En segundo lugar, recordemos el debate sobre el IEPS de bebidas y alimentos de alto contenido calórico con el objeto de fomentar el consumo de agua potable y construir bebederos en escuelas de todo el País (objetivo todavía no cumplido). Las cifras del Inegi nos muestran que en el País sólo el 26 por ciento de la población piensa que el agua en su ciudad es potable (bebible sin temor a enfermarse). Por otro lado, se recomienda activarse físicamente, pero sólo el 39 por ciento de los mexicanos piensa que los parques y espacios públicos son suficientemente seguros. Estos datos evidencian a gobernantes que al diagnosticar problemas y proponer soluciones omiten una autoevaluación objetiva sobre la eficacia de sus servicios y programas, y trasladan los costos a la sociedad.

Un tercer caso es el de electricidad, en donde consumidores y empresas cuestionan permanentemente la calidad, precios y atención del servicio de CFE. Ahora esta empresa tiene un nuevo marco jurídico y una directiva más moderna, que tiene el gran reto de innovar en mecanismos de atención al consumidor y por supuesto ahora tendrá que competir con otras empresas. Aquí hay mucho por hacer, como cambiar un contrato de adhesión de los años 70, en propiciar mejores estándares, calidad y precios para los usuarios. Es la gran oportunidad para la CFE de reposicionarse frente a los consumidores.

Los puntos anteriores son sólo una muestra de cómo en México hemos diseñado servicios públicos que no generan una cultura de servicio a favor del usuario, no existe claridad ni exigibilidad de los derechos y no se abren de manera cierta las puertas a la inversión privada y social. Y es que llevamos décadas de presupuestos públicos abultados y de raquítica satisfacción de sus consumidores, en donde parece que los únicos satisfechos son políticos, burocracias, organizaciones clientelares y quienes ganan dudosas licitaciones, todo esto en el marco de una corrupción escalofriante. Por esto debe revisarse a fondo la filosofía y visión de estos servicios para que la labor política se dignifique y transite de una praxis de búsqueda del poder y de rentas económicas, a una que impulse una efectiva cultura del servicio público. Esto implica refundar los servicios públicos a partir de estándares de calidad y excelencia, presupuestos eficientes, contratos transparentes y equitativos y que incorpore elementos de mercado y de colaboración. Lo anterior sería una forma clara de ponernos todos a trabajar en la reconstrucción de confianza y comunidad que tanto necesitamos, para estar orgullosos de nuestros servicios públicos y lograr que nuestra referencia sea el Metrobús y no el del recogedor de basura que te “exige” la propina.

Miscelánea: Lo planteado por el Presidente de la República sobre el desarrollo de observatorios para evitar y combatir la corrupción será útil en el ámbito de los servicios públicos, así como en la construcción del nuevo aeropuerto y en licitaciones del sector energético.

@beraltamirano

La regulación desde lo local

BA34CNMR

 

La semana pasada participé en la 34 Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria, gracias a la invitación del titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), Mtro. Virgilio Andrade. En este foro se reúnen las principales autoridades reguladoras de estados y municipios, con el objetivo de identificar cuáles son las mejores prácticas de regulación local, diseñar agendas y coaliciones, así como para promover el espíritu del emprendedurismo. Son semillas importantes que buscan formar cuadros profesionales en la materia.

Tuve la oportunidad de moderar una mesa muy interesante en la que participaron el Dr. Benjamín Contreras, Comisionado de Competencia Económica, y el Dr. Sergio López Ayllón, Director General del CIDE. Durante el diálogo se analizaron las principales medidas que se han tomado a nivel de la COFECE para construir alianzas y coaliciones con agentes económicos locales y así promover una mejor regulación. Por supuesto que se revisaron cuáles son los principales obstáculos presentes que desde lo local atentan contra las recientes reformas, tanto en competencia económica, como el caso de la reforma energética. Al respecto habrá que estar muy atentos para evitar que medidas regulatorias locales atenten contra la Constitución y contra la certidumbre jurídica que requieren la instrumentación de las recientes reformas. Asimismo, se comentó la complejidad que implica que la COFECE observe y vigile el desarrollo de licitaciones y contratos públicos en lo local, que sin lugar a dudas, en muchos casos atentan contra los principios más elementales de competencia económica.

Regulación, verificación y cumplimiento.

Uno de los graves problemas que enfrenta nuestro país es la débil cultura de la legalidad. Sin duda alguna, este problema tiene efectos en múltiples ámbitos, como seguridad pública, formalidad, civilidad, tránsito, y por supuesto en el mercado. En este ámbito, tenemos que propiciar una revisión a fondo de la regulación económica que emite el Estado, así como de los instrumentos de verificación que éste dispone para revisar su cumplimiento. Por un lado, se implementan regulaciones de enorme complejidad y por el otro lado se cuenta con autoridades verificadoras que no cuentan con los instrumentos ni visión clara para revisar ese cumplimiento. Esto desemboca en medidas autoritarias y discrecionales, que reducen y merman la libertad empresarial y que no generan ningún beneficio social. Urge revisar esta situación y hacer cambios de fondo y forma y dirigirnos a un camino de la simplicidad. Les comparto mi columna de Reforma Negocios. Gracias por sus comentarios.

 

BERNARDO ALTAMIRANO RODRÍGUEZ

Regulación, verificación y cumplimiento

México ocupa dentro de la OCDE el nada honroso tercer lugar en mayor número de restricciones regulatorias a la economía. Esto contribuye a ubicarnos como el lugar 91 dentro de la lista del Instituto Fraser en materia de libertad empresarial. Las regulaciones merman esa libertad, ya sea desde trámites, permisos o costosos mecanismos de cumplimiento. Este último aspecto es fundamental, pues las regulaciones deben justificar su existencia a partir de razones sociales o económicas y debe revisarse que sus beneficios sean superiores a sus costos. Sin esta base, las regulaciones sólo empoderan ventanillas burocráticas, evidencian ingobernabilidad por falta de cumplimiento o se corrompen en la etapa de verificación -instrumento del que dispone la autoridad para revisar el cumplimiento y, en su caso, sancionar al infractor-.

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Entrevista en “El Mundo del Abogado” con el Dr. Xavier Ginebra.

Les comparto la entrevista que me hizo el Dr. Xavier Ginebra, jurista que admiro y aprecio, y que publica este mes El Mundo del Abogado: “Debemos empoderar a los consumidores”. Como podrán observar, en dicho diálogo, reitero que la regulación económica debe tutelar y promover la competencia económica, libre concurrencia y por supuesto el bienestar de los consumidores. De manera complementaria existen otros bienes jurídicos tutelados, como pueden ser medio ambiente, derechos sociales, protección civil, etc. Quienes no tengan esta justificación, deben desaparecer pues solo empoderan a la ventanilla burocrática, no generar ningún bienestar social ni económico y limitan la libertad empresarial.

Con esta base es que es muy importante tener un panorama muy completo de las implicaciones de las nuevas reglas del juego en lo económico, principalmente en materia de competencia, telecomunicaciones y energía. Es una oportunidad para estrechar criterios y mecanismos de aplicación, que permitan una nueva relación entre reguladores y regulados. De ahí que la academia y la formación cobran un papel muy relevante. Por eso les recuerdo una doble invitación:

  1. Para el Seminario de Regulación: Retos y Oportunidades, que se celebrará en el ITAM el próximo 12 de septiembre y que contará con la participación de las cabezas de las principales agencias de regulación: COFEMER, COFECE, IFT, CRE, CNH, entre otros.
  2. El Posgrado en Regulación, que arranca el 2 de octubre en el ITAM y que cuenta con un panel de profesores de primer nivel, con amplia.

Como lo mencioné en mi reciente artículo “¿Hacia una Nueva Era?”, nuestro país requiere nuevos cuadros profesionales, abogados, economistas, politólogos, etc., que vean el desarrollo regulatorio como una oportunidad para ser más competitivos, no para obstaculizar las relaciones comerciales.

Seminario de Regulación: Retos y Perspectivas. ¡No faltes!

En los recientes meses, México ha atravesado profundas reformas estructurales, principalmente en tres ámbitos: competencia económica, telecomunicaciones y energía. Es la gran oportunidad de alinear incentivos y reglas del juego. De ahí que resulta fundamental hablar sobre cómo este nuevo marco regulatorio se interpretará, aplicará, incentivará inversiones, fortalecerá la competencia y legalidad.

Por estas razones es que la Asociación de Exalumnos del ITAM les invita al Seminario de Regulación: Retos y Perspectivas, en donde se sostendrán diálogos dinámicos y profundos con quienes toman decisiones en las agencias reguladoras:

  1. Ildelfonso Guajardo (Secretario de Economía) dará inicio con la conferencia magistral: El Estado, la gobernanza democrática de la regulación y la confianza en los mercados.
  2. Virgilio Andrade (Titular Comisión Federal de Mejora Regulatoria – COFEMER), Víctor Pavón (Director General de Oxford Economics) y Bernardo Altamirano (Coordinador Especialidad de Regulación del ITAM), conversarán sobre cómo generar un orden y coordinación normativa en la regulación secundaria, cuáles son las precauciones a seguir, y cómo establecer una relación transparente e incluyente con el sector industrial y los grupos de interés.
  3. Alejandra Palacios (Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica) y Verónica Malo (Centro de Estudios Espinosa Yglesias-CEEY) conversarán con Carlos Mota (El Financiero-Bloomberg) sobre cuáles serán los ángulos de aplicación de la nueva legislación de competencia económica, así como aquellos sectores prioritarios para impulsar mayor competencia y libre concurrencia.
  4. Gabriel Contreras Saldívar (Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones) y el Federico José González Luna Bueno, (Presidente de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados), platicarán con Alfonso Carballo (Consultor y Extitular de COFEMER), sobre el espíritu de las reformas en telecom, radio y televisión, alcance de las mismas, y los principales retos en su aplicación.
  5. Guillermo Zúñiga Martínez (Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía-CRE) y Guillermo Domínguez (Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos), platicarán con  Luis Serra  Barragán, (Director de Proyectos del CIDAC) sobre la nueva regulación para el sector energético, tanto la que enmarcará las condiciones de participación, competencia y consumidores, como las relativas a las nuevas modalidades de contrataciones y licitaciones.

El Seminario busca esclarecer dudas e inquietudes, por lo que también te invito a que prepares tus preguntas y comentarios. Asistir les permitirá tener una visión muy concreta de los inminentes retos, identificar temas interesantes y enfocar estrategias de sus despachos y/o clientes, entre varios aspectos. Si te interesan estos temas, ya sea desde la academia, la empresa, servicio público, consultorías y despachos, será de gran utilidad asistir para tener claros los retos y perspectivas.

Por estas razones es que te invitamos a que aproveches este espacio. El evento será el 12 de septiembre en el ITAM a partir de las 8:30 hrs. y por supuesto que pueden extender esta convocatoria a más colegas. Presiona aquí para el registro. Cupo limitado. Cualquier duda o inquietud, estamos a sus órdenes. (Pueden ocurrir cambios al programa sin previo aviso)

Atentamente,

Ana María León                                                Bernardo Altamirano

Presidenta de la Asociación                         Coordinador Seminario

de Exalumnos del ITAM

 

México D. F., septiembre 2014.

Día del Maestro

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Tuve la fortuna de pertenecer a una familia en la que había una maestra: mi mamá. Por eso, para mi hablar de maestros implica conjuntar una gran variedad de sentimientos y recuerdos.

El término maestro es relativo, pues solo se entiende en la relación entre éste con un conjunto de alumnos. Hoy tengo la oportunidad de hablar de los dos lados de esa relación. Por un lado, en tanto alumno, le agradezco a mis queridos profesores de todas las etapas de mi vida. Pero también, en tanto profesor del ITAM tengo mucho que agradecer. Por supuesto a mi alma mater, a los directores del Departamento de Derecho que me han abierto las puertas y brindado su apoyo: empecé con el Dr. José Ramón Cossío, posteriormente con el Dr. José Roldán Xopa y ahora bajo el liderazgo del Dr. Jorge Cerdio. A los tres mi agradecimiento por darme esta maravillosa oportunidad.

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El Péndulo Regulatorio

En los últimos meses hemos vivido cambios profundos a nuestro marco regulatorio, que modifican sustancialmente las relaciones entre Estado y mercado. Si bien es fundamental conocer el detalle técnico de cada regulación (competencia económica, telecomunicaciones y energía), también resulta indispensable plantearnos preguntas de fondo, que nos permitan entender la evolución de nuestras instituciones económicas, identificar errores y aciertos y sobre todo, perfilar una política regulatoria ordenada y sistémica, en la que se puedan articular los bienes jurídicos tutelados de la competencia económica, competitividad, crecimiento y por supuesto el bienestar y derechos de los consumidores. Les comparto mi colaboración de hoy en Reforma. Buen inicio de semana a tod@s.

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Regulación democrática

Hace un par de semanas participé en el programa “Derechos en Pugna”, que conduce Hugo Concha, quien es mi colega en el ITAM. Como invitados estuvimos el titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), Virgilio Andrade y su servidor. Estuvimos reflexionando sobre el valor de ordenar la regulación en nuestro país, y en lo particular de hacerlo en torno a los principios de libertades, competencia económica y derechos básicos de los consumidores. Les comparto aquí el video.

Hacia una Regulación Democrática

Las recientes reformas del Pacto por México definieron un paraguas sobre el cual se definirán regulaciones de competencia, telecomunicaciones y energéticas muy complejas, tanto desde el punto de vista técnico-jurídico, como social. Es muy importante esta oportunidad para ordenar la racionalidad de nuestras regulaciones, hacerlas lo más simples posibles y hacer que éstas representen el interés público y efectivamente sean cumplidas por todas las partes. De ahí que es conveniente hablar de una “Regulación Democrática”, no sólo en cuanto a su origen, proceso y motivación, sino a que impulse una nueva educación moderna, que permita nos haga internalizar la competencia económica como parte de nuestra vida diaria.

Aquí les dejo el link para el Periódico Reforma y además el texto íntegro. Bienvenidos sus comentarios.

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